Conmoción social, incertidumbre electoral por pobreza de opciones y nubarrones militares oscurecen el futuro político de
Brasil después que el Supremo Tribunal Federal (STF) le abriera las puertas de la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva, fracturando su esperanza de volver a la presidencia. Lula deberá comenzar a cumplir este viernes la condena de prisión de 12 años que le fue impuesta por casos de
corrupción, luego de que el tribunal de segunda instancia diera por terminado el proceso al rechazar los últimos argumentos presentados por la
defensa. Con el fallo confirmado, el juez Sérgio Moro, paladín del combate a la generalizada corrupción en el sistema político, fijó la hora 17 de este viernes como plazo límite para que Lula se presente ante las autoridades para comenzar a cumplir su pena, que podrá ser las entre rejas o en prisión domiciliaria.
Corre por otros carriles el destino electoral del hombre que gobernó Brasil durante ocho años al frente de su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y que sigue siendo el político con mayor respaldo popular. Le corresponderá a la Justicia electoral frenar su candidatura, lo cual será inevitable con un Lula condenado y encarcelado. Pero la situación plantea un trasfondo inquietante. Con la disposición del arresto por parte de Moro, se agravarán las manifestaciones callejeras y disturbios con que a diario lo respaldan sus partidarios. Eso abre el camino a choques más violentos con la Policía y el Ejército, que ya se ha hecho cargo con dureza de la seguridad pública en Río de Janeiro y otros puntos de conflicto por las tensiones políticas y la delincuencia.
Lula candidato era el probable ganador de la elección presidencial de octubre. Pero con él fuera de carrera, el panorama electoral se torna imprevisible. Los dos postulantes que seguían de lejos a Lula en popularidad –el extremista de derecha Jair Bolsonaro y la ecologista de izquierda Marina Silva– no atraen suficiente respaldo ciudadano. Se habla de una posible candidatura del presidente Michel Temer, el más impopular en la historia de Brasil pero que ha logrado sacar al país de dos años de recesión. Y la mayoría de los políticos de renombre que podrían postularse están bajo el escudriño judicial por conexiones con los escándalos de corrupción que han llevado a la cárcel a dirigentes partidarios, exministros y grandes empresarios.
Y sobre este horizonte de carencias y dudas sobrevuela la ominosa incidencia militar. Quedó en evidencia mientras los 11 jueces del STF se aprestaban a votar sobre Lula. El comandante en jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, les advirtió, de manera implícita pero que no dejó lugar a dudas, que tenían que abrir el camino para que Lula sea encarcelado como "repudio a la impunidad". Varios generales salieron de inmediato a respaldar las declaraciones de su jefe, que fueron denunciadas por miembros del Parlamento y otros dirigentes como amenazas para presionar a los jueces. La realidad es que el Ejército tiene de hecho un papel político en la estructura institucional y que rechaza la posibilidad de que Lula y su PT recuperen el gobierno. Ello es claramente intolerable en una democracia plena, pero la institucionalidad brasileña ha sido gravemente erosionada por la debilidad de los partidos políticos, que viene desde mucho tiempo atrás, y la generalizada corrupción de los últimos 12 años. Habrá que esperar a octubre para ver cómo se desenvuelve esta trama.
