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Corralito mutual: nuevas pautas "no eliminan" intermediación lucrativa
La decisión de reabrir el corralito mutual durante febrero de 2020 no tiene marcha atrás, confirmó este jueves el ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Desde el 1° de febrero hasta el 28 de ese mes los usuarios tendrán la posibilidad de cambiar de prestador de salud sin tener que dar una explicación a las autoridades sanitarias, después de dos períodos en los que –desde febrero de 2017– el gobierno decretó el cierre del corralito mutual por la proliferación de afiliaciones irregulares, de las cuales una treintena terminó en la Justicia.
El ministro reconoció que el sistema de huellas dactilares que los prestadores están obligados a implementar de ahora en más no va a eliminar la posibilidad de cometer intermediación lucrativa, delito que inicialmente motivó el cierre en diciembre de 2017, que consiste en la promesa o entrega de dinero o un beneficio similar a cambio de –en este caso– cambiar de prestador.
Consultado por la prensa, Basso dijo que "el factor humano hace que sea imposible asegurar" que de ahora en más no va a haber afiliaciones irregulares, por lo que las medidas dispuestas por el gobierno contribuirán a "minimizar el impacto" de la intermediación lucrativa, pero "no eliminarla".
"Nadie va a poder decir que fue engañado, todo va a quedar en el historial", señaló Basso en un evento organizado por el Ministerio de Salud Pública para difundir los detalles de la reapertura del corralito mutual prevista.
En diciembre de 2018, el Poder Ejecutivo decidió suspender la apertura del corralito mutual que había anunciado para febrero de 2019 porque no estaban dadas las condiciones para frenar la intermediación lucrativa a partir del sistema. Para explicar esta decisión, el presidente Tabaré Vázquez parafraseó entonces al exmandatario Jorge Batlle y dijo que había "una manga de sinvergüenzas metidos en el medio”.
Entre otras disposiciones, las personas van a tener que ir a sedes validadas para hacer el traspaso de una institución médica a la otra, tendrán que firmar una declaración jurada sosteniendo que nadie les pagó para hacer el cambio, lo que estará respaldado por el historial electrónico del proceso, gracias al sistema More (Movilidad Regulada).
También explicó que las instituciones ahora serán responsables, en caso de que se pruebe la intermediación lucrativa en las nuevas afiliaciones. Esto no fue posible cuando la Justicia procesó a quienes antes de diciembre de 2017 crearon empresas fantasmas para registrar como trabajadores a personas que vivían en asentamientos –a cambio de entre $ 500 y $ 1.000, lo que permitió cobrar las cápitas que los prestadores reciben del Fondo Nacional de Salud por cada usuario.
El nuevo trámite tiene seis pasos. Quienes acudan a las sedes dispuestas antes del 10 de febrero quedarán afiliados a la nueva institución de manera inmediata. En cambio, el registro de quienes hagan el trámite después del 10 de febrero se hará efectivo recién el 1° de marzo. Los horarios de atención están sujetos a la voluntad de cada prestador.
El primer paso es la "autenticación" de los funcionarios habilitados para hacer el trámite, que no son todos los de la institución. Los insumos básicos son cuatro: computadora, cámara web, Dermalog zF1+ (un lector digital de huellas dactilares y cédulas electrónicas) e impresora.
Cada vez que quieran registrar a un nuevo usuario, los funcionarios tienen que sacarse una foto con la cámara web y acreditar su identidad mediante la lectura digital de sus huellas y de su cédula. En minutos el sistema habrá confirmado que la huella contenida dentro de la cédula y la registrada en la institución corresponden a la misma persona, lo que destrabará la posibilidad de hacer una nueva inscripción.
El paso siguiente es la autenticación de la persona que pretende registrarse. El procedimiento es el mismo que cuando se acredita la identidad del funcionario: foto, lectura de sus huellas o de cédula electrónica. Pero si la cédula del usuario no fuera digital, el funcionario tiene que cotejar sus huellas con las del banco de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Si esto no fuera posible, el trabajador tendrá que hacer una "verificación manual" de que esa persona es quien dice ser, corroborando a partir de la imagen de ese registro. También se solicitan datos personales de rigor.
Después de ello, el sistema despliega una ventana que refiere al vínculo que tiene la persona que está haciendo el trámite, lo que condiciona la documentación que hay que presentar. Hay tres opciones. Si el que se quiere cambiar de institución va en representación propia, además de la cédula no es necesario llevar ningún documento en particular.
Si pretenden cambiar a sus hijos, deberán hacer los trámites correspondientes en BPS que prueben la vinculación. Si quieren cambiar a otra persona en condición de apoderado –por ejemplo, a alguien muy mayor o a alguien con movilidad restringida–, tendrán que haber tramitado una carta de poder para la ocasión. Este es un documento avalado por un escribano y firmado por la persona que en teoría quiere migrar de prestador.
Luego, el proceso continúa con la "validación de derechos" y la confirmación del cambio. En esta instancia, el potencial afiliado acepta los términos y firma la declaración jurada antes mencionada, a partir de la que acredita que su cambio fue voluntario y no estuvo motivado por compensaciones de ningún tipo hechas por terceros. El cambio culmina con la entrega de la cartilla de derechos a la casilla de correo y bandeja de mensajes de texto del nuevo usuario.
El MSP prevé que en 2020 haya menos traspasos de institución a institución que otras veces que en febrero quedó habilitada la posibilidad de cambiar de prestador. El ministro Basso además explicó que no va a ser necesario firmar un decreto para que quede habilitado, sino que el decreto firmado en 2011 –que hacía referencia al mes de febrero de cada año– habilita la reapertura del corralito.
