Nuevo plan automotor en Brasil genera dudas en industria local

Ese sector de la industria nacional enfrenta desde hace meses dificultades para poder vender en el mercado norteño. Brasil mantiene vigente el Impuesto sobre los Productos Industrializados (IPI) que dificulta la colocación de la producción uruguaya.

En el marco del programa Innovar-Auto, Brasil elevó en 30 puntos porcentuales el IPI para los vehículos importados. De esa forma, las armadoras brasileñas tienen la posibilidad de descontar ese incremento solo si cumplen con determinadas condiciones, como la compra de autopartes hechas en su país. En cambio, si adquieren piezas extranjeras, entre ellas las uruguayas, no tienen forma de descontar ese gravamen.

Aunque el ingreso a Brasil está garantizado por acuerdo, el problema radica en que las ensambladoras norteñas tienen escaso interés en hacer negocios con los autopartistas locales, que cotizan para proyectos a empezarse en un horizonte de uno, dos o tres años.

Las empresas uruguayas sostienen que Brasil incumple lo acordado a fin de 2015 cuando se pasó de uno régimen compensatorio a uno de libre comercio automotriz.

Por esa vía a partir de enero de 2016 los vehículos fabricados en el vecino del norte dejaron de pagar aranceles para ingresar a Uruguay. Así, el gobierno de Tabaré Vázquez accedió a otorgar ese beneficio a cambio de que las autopartes de fabricación local fueran tratadas como piezas brasileñas. Esa negociación también implicó que Uruguay resignara el cobro de US$ 70 millones por aranceles de unas 26.000 unidades.

A dos años del nuevo acuerdo, los autos fabricados en Brasil siguen entrando libres de aranceles y su participación en el mercado local crece de manera exponencial, pero las autopartes uruguayas siguen gravadas porque el vecino del norte hasta ahora no cumplió con lo que prometió.

De hecho, según la gremial del sector, continúa aplicando un impuesto que la Organización Internacional del Comercio (OMC) determinó que debía suspenderse el 31 de diciembre pasado. "Teóricamente no podía existir más, pero todavía se sigue cobrando el IPI", dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Autopartes del Uruguay, Marcelo Graniero.

Rota 2030

Graniero dijo que tampoco se ha aprobado el programa Rota 2030, que es el que va a sustituir al Innovar-Auto. En ese sentido, sostuvo que hasta ahora no hay certeza respecto a su alcance y en particular sobre si los productos uruguayos seguirán teniendo el mismo tratamiento impositivo que hasta ahora.

"No sabemos qué puede salir del Rota 2030", apuntó. "Tampoco sé qué es lo que está demorando que se frene el ingreso de autos brasileños al Uruguay con arancel cero, acotó el empresario.

La implementación del programa Rota 2030 está atrasada más de seis meses, pero el presidente Michel Temer aseguró a comienzo de mes a industriales brasileños que quedará definido en febrero.

"No es un programa simple y hemos sido informados por el presidente Temer que deberá salir a finales de febrero", dijo Antonio Megale, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil a medios norteños.

Los ministerios de Industria y Hacienda negocian el paquete de estímulos. Uno de los principales puntos por definir son las ventajas fiscales que se concederán a los fabricantes como retorno a las inversiones en el área de investigación y desarrollo en el país.

Viejo acuerdo

El acuerdo vigente hasta 2015 entre Uruguay y Brasil implicaba que las exportaciones autopartistas nacionales se multiplicaban por un coeficiente y eso daba el monto de dinero que Brasil podía ingresar en vehículos al país sin pagar aranceles.

Pero las exportaciones uruguayas no alcanzaban para cubrir la cuota que Brasil necesitaba. Entonces la opción era que Brasil pagara el arancel por lo que excediera ese monto o que cada año se le diera un crédito, con la promesa de que en años siguientes las exportaciones uruguayas aumentarían.

El crédito fue creciendo y Brasil no llegó a comprar autopartes uruguayas como para cubrir la deuda. A fin de 2015 Brasil propuso condonar el pago por las 26.000 unidades que excedieron el cupo (US$ 70 millones) y dejar la cuenta en cero, lo que fue aceptado por Uruguay.