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Oficialismo se abroquela y defiende limitación de derecho a reunión; FA propone alternativa
Los senadores y diputados levantarán este viernes el receso parlamentario para discutir un proyecto de ley considerado “urgente” por el presidente Luis Lacalle Pou que habilita al Poder Ejecutivo a suspender el derecho de reunión, disolver aglomeraciones y cerrar las fronteras, las tres medidas más potentes dispuestas por el gobierno para intentar “desafiar la estadística” y que Uruguay continúe siendo una excepción mundial en el combate al coronavirus.
Y si bien apenas tuvieron tiempo para estudiarlo, las bancadas de los partidos que integran la coalición de gobierno anunciaron que darán sus votos para apoyarlo, mientras que el Frente Amplio lo rechaza y propondrá un proyecto alternativo. La izquierda aprovechará el debate para cuestionar al gobierno por la falta de apoyo económico a algunos sectores y para reclamar más medidas, al igual que hizo este jueves en una nota dirigida al presidente.
Cuando Lacalle Pou presentó la medida de suspender el derecho a reunión al gabinete, los ministros y el presidente intercambiaron acerca de si debía extenderse hasta que terminara la emergencia sanitaria o si lo mejor era que tuviera un plazo con posibilidad de prórroga.
Finalmente, el Poder Ejecutivo terminó optando por la segunda opción y resolvió que el proyecto establezca una medida por sesenta días y que le dé la potestad al gobierno de extenderla por treinta días más.
El texto define que una aglomeración es: "la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales, etc. según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas", de acuerdo a lo que señala el primero de los siete artículos del proyecto.
La definición no especifica a partir de cuántas personas se considera una aglomeración, algo que se espera que quede establecido en la reglamentación. Además, habilita al Poder Ejecutivo y a las intendencias departamentales a ser quienes las disuelvan cuando haya personas que estén generando un "notorio riesgo sanitario" y cuando las reuniones "se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente".
"Dicha facultad deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios", agrega.
Estos aspectos son criticados por la coalición de izquierda, que considera que dar un aval de estas características es inoportuno debido a que habilita excesos represivos. Además, les preocupa que la reglamentación se utilice para disolver actividades de carácter social.
El coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés, defendió la propuesta, dijo que no debía observarse desde esa óptica y aseguró que era una "herramienta más" para desestimular la propagación del virus. "Creo que es un proyecto muy sensato. Utiliza palabras correctas y las mismas establecen la necesidad de un compromiso de partes", manifestó.
El diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, agregó que el proyecto era “muy prudente” y “muy medido”. “No me merece reparos. Hay que actuar contra la pandemia, y estas medidas son necesarias”, subrayó en línea con varios de sus correligionarios.
"Se trata de un proyecto necesario, garantista y temporal", destacó, en tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema.
Si bien el FA presentará un texto alternativo, sí dará sus votos para que la discusión del proyecto sea de forma urgente ya que para eso se precisan mayorías especiales.
“El FA como oposición responsable y constructiva va a habilitar que se trate el proyecto de forma urgente pero no compartimos la propuesta del Poder Ejecutivo”, dijo en rueda de prensa el senador frenteamplista Charles Carrera.
La oposición entiende que en vez de ir por el artículo 38, referido al derecho a reunión, se debe utilizar el 44, que establece el “cuidado de la salud”.
“El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”, dice ese pasaje de la Carta Magna.
El Frente Amplio pretende establecer que el que deba intervenir sea el Ministerio de Salud Pública, en su rol de policía sanitaria, y que una vez agotadas todas las instancias pueda convocar al Ministerio del Interior, según dijo Carrera en rueda de prensa.
Fuentes de la coalición de izquierda adelantaron que el poco tiempo entre la presentación del proyecto y la discusión en cámara iba a obligar a que la sesión estuviera marcada por constantes cuartos intermedios para analizar las redacciones.
A su vez, en el FA tienen resuelto que aprovecharán la sesión para volver a plantear todas sus reivindicaciones: desde una renta básica de emergencia, suspensión de desalojos y diferimiento de cuotas de vencimiento en viviendas, exoneraciones a las pequeñas empresas y no aumentar las tarifas públicas, y crear un fondo de emergencia para el sector turístico.
El proyecto del gobierno prevé multas de entre 30 UR ($38.743) a 1.000 UR ($1.291.440) para quien infrinja las disposiciones de la ley y dispone que los montos recaudados sean destinados al Fondo Coronavirus.
El proyecto también incluye un capítulo para reglamentar el artículo 37 de la Constitución y cerrar las fronteras.
"Prohíbese el ingreso de personas al país por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas -cualquiera sea su modalidad- desde la fecha de promulgación de la presente ley y hasta el 10 de enero de 2021 inclusive", señala el artículo 5. El texto también habilita al Poder Ejecutivo a prorrogar esta medida, pero no establece una fecha máxima.
La oposición también reclama que todos los residentes uruguayos puedan ingresar al país en cualquier momento, más allá de si tienen pasaje o no.
Además, exceptúa de la prohibición a los transportistas internacionales de bienes, mercaderías, correspondencia y ayuda humanitaria y sanitaria, y los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país hasta el 16 de diciembre de 2020 inclusive, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso.
