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Operación Océano: caso de explotación de menores tendrá juicio histórico con al menos 19 involucrados

La fiscal Darviña Viera tiene identificados a un grupo de cuatro personas, dos de ellas extranjeras, que están requeridas por la Justicia

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06 de junio de 2020 a las 17:25

La Justicia imputó este viernes a un hombre más por el caso de explotación sexual de menores, una investigación que hasta el momento ya tiene un total de 19 personas imputadas por distintos delitos, algo que nunca antes había pasado desde que funciona el nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde noviembre de 2017.

Según dijo a El Observador la fiscal del caso, Darviña Viera, el último de los indagados fue imputado por reiterados delitos de promesa de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos y de mantener comunicación a través de medios informáticos con una menor con fines sexuales.

Este hombre había sido llevado a una audiencia este lunes junto con otros cinco sospechosos, pero entonces la jueza determinó que no había pruebas suficientes como para ser imputado. Viera apeló la decisión y deberá resolver un Tribunal de Apelaciones. "No había sido formalizado, pero ahora encontramos más pruebas y lo imputamos por hechos diferentes", explicó la fiscal.

La Justicia definió como medida cautelar que durante al menos 180 días el indagado fijara domicilio y avisara si lo modifica, la prohibición de que se acerque a las víctimas a menos de 500 metros o mantenga cualquier clase de comunicación, y que se aplicara lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia", aunque la justicia no aceptó ese pedido en todos los casos.

Así se resolvió para los 17 casos restantes, salvo en uno, en donde la Justicia definió que el imputado –un ciudadano paraguayo enjuiciado por proxenetismo– espere el juicio oral en prisión.

Esta investigación lleva siete meses de indagatoria policial, y todavía quedan personas por ser capturadas. Hasta el momento, hubo más de 20 allanamientos y se realizaron más de 30 pericias a celulares durante tres semanas de un procedimiento que lleva por nombre Operación Océano.

Por la cantidad de imputados –19–, el caso se encamina a ser histórico, porque no hay antecedentes en el nuevo Código del Proceso Penal de juicio orales con tantas personas acusadas, dijeron a El Observador fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

"Eso significa que van a haber por lo menos 25 abogados, porque algunos tienen codefensa, más todos los testigos", dijo Viera por su parte, quien sugirió que el Poder Judicial deberá procurar una sala más amplia para ofrecer el escenario del juicio que las que están disponibles en el edificio de la Oficina Penal Centralizada de la calle Juan Carlos Gómez.

Las acciones policiales están a cargo de los efectivos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, quienes esta semana encontraron pruebas que vinculan a ciudadanos argentinos y brasileños que están en sus respectivos país, y otros dos uruguayos que no fueron localizados cuando se los fue a buscar a las casas. "Hay pedidos de detención para esas personas", dijo Viera.

Por esta causa fueron imputados un exjuez de menores; uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas; el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz; un arquitecto, un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua; un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo; además de varios empresarios, más profesionales, psicólogos y algunos docentes. Además, entre los empresarios que hoy enfrentan un proceso penal, está Ariel Pfeffer, directivo de Endeavor y uno de los promotores de la iniciativa empresarial "NoscuidamosEntreTodos", que este jueves emitió un comunicado a la opinión pública en el que afirmó tener la "certeza de que durante el proceso que se inicia quedará probada" su "absoluta inocencia". 

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador que muchos hombres declararon ante la Fiscalía que, de acuerdo a su versión, fueron engañados por las víctimas cuando les preguntaban por la edad o se guiaban por la in formación que figuraba en algunos sitios web. "Pero la obligación del adulto es pedir la cédula", señalaron los informantes.

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