Operación Océano: convocan audiencia para decretar medidas que protejan a nueva víctima

La fiscal solicitará contra los hombres medidas cautelares para protejer a la joven –como prohibición de acercamiento y comunicación con ella–, algo planteado para todos los imputados respecto a las distintas víctimas de la investigación, que con la mujer que declaró este lunes suman 19.

El número aumentó en el ultimo tiempo, en parte gracias a la habilitación a fines de junio de una línea telefónica –091 507 531– para que se comunicaran las menores que todavía no habían sido ubicadas por el Ministerio Público. De todos modos, ese no fue el caso de la última víctima, quien se acercó al equipo de investigadores a través de una "institución" del Estado, como señalaron fuentes de la indagatoria esta semana.

En un primer momento, Viera comunicó a los abogados de la causa que eran tres los imputados denunciados en la declaración de la nueva víctima, según manifestó a los juristas en un grupo de Whatsappo. Pero en el documento enviado al juzgado solo menciona el nombre de dos hombres, contaron fuentes judiciales.

La instancia tendrá lugar el mismo día en que estaba fijada –hasta este miércoles– una audiencia colectiva por esta causa, en la que se habían citado a cerca de 100 personas, entre los defensores de los imputados, los acusados, las víctimas, sus abogados, y la fiscal Viera y su equipo –completado por Giuliana Realini, Fulvia Favretto y Nicole Lebel–. Allí, los defensores de los imputados iban a acordar un pliego de preguntas a realizarle a la principal víctima de Operación Océano, quien a solicitud de la fiscalía declarará en forma anticipada al juicio oral, aunque eso todavía no tiene fecha.

Sin embargo, los penalistas Andrés Añasco, Jorge Pereira Schurmann, Víctor Della Valle, Alejandro Balbi, Carlos Balbi, Cecilia Salom, Alberto Rojas, Pablo Barreiro, Mario Moll y Enrique Díaz presentaron un escrito en el que alegaron que no pudieron acceder la totalidad de la carpeta del Ministerio Público, que contiene información de celulares de todos los involucrados considerada "clave" por los profesionales, como los chats mantenidos entre las menores y los hombres, en los que los adultos habrían solicitado dinero a cambio de sexo, entre otras formas de violencia sexual. 

Para los abogados, sin ese material no están en condiciones de redactar el interrogatorio a la joven, algo que fue atendido por la jueza De Los Santos, quien suspendió la audiencia multitudinaria hasta que Viera comparta con los abogados la información de su indagatoria.

"Una vez que las defensas hayan accedido a la totalidad de las evidencias contenidas en la carpeta investigativa de la Sra. Fiscal, especialmente las pericias de los aparatos electrónicos, se procederá a fijar la audiencia a los efectos de producir la prueba anticipada", sentenció De Los Santos en su decreto al que accedió El Observador.

En concreto, los penalistas reclamaron en forma especial tener acceso a la pericia de uno de los celulares que usó la primera víctima –en donde están los chats con los imputados–, pero la fiscal Viera respondió que el dispositivo aún no fue periciado por Policía Científica, y que recién se estaba por entregar un informe respecto a otro celular que empleaba la joven, pero que no es tan importante como el que exigen los abogados.

Sin embargo, ese punto fue rechazado especialmente por la jueza, quien destacó que "hay aparatos electrónicos que fueron incautados a algunas de las víctimas e imputados en el mes de mayo del corriente año".

Suspensión a estudio de Fiscalía

El Ministerio Público dispone ahora de 72 horas para responder a De Los Santos si está de acuerdo con la postergación de la audiencia, o si se opone a los argumentos de los defensores y presenta entonces un recurso impugnando la decisión de la magistrada. Fuentes allegadas a Viera señalaron que la funcionaria está "evaluando" esa posibildiad.

La posición de Viera –recogida por la jueza De Los Santos en el decreto– es que las defensas han tenido hasta el momento "acceso a todas las actuaciones, (y) a las copias del contenido de los celulares de XX, aún antes de la formalización" de la investigación, que tuvo a la primera tanda de imputados en mayo de este año.

Pero eso no fue aceptado por De Los Santos, quien manifestó en su escrito que "el rol del juez (es) velar por el cumplimiento de derechos y garantías" y que entonces "debe accederse por parte de la defensa a la totalidad de la carpeta investigativa, como fuera dispuesto oportunamente, a los efectos de preparar el interrogatorio".

La magistrada también resaltó que "debe tenerse presente que la única oportunidad que la defensa va a tener para interrogar a la víctima es justamente cuando se produzca la prueba anticipada", en referencia al interrogatorio al que será sometida la joven.

"Por lo que es fundamental que el Ministerio Público dé a conocer su legajo con la mayor amplitud posible, garantizando el acceso a la totalidad de la carpeta investigativa, a las evidencias, evitando de esa manera la reiteración de audiencias, posibles nulidades y fundamentalmente para proteger a la víctima de exponerla a una victimización secundaria", concluyó.