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/ Mundo / Venezuela

Oposición interpela a Maduro al plebiscitar la Constituyente

Consulta democrática apunta a presionar al gobierno para que no se perpetúe en el poder

4 de julio de 2017 5:00 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Más allá de las protestas callejeras y apelar en forma constante a la presión internacional, a la oposición venezolana tampoco le quedan tantas fichas por jugar en su intento por desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro.

Y entonces, cuando falta poco menos de un mes para la elección de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (el 30 de julio) que el gobierno pretende instalar para reformar la constitución impulsada en 1999 por el difunto presidente Hugo Chávez, los partidos de oposición decidieron "echar el resto".

El anuncio realizado por el presidente del Parlamento, Julio Borges, de realizar un plebiscito el 16 de julio para que los ciudadanos decidan si están a favor o en contra de la Asamblea Constituyente parece ser una jugada tan estratégica como democrática.

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De todas formas, la convocatoria a esa consulta popular será simbólica, pues no se realizará con aval del Consejo Nacional Electoral, al que la oposición acusa de trabajar para el gobierno.

Para concretar la consulta, la oposición instalará 1.600 puestos de recolección de votos, que realizará sin dejar de realizar las protestas populares contra el régimen de Maduro, que comenzaron en abril y provocaron 89 muertos.

El politólogo Luis Salamanca consideró al plebiscito como un acto "no vinculante", que no podrá freno a la Asamblea Constituyente, pero será un termómetro de la movilización popular.

Otro experto, el constitucionalista José Vicente Haro, consideró que la estrategia de la oposición será como una "gran encuesta nacional". Otros analistas sostuvieron que Maduro se aferra a la Asamblea Constituyente porque no es posible que se mantenga en el poder por la vía democrática (postergó las elecciones regionales y se niega a convocar elecciones generales anticipadas, como pide la oposición).

Además, agobiado por la caída de precios del petróleo y el desabastecimiento, gobierna por decreto, al amparo de una Corte Suprema funcional a sus intereses.

La oposición boicoteará la elección de la Constituyente, pues cree que es la forma que el chavismo encontró para seguir en el poder.

El Consejo Nacional Electoral aceptó más de 6.100 candidatos para la Constituyente. El organismo tendrá asambleístas de las comunicadores indígenas, las comunas y los consejos comunales, estudiantes, personas con discapacidad y trabajadores, entre otros.

Los adversarios de Maduro rechazan la votación "sectorial" porque entiende que los grupos que inscribieron candidatos son controlados por el gobierno.

De hecho, cada uno de 340 municipios elegirá a un miembro de la asamblea, sin importar su tamaño, lo que implica que las ciudades que den su apoyo a la oposición tendrán una representatividad casi nula.

Otros 181 miembros resultarán electos entre los grupos comunales y ocupaciones controlados por el gobierno.
Maduro impulsó como candidatos, entre otros, a pesos pesados de su entorno: su esposa Cilia Flores, el el exvicepresidente Diosdado Cabello y la excanciller, Delcy Rodríguez.

Asamblea

El presidente Nicolás Maduro anunció la convocatoria a la Constituyente el pasado 1 de mayo.

Reforma

El nuevo organismo, que reformará la Constitución, tendrá 545 miembros.

Fecha

La elección de la Constituyente será el 30 de julio.

Gobierno sigue acorralando a la fiscal

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, calificó este lunes de "atropello" el envío de funcionarios de la Contraloría a las oficinas del Ministerio Público y afirmó que la institución que dirige está abierta a cualquier evaluación "siempre que se haga desde el respeto".

"El Ministerio Público está abierto a que hagan cuántas auditorías quieran, que revisen todos los procesos, que revisen todas las cuentas, pero eso tiene que ser en el marco del respeto", declaró Ortega Díaz durante una intervención ante la Asamblea Nacional.

Ortega Díaz se pronunció después de que el contralor general, Manuel Galindo, anunciara el inicio de una fiscalización de las actividades del Ministerio Público durante la actual gestión, una acción inédita que se produce en medio del enfrentamiento de la titular de la Fiscalía con el gobierno.

La fiscal –que se convirtió en la voz más crítica del Poder Ejecutivo dentro de las instituciones públicas– lamentó que los funcionarios de la Contraloría actuaran "atropelladamente" y denunció que esta forma de obrar "no contribuye a la paz" ni "fortalece la democracia".

Ortega Díaz acudió a la Asamblea Nacional para pedir la ratificación del vicefiscal general, Rafael González Arias, cuyo nombramiento por parte de la fiscal fue declarado nulo la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al no ser refrendado previamente por la cámara, de mayoría opositora.

"Estoy aquí en esta Asamblea Nacional solicitándoles que ratifiquen la designación de Rafael González Arias como vice fiscal general", dijo Ortega Díaz.

La investigación al Ministerio Público se suma a un conjunto de acciones legales que enfrenta su titular tras pronunciarse en contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y contra la actuación de los cuerpos de seguridad en la ola de protestas antigubernamentales iniciadas hace tres meses.

Además, está pendiente que este martes se inicie la vista oral de un acto de "antejuicio de mérito" contra Ortega Díaz para determinar motivos para enjuiciarla y separarla de su cargo, un proceso iniciado por el chavismo y aceptado por el Supremo días después.

El máximo tribunal también aprobó las medidas cautelares solicitadas por el oficialismo de prohibición de salida del país y congelación de las cuentas bancarias de la fisca





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