Importadores, coleccionistas y clubes de tiro también plantearon objeciones
L a Comisión de Constitución y Legislación del Senado retomó ayer el estudio del proyecto del Poder Ejecutivo que establece como delito el tráfico ilegal de armas, y que es una de las herramientas a las que apuesta el Ministerio del Interior para atacar el mercado ilegal que nutre a la delincuencia.
La iniciativa propone fijar una pena de 20 meses de prisión a 6 años de penitenciaría al que adquiera, alquile, transporte, distribuya, oculte o tenga en depósito, fabrique o ensamble armas, municiones, explosivos u otros materiales relacionados sin autorización.
Para los legisladores este artículo será el que llevará más tiempo de trabajo, porque se entiende que la redacción actual crea una figura punitiva “demasiado amplia” y “peligrosa”.
El senador colorado, Ope Pasquet, dijo a El Observador que el proyecto tiene “problemas de diseño”. “La técnica legislativa que se utiliza no es apropiada porque se acumulan verbos con el resultado que la figura punible es enorme”.
“Hay gente que sin tener la menor intención delictiva ni conciencia clara de lo que está haciendo puede estar transportando armas o municiones porque se las prestaron y termina comprometiendo su responsabilidad penal”, agregó.
La redacción actual del proyecto establece un rango general de penas, pero no especifica su extensión para cada una de las situaciones previstas porque no se distinguen por su gravedad.
El senador nacionalista, Eber Da Rosa, afirmó a El Observador que desde su punto de vista se deberá buscar una categorización de las penas de acuerdo al tipo de delito que se cometa. “No es lo mismo adquirir un arma que no está en situación reglamentaria que aquel que ensambla o reensambla un arma. El delito no puede tener la misma entidad que alguien que fabrica de forma clandestina”, subrayó el senador.
Para Pasquet la norma, tal como está redactada, deja abierto un margen de discrecionalidad demasiado amplio para los jueces penales que tendrán que aplicarla y se pueden generar situaciones dudosas.
Este tipo de cuestionamientos también fueron planteados ayer en el Parlamento por representantes de la Cámara de Importadores de Armas , la Asociación de Coleccionistas, la Federación Uruguaya de Tiro Práctico y el Club Uruguayo de Tiro. Las organizaciones manifestaron que las penas planteadas “son muy duras” para circunstancias que “pueden ser inofensivas o sin intención de dolo”.
El punto también fue cuestionado por el exministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Milton Cairoli, cuando dio su punto de vista en la comisión a fines del año pasado. Para el jurista, la redacción que está a estudio supone que una persona que tenga en su casa un arma regalada por algún familiar, o alguien que sea coleccionista, es imputable de delito.
Por otra parte, el artículo 1 sostiene que si el delito es cometido por alguien que integra una organización criminal la pena se podrá agravar en un tercio. El Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Udelar entiende que el término “organización criminal” es un “concepto oscuro” respecto a qué grado de complejidad se exige para que pueda configurarse.
Otro de los puntos que está a estudio de los legisladores es el plazo que se dará para que quienes tengan armas en forma ilegal regularicen su situación. El proyecto propone que sean seis meses a partir de la entrada en vigencia la ley, pero se evalúa ampliar el plazo a un año. Es que para obtener la tenencia legal en el Ministerio del Interior el trámite suele demorar más de medio año en algunas ocasiones.l