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Parlamento abandonó el control sobre el sistema carcelario

Sendic ordenó que funcionarios parlamentarios no entren a penales

Álvaro Garcé fue comisionado parlamentario entre 2005 y 2014

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02 de septiembre de 2015 a las 05:00

Un funcionario del Ministerio del Interior llamó en la noche del lunes a una autoridad de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) para informarle que un grupo de presos había tomado el control del módulo 1 del Comcar. Un representante de la Inddhh llegó hasta el Comcar para observar el procedimiento policial. Nueve policías y 16 reclusos resultaron heridos. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, informó ayer en una nota realizada por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior que "los promotores no eran más de 30" y aportó detalles sobre el procedimiento. Este es el único relato oficial que hay sobre los hechos. La INDDHH no ha informado sobre el procedimiento y la oficina del Comisionado Parlamentario para cárceles tiene prohibida la entrada a los penales por orden del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, informaron fuentes legislativas a El Observador.

La ley 17.684 establece que el Comisionado Parlamentario tiene "el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial". La ley agrega que "igualmente le competerá la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado".

Ejecuciones, informes y vacante

Álvaro Garcé, que fue Comisionado Parlamentario para cárceles entre 2005 y 2014, se convirtió en una molestia para el oficialismo, principalmente desde el 22 de octubre de 2013, cuando la Policía utilizó munición letal para reprimir un motín en el módulo 1 del Comcar, el mismo en el que se amotinaron presos este lunes. Garcé informó al Parlamento una semana más tarde que agentes de la Brigada de Traslados "ejecutaron" a los dos reclusos con balas de plomo y que existió "riesgo de masacre".

Un mes después, el Comisionado Parlamentario informó que desde 2007 hasta octubre de 2013 hubo 24 ejecuciones en las cárceles uruguayas y que, en algunos casos, el expediente se archivó y el fallo judicial fue "absurdo".

Garcé renunció el 7 de octubre del año pasado al cargo de comisionado para integrar el equipo de campaña del nacionalista Luis Lacalle Pou, y luego postularse como candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación. El 12 de noviembre la Asamblea General aceptó formalmente su renuncia pero resolvió mantener vacante su cargo.

Cuando Garcé dejó su silla vacía, siete funcionarios quedaron trabajando en la oficina del Comisionado Parlamentario. Lejos de abandonar la tarea, los técnicos y administrativos continuaron visitando las cárceles y solicitaron información al INR.

Sin embargo, la respuesta no llegó y, en cambio, el Ministerio del Interior pidió una reunión con un representante de la oficina del Comisionado Parlamentario. En diciembre, la entonces asesora del ministerio para asuntos carcelarios, Gabriela Fulco, que hoy preside el Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sirpa), informó que, al quedar vacante el cargo de Comisionado Parlamentario, ni el ministerio ni el INR iban a contestar los pedidos de información cursados por la oficina del Comisionado Parlamentario, sino que esa oficina solo debía remitir al INR y a la INDDHH los reclamos de los presos, a los que ya no podrían visitar.

La oficina del Comisionado Parlamentario planteó al entonces presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, su preocupación por esta medida que impedía el cumplimiento de la ley 17.684. Astori se comunicó entonces con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para revisarla y finalmente el gobierno dio marcha atrás. Los funcionarios de la oficina del Comisionado Parlamentario podían seguir solicitando información y visitando las cárceles.

Llegaron las fiestas y el verano, generalmente el momento más tenso dentro de las cárceles. Este año no fue la excepción. El 13 de enero, mientras familiares y amigos visitaban a los reclusos en uno de los patios del módulo 1 del Comcar, un recluso sacó un arma y comenzó a disparar. El resultado: dos presos heridos.

La oficina del Comisionado Parlamentario presentó un informe sobre ese episodio a la Asamblea Permanente, pero el respaldo a los funcionarios cayó en saco roto cuando asumió el nuevo gobierno y cambió la legislatura.

El nuevo Parlamento, que asumió el 15 de febrero, no designó aún a los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario.

A su vez, en julio, Sendic, en carácter de presidente de la Asamblea General, prohibió a la oficina del Comisionado Parlamentario el ingreso a las cárceles y solicitó que deriven las recomendaciones a la INDDHH y al INR, órgano al que debe "supervisar", como establece la ley. El viernes 17 de julio, el secretario de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, Wilder Leal, transmitió verbalmente la orden de Sendic a Graciela Riephoff, encargada de despacho de la oficina del Comisionado Parlamentario.

Esta vez no hubo marcha atrás. Al contrario, llegaron más medidas. El director del INR, Luis Mendoza, solicitó en agosto a la oficina del Comisionado Parlamentario que evitara comunicarse con los directores de cárceles. Mendoza informó que debían comunicarse únicamente con él, director del operativo que reprimió el motín y vocero oficial sobre los hechos.

El sustituto de Garcé

La Asamblea General llamó a interesados a postularse a comisionado parlamentario para el sistema carcelario para suceder a Álvaro Garcé, que hasta ahora es el único que ha ocupado el cargo.
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