En un acto que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó como “sin precedentes en la historia de Brasil” y que repite la toma del Capitolio por parte del seguidores del expresidente Donald Trump, miles de militantes golpistas que adhieren al ex mandatario Jair Bolsonaro tomaron por asalto la sede de los tres poderes en la ciudad de Brasilia, la capital del país, para pedir un golpe de Estado con el objetivo de desalojar al líder del Partido de los Trabajadores (PT) de la primera magistratura.
En un discurso transmitido por la cadena nacional de radio y televisión, Lula da Silva, luego de anunciar que decretó la intervención del Distrito Federal, adelantó que los “terroristas” que incurrieron en los actos golpistas "pagarán con toda la fuerza de la ley". Luego, el presidente en ejercicio de su tercer mandato, responsabilizó a Bolsonaro por los incidentes y lo llamó “genocida que dejó el poder”.
Los hechos comenzaron cuando los partidarios Bolsonaro salieron del campamento que mantenía desde hace varios días frente al Cuartel General del Ejército para dirigirse al Ministerio de Justicia. Luego, un grupo se desvió para invadir parte de la explanada cubierta de césped situada en los exteriores del Parlamento, lo que finalmente derivó en la invasión de las sedes del Congreso, la Presidencia y de Superior Tribunal de Justicias (STJ), situación que obligó a la Policía Militar a reprimir con gases a los golpistas.
Durante su alocución, Lula da Silva precisó que los sediciosos destruyeron los edificios luego de la invasión”, y que “todas esas personas serán encontradas y castigadas”. “No se puede atacar a la libertad democrática, la libre expresión”, afirmó, al tiempo que pidió a las personas “que respeten las instituciones que fueron creadas para mantener el orden”. El mandatario, que tildó a los manifestantes como “fascistas fanáticos”, recordó que la izquierda brasileña ha tenido “gente muerta y desaparecida, pero nunca tomó el poder judicial y el poder legislativo”.
Luego de recuperar el control de la situación, decenas de bolsonaristas fueron arrestados tras la invasión. Poco antes de las 19, hora de Brasil, grupos de personas, algunas con casacas amarillas de la selección brasileña, con las manos esposadas, escoltadas por policías, dejaron el Palacio del Planalto, al cual invadieron y depredaron durante horas. Otros manifestantes fueron arrestados en el Palacio del Congreso, donde fueron destruidos despachos e incendiados muebles.
Las detenciones las concretaron los agentes de la Policía Militari que llegaron al centro de Brasilia luego del inicio de los incidentes por parte de cientos de manifestantes, muchos llegados del campamento instalado en el Cuartel General del Ejército. Según los medios brasileños, habría hasta el momento al menos 150 detenidos, cifra que se espera que aumente en las próximas horas cuando la justicia acceda a los dispositivos de seguridad en los que quedaron registrados los hechos e identifique a los atacantes.
La gravedad institucional del hecho hizo que mediante una nota pública, el Foro Nacional de Gobernadores, que reúne a los jefes de las 27 unidades ejecutivas de la federación, anunciara que ponía a disposición del gobierno central las fuerzas militares estatales para asistirlo en la lucha contra los manifestantes bolsonaristas.
“Los Gobernadores brasileños, poniéndose a disposición para enviar fuerzas militares estatales para apoyar la situación de normalidad nacional, exigen la investigación de los orígenes de este movimiento absurdo y la adopción de medidas enérgicas contra los extremistas y aquellos que permitieron, por negligencia o conveniencia, tal una situación, así como la posterior sanción de los responsables”, dice la nota.
En lo inmediato, y luego que la presidenta del PT, Gleisi Helena Hoffmann, acusara al secretario de Seguridad del Brasilia, Anderson Torres, de facilitar la toma de los tres poderes liberando la zona, el gobernador del Estado, Ibaneis Rocha, dispuso la destitución del funcionario, que viajó a Orlando, Florida, donde se encuentra Bolsonaro desde que abandonó el país pocos antes de la asunción de Lula da Silva.
Los hechos determinaron que el presidente sostuviera una reunión de emergencia por videoconferencia con los ministros de Defensa, José Mucio Monteiro, Justicia, Flavio Dino, y Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, desde Araraquara, en el interior de Brasilia, a donde se había desplazado para supervisar los daños causados por las lluvias que afectaron a la región en los últimos días.
En cadena nacional, Lula da Silva señaló también que los policías “no quedarán impunes” porque no generan confianza a la sociedad brasileña”. “Diría que hubo alguna incompetencia o mala fe de las personas que cuidan de las personas del Distrito Federal, ellos están guiando a las personas en las marchas”, comentó Lula, quien agregó que durante su toma de posesión “había personas (en referencia a los efectivos) que estaban guiando a los vándalos y no hacían nada para mantener la seguridad”.
Según la información oficial, el gobierno pidió al STF que ordene la detención del recién despedido secretario de Seguridad de Brasilia por haber permitido el ataque. El pedido, hecho por la Abogacía General de la Unión (AGU), incluye también que el STF determine el cese de la ocupación de los manifestantes de la puerta de los cuarteles en los cuales piden al Ejército dar un golpe de estado para reponer a Bolsonaro.
También, según el comunicado oficial, la abogacía del gobierno pidió que se bloquearan la monetización de los sitios y canales digitales de los golpistas que se beneficiaron con la recaudación de dinero para llevar a cabo la movilización, hecho confirmado por observadores locales que aseguran que las más de 5.000 personas llegaron en más de 80 ómnibus de todo el país.
Por su parte, los medios locales que siguieron en vivo las alternativas del intento de copar las sedes de los tres poderes caracterizaron a los golpistas como “anticomunistas” y “ultraconservadores”, y señalaron que el ataque se organizó a través de un grupo de Telegram en el que participan casi 30.000 personas y desde el cual, minuto a minuto, los activistas mandaron videos, audios, imágenes y consignas.
“Girasoles caminando hacia la explanada de los ministerios” y “Patriotas en la trinchera”, fueron los primeros mensajes en aparecer minutos después de los principales disturbios. Los participantes, luego de superar sin dificultad las barreras policiales y arrancado alambradas emitieron mansajes como “vamos a expulsar a los comunistas de Brasil”. Otros describieron la asonada como “el capitolio de Brasil”, en referencia a la violenta invasión del legislativo de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios Trump, un aliado de Bolsonaro, para impedir la certificación del demócrata Joe Biden como vencedor de las elecciones.
Los medios locales también destacaron que no es el primer intento de copar las sedes de los tres poderes. Un mes atrás, un grupo de extrema derecha trató de acceder por la fuerza a un edificio administrativo de la Policía Federal, en el centro de Brasilia para protestar por el arresto de un instigador de actos a favor de un golpe de Estado, pero fueron rechazados por las fuerzas de seguridad.
También habían aparecido luego del triunfo de Lula da Silva en las presidenciales, cuando pretendieron causar caos en Brasilia para impedir el traspaso de poder, hechos que se sumaron a bloqueos totales o parciales de las principales de carreteras en al menos 23 estados, mientras el silencio de Bolsonaro los incitaba a sus seguir con las protestas, como la realizada frente al principal aeropuerto internacional de Sao Paulo, retrasando vuelos y provocando la cancelación de otros.
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