Nacional > Recurso de intimación
Pedirán a la Justicia que se multe al Ministerio de Vivienda por demora en dar casas a desalojados
El abogado Juan Ceretta, representante de las tres familias del asentamiento Nuevo Comienzo a las que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) debe dar un hogar por orden de la Justicia de Familia, aseguró que presentará un recurso para intimar a la cartera a que cumpla con lo dispuesto en las sentencias. En el escrito pedirá además que se incorpore una sanción económica por la demora en dos de los tres casos.
Ceretta, que además es docente del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar), entiende que el ministerio está en falta porque hasta el momento solo otorgó una casa a una de las tres familias demandantes, pero no lo ha hecho con las otras dos, cuando la ley de Acción de Amparo dispone que el Estado tiene 24 horas para dar solución una vez que recibe una sentencia en contra tras un recurso de amparo.
"Vamos a intimar y pedir una multa por días de atraso", dijo el abogado a El Observador. Ceretta recordó que por cada 24 horas que pasan sin dar una vivienda, a la cartera se le deberían recargar 100 Unidades Reajustables –$ 133.834, en valores actuales–. Los días que pasaron sin respuesta es algo que estará sujeto a discusión entre las partes. Como referencia a tenerse en cuenta, los fallos de primera instancia que obligaron al MVOT a dar viviendas a las dos familias que todavía esperan por una casa se emitieron el 5 de abril.
"Si plantean un diálogo no lo haríamos, pero no vamos a seguir esperando mucho", continuó el abogado, que celebró este lunes el fallo del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno que confirmó la primera sentencia que condenó a la secretaría de Estado a dar solución habitacional a la familia que ya tiene vivienda. Espera para esta semana que la Justicia desestime las otras dos apelaciones presentadas por el MVOT, y que haya más argumentos a favor de la intimación.
La norma por la cual se rige el recurso de amparo, de 1998, dispone que el Estado asume de inmediato la obligación de acatar las medidas dispuestas en la sentencia, sin perjuicio de las eventuales apelaciones que se presenten. No obstante, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, ya había adelantado días atrás en diálogo con El Observador que incluso no iba a retroceder si la nueva sentencia era favorable a los intereses de su cartera, "dada la situación tan sensible", y que la casa brindada quedaría en la familia demandante.
Sin embargo, sí criticó a la Justicia por no contemplar la capacidad de respuesta material del ministerio, imposibilitado, según dijo, para otorgar viviendas de un día para el otro, porque "una casa no se hace en 24 horas", y menos si se acumulan sentencias similares, como lo posibilitaría la jurisprudencia generada.
Moreira dijo además en la entrevista publicada hace 10 días que "la primera (casa) ya fue entregada", pese a no tener "stock", porque se recurrió a lo que tenían "a mano". "Pero justamente esa vivienda estaba designada a una familia que sí había cumplido todos los pasos. Tienen todo una pauta y hoy le tengo que decir: cumplió todo pero espere porque tengo que cumplir con la sentencia", dijo Moreira el 18 de abril. "Preocupa que al no tener ese stock de vivienda, ¿qué pasa si me caen 20 fallos?", insistió.
Fue en ese sentido que la ministra criticó el "mensaje" que da en estos casos la Justicia. "¿Qué mensaje dejamos? Acá hay un delito tipificado, que es el de usurpación que está en sede penal, entonces el mensaje que damos es ve, ponte en un terreno privado, cuando la justicia penal va a actuar pongo un recurso de amparo y te damos la solución de la casa. ¿Vamos por este camino o cumplimos con el que realmente tenemos que hacer? Eso preocupa", agregó.
Moreira se refirió así al hecho de que las órdenes de desalojo se dieron en el marco de la actuación de una investigación penal por usurpación y robo de energía eléctrica a cargo del fiscal Diego Pérez.
