El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) decidió apelar las tres sentencias dictadas por la Justicia de Familia que dieron lugar a un recurso de amparo a favor de tres familias que habían recibido una orden de desalojo de las viviendas que ocupaban en el asentamiento Nuevo Comienzo, producto de una investigación penal por usurpación y robo de energía eléctrica a cargo del fiscal Diego Pérez.
El primer fallo, emitido el 26 de marzo y firmado por la jueza Ana Bueno, ya fue apelado este miércoles al borde del vencimiento del plazo jurídico para hacerlo, y los otras dos sentencias –de los magistrados Daniel Erserguer y Liliana Brusales– también serán apeladas esta semana, confirmaron a El Observador fuentes del MVOT.
Los fallos obligaron al Estado a "brindar de forma inmediata una solución habitacional" para las familias afectadas, en el entendido de que han sido vulnerados derechos fundamentales –como el propio acceso a la vivienda– y que las víctimas no podían cumplir con el desalojo dispuesto por la Justicia Penal porque quedarían "en situación de calle" y durante "el peor momento de la pandemia (por el) covid-19", como se recoge en la sentencia de Brusales.
Según la Justicia, ante esta situación el Estado está obligado ahora a otorgar "una vivienda digna, con estabilidad en cuanto a la tenencia y que no implique de modo alguno separar a los integrantes que conforman el núcleo familiar", como al menos dejó explícito el juez Eserguer en su dictamen.
La ministra de Vivienda, Irene Moreira, tomó la decisión de apelar todas las sentencias porque, según dijeron a El Observador las fuentes consultadas, se trata de fallos "que no tienen precedente", y que como jurisprudencia "brinda una señal" que se considera improcedente: que el Estado "dé una vivienda, cuando previo a eso hubo un delito", dijo uno de los consultados.
Juan Ceretta, docente del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y asesor de las familias demandantes, celebró este martes en su cuenta de Twitter la existencia de un "Poder Judicial independiente" que protege a "personas de carne y hueso, de las que no salen en las gráficas".
Por la situación de estas familias y otras que totalizan una veintena, se pronunció en febrero el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que había pedido entonces al Estado uruguayo que suspendiera los desalojos en ese lugar y que ofreciera una alternativa habitacional a los damnificados.
Sin embargo, el 2 de marzo tuvo lugar una audiencia con varios de los perjudicados, en la que el fiscal Pérez les ofreció resolver la causa mediante una vía alternativa al juicio oral –en la que no solicitaría una condena con cárcel–, siempre y cuando se comprometieran a irse antes del 4 de abril, y no volver al asentamiento.
El caso comenzó a fines de 2019, cuando unas 300 personas se asentaron en un terreno próximo a Santa Catalina. Esto fue lo que desencadenó las denuncias a Fiscalía por usurpación y otros delitos. Fueron cerca de 40 los vecinos que se enfrentaron a la posibilidad de percibir sanciones penales por la ocupación, excepto que abandonaran ese predio. Varios optaron por el retiro voluntario, pero hubo otros que decidieron quedarse, luego de recolectar firmas y presentar la moción a Naciones Unidas.
Dificultades
Las sentencias que aceptan los recursos de amparo obligan al Estado a dar solución dentro de las 24 horas siguientes, de acuerdo a la ley de Acción de Amparo de 1998, aunque uno de los fallos da un plazo de hasta tres días para efectivizar el cumplimiento.
Las fuentes del MVOT consultadas aseguraron que la secretaría de Estado no dispone de "una cartera activa de inmuebles", y que si bien van a obedecer lo dispuesto por los dictámenes, se hará con "grandes dificultades".
