Y la conmoción no se produce sólo por la consternación que provocan las imágenes de la tragedia en un país hermano, sino porque se lo está empezando a percibir como un peligroso caso de referencia.
Es en el conurbano donde se asientan la mayor parte de las “villas miseria”, es allí donde el desempleo registra los niveles más elevados y es donde la violencia es cotidiana y el estallido social está siempre latente.
La última medición oficial de pobreza e indigencia (con cierre a diciembre 2019) indica que en el conurbano es donde se da el peor registro del país, con un 40,5 por ciento de la población en situación de pobreza, contra un 35,5 por ciento del promedio nacional.
En un mundo donde todavía vastos sectores no tienen acceso a servicios básicos como agua corriente, donde las viviendas son construidas de manera precaria y donde el hacinamiento es la norma, resulta de muy difícil aplicación la cuarentena para prevenir los contagios por coronavirus.
Eso fue lo que le explicaron al presidente Alberto Fernández aquellos que conocen el conurbano por dentro. Y en atención a la recomendación de un grupo de dirigentes de organizaciones sociales, de curas villeros y de los propios intendentes fue que se decidió cambiar la consigna de “quedate en tu casa” por la más realista de “quedate en tu barrio”.
De hecho, en esa zona ya se habían visto los peores casos de incumplimiento de la cuarentena. Los días de cobro de jubilaciones, planes sociales y asignaciones, por ejemplo, se repetían las escenas de largas colas en los bancos, sin que se respetara la normativa de distancia social.
Por otra parte, la necesidad de traer el jornal diario hace muy difícil que aquellos que viven de changas puedan permanecer inactivos.
Lo cierto es que las expectativas del gobierno se están viendo desbordadas: el plan para ayudar con 10.000 pesos (unos 7.000 pesos uruguayos, según la conversión al cambio oficial) se había pensado originalmente para un universo de 3,6 millones de personas, pero recibió pedido por 12 millones.
El potencial explosivo del conurbano
Esta realidad es la que lleva que en el conurbano estén centrados los mayores temores sobre la propagación del coronavirus y sus dificultades de atención.
La superpoblación de esa zona contrasta con el débil sistema sanitario, que arrastra históricos problemas de infraestructura, problemas operativos y de financiación.
A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, donde 70 por ciento de la población se atiende en clínicas del sector privado, en el conurbano la mayoría de la gente acude al sistema sanitario estatal.
Y existe prácticamente una certeza sobre la probabilidad de un desborde cuando ocurra el momento pico de los contagios.
En la proyección que un grupo de expertos le elevó al presidente, el escenario optimista prevé que en junio habría 250.000 infectados en todo el país. Esto implica que, si la propagación del virus se diera de manera geográficamente uniforme, el conurbano tendría unos 55.000 contagiados, con una probable necesidad de 4.000 internaciones en terapia intensiva y uso de respirador artificial.
El escenario pesimista, en cambio, prevé 2,2 millones de infectados en mayo. Pero el resultado relativamente alentador que se verificó tras la cuarentena hace pensar que el primer escenario será el más probable.
Aun en ese marco “optimista”, persiste la desconfianza sobre cómo responderá el sistema de salud del conurbano, donde se trabaja a contrareloj para sumar camas e improvisar infraestructura hospitalaria.
Y la gravedad de la situación quedó evidenciada en un conato de conflicto entre el Estado y las empresas de medicina prepaga.
El tironeo por los recursos de la clase media porteña
Siguiendo el ejemplo de países europeos —y más específicamente el de Irlanda, donde el Estado tomó bajo su cargo la gestión de todos los recursos sanitarios del país— el ministro Ginés González García ideó un decreto que le permitía disponer de la infraestructura del sector privado.
Según le había adelantado a un grupo de legisladores peronistas, la vía para ello sería un decreto presidencial en el cual se declararía de interés nacional los recursos de salud, tanto los públicos de niveles nacional y provincial, así como los de empresas de medicina prepaga. Y el manejo de esos recursos quedaría bajo el mando unificado de un comité supervisado por el ministerio, que determinaría las prioridades para usar los recursos.
Todos interpretaron que la principal motivación detrás de esta jugada era darle una vía de cobertura al conurbano bonaerense, en el caso probable de que la capacidad del sistema provincial quedara sobrepasada.
Pero la reacción que se produjo dejó en evidencia que el manejo será más difícil de lo pensado. De inmediato surgieron protestas y amenazas por parte de afiliados a las empresas prepagas, que empezaron a temer no poder hacer uso de los servicios de atención en caso de necesidad.
La cuestión central era que, ante la instauración de un comando unificado de la salud en cabeza del Estado, podría darse la situación de que se trasladaran pacientes desde hospitales públicos del conurbano para ser atendidos con prioridad en clínicas privadas de la ciudad de Buenos Aires.
En otras palabras, que se produjera una estatización de hecho, por la cual se traspasaran recursos desde la acomodada clase media—alta porteña hacia los más necesitados de la periferia bonaerense.
El resultado fue la amenaza de una ola de recursos judicial de amparo, además de juicios de los afiliados a las propias empresas por no defender sus derechos.
El lobby fue tan intenso que dentro del propio gobierno surgieron desavenencias y se le pasaron facturas políticas al ministro por haber generado un nuevo frente de conflicto. La situación se saldó temporariamente con una reunión con los directivos del sector privado, tras la cual se emitió un comunicado ambiguo, en el que se dejó en claro que no habrá una estatización, pero que se buscará una coordinación estatal-empresarial, de manera de que se puedan usar de manera eficiente todos los recursos.
Falta de insumos críticos
De esta manera se logró acallar la polémica política, pero no desapareció el problema de fondo. El gobierno se propuso aumentar un 25 por ciento en el corto plazo la disponibilidad de camas de terapia intensiva. Actualmente, hay 3.500 en el sistema estatal y 4.500 en el sector privado. Pero cuando hace unas semanas el ministerio les pidió información sobre la disponibilidad real de esas camas para atender la pandemia, las clínicas respondieron que el 80 por ciento de la capacidad ya estaba cubierto por la atención regular de emergencias.
Esto pone en el centro de la polémica cuál será el criterio que se maneje para la internación, en el sentido de si se enviará a todos los pacientes con síntomas a los hospitales o si solamente se priorizará a los casos con necesidad de asistencia respiratoria.
Por otra parte, la provisión de insumos hospitalarios muestra un estado desesperante. Una reciente licitación para comprar 54 millones de camisolines de protección, 30.000 hisopos y 2,2 millones de guantes descartables logró un nivel muy bajo de propuestas, que no llegan a cubrir el 30 por ciento de las necesidades. Esto llevó a que el gobierno empezara a coordinar la producción.
Y en cuanto al insumo más crítico, los respiradores artificiales, la situación no es mejor. El pedido de importación de 1.500 aparatos desde China aún no tuvo respuesta. En tanto, la mayor fabricante argentina sólo puede producir 90 por semana y ya tenía 3.700 pedidos de consumidores privados y de clientes del exterior.
Mientras se acondicionan de apuro plantas automotrices y otras industrias para producir respiradores —el objetivo es subir la producción a 250 aparatos por semana—, el gobierno tomó el monopolio de la comercialización.
Ahora, con la concentración de la compra en el Estado, se paralizó la entrega que esperaban en clínicas privadas.
Con algo más de 1.200 casos de infectados que lleva el conteo oficial, la verdadera cara del coronavirus todavía no se ha visto en los hospitales argentinos. Pero nadie se llama a engaño: la combinación de un conurbano en crisis y un sistema sanitario con carencias puede resultar explosiva cuando se produzca el pico de contagios.
