Los acuerdos de paz en Colombia no solo requieren de un entendimiento entre el gobierno de izquierda y las organizaciones guerrilleras que aceptan la legalización de sus actividades. La vuelta a la vida civil de muchos militantes armados resultó imposible cuando los grupos paramilitares y las propias Fuerzas Armadas los tuvieron como blanco móvil en las ciudades o pequeños poblados.
Las guerrillas en ese país tuvieron un fuerte sesgo campesino y rural. Porque sus bases estuvieron, y están en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en las montañas y zonas rurales. Y también porque muchos de sus efectivos son campesinos. Los acuerdos logrados por el ex presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) necesitan aún un punto que resultó crucial cuando, al día siguiente del triunfo de Gustavo Petro, se planteó en el informe final de la Comisión por la Verdad.
Las poblaciones afro y de indígenas así como muchos productores rurales se vieron muy perjudicados por las medidas de libre comercio que arrasaron con sus producciones locales. Sin una reforma agraria o medidas que puedan contener esa situación, cualquier acuerdo de paz es mera voluntad o ingenuidad de las partes.
El temor a una guerra civil que despierta una reforma agraria puede ser equivalente a la falta de un acuerdo. Petro ideó una manera que, de resultar, podrá ser un camino intermedio y ser capaz de neutralizar los enfrentamientos si prosperan los acuerdos.
Los propietarios de grandes extensiones de tierra han acordado con el Gobierno de Petro la venta de tres millones de hectáreas repartidas por todo el país. Eso permitirá, en los hechos, la reforma agraria que reclama el primer punto del acuerdo de paz con las FARC en 2016.
Petro no quiso dilatar y la compra de tierras y se había programado la firma el viernes 7 con José Félix Lafaurie, presidente de la asociación de ganaderos (Fedegan), el interlocutor del presidente Petro, pese a haber sido su adversario desde el polo opuesto. Sin embargo, se pospuso sin que se dieran explicaciones en la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano, ni de Fedegan.
Lafaurie negoció durante un mes con personas de la primera línea del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro al Ejecutivo. El primer paso ya se ha dado.
El senador Iván Cepeda y la ministra de Agricultura, Cecilia López, en completo secreto llegaron a un punto donde Lafaurie, a su vez, pudo convencer a otros grandes tenedores de tierras. De las 55 millones de hectáreas en manos privadas, menos de un 5% pasarán a manos del Estado por esta negociación. Con tres millones de hectáreas, Petro cree que puede lograr que las comunidades afectadas por el latifundismo puedan respirar y trabajar la tierra.
El precio depende de cada territorio, de cada propietario, pero el acuerdo está en marcha. “Petro ganó con una bandera, que era cumplir el acuerdo de paz y eso es hacer la democracia”, dijo Lafaurie a medios colombianos. Pese a ser un hombre conservador, de no acordar políticamente con el Pacto Histórico, sí se prestó al diálogo y a lograr lo que puede ser un camino para empezar a desandar medio siglo de violencias.
La ministra Cecilia López calificó de histórico el acuerdo. “Este es un paso para la paz total y el cumplimiento del punto uno del acuerdo de La Habana”, explicó. Petro quiere pacificar una nación con un pasado y un presente muy violento.
La propiedad de la tierra es un generador histórico de conflictos en Colombia. El nacimiento de las guerrillas en los años sesenta está ligado a la reivindicación campesina de la reforma agraria, en un país donde los campos permanecen aún en manos de grandes terratenientes.
Ante la ausencia del Estado, y aún con impulso de las derechas liberales, los terratenientes crearon milicias que se convirtieron en mortíferos grupos paramilitares, donde llegaron mercenarios de distintos países y ex militares colombianos que ganaban mucho más en esas formaciones ilegales que siendo soldados del país.
Este conflicto ha regado de sangre la Colombia rural, que tiene una alta concentración de la propiedad de la tierra. Petro, desde la campaña presidencial, aseguraba que una vez en el poder buscaría comprarles tierras que no se explotan ni generan riqueza al país para repartir entre despojados y campesinos que hoy en día cultivan hoja de coca.
Si esto avanza, será un paso clave para las negociaciones de noviembre en Caracas con el ELN. Para conseguir que esa pacificación sea eficaz tendrán que darse muchos otros pasos. Y también esas comunidades que reclaman la tierra deberán sacar músculo ante un mundo con altas tecnologías para producir alimentos. Pero hasta ahora nadie había tomado el toro por las astas: ahora se repartirán tierras. Y lo aceptan y firman los propios latifundistas.
En el acuerdo entre las FARC y el presidente Juan Manuel Santos se especificaba que debía llevarse a cabo una reforma agraria. Sin embargo, su sucesor, Iván Duque, no tuvo la voluntad de hacerlo.
Petro ganó las elecciones con la reforma agraria como una de sus banderas. Con la pacificación como otra. Logró anotar un éxito al poner en marcha el acuerdo. Cuenta con un aliado importante para los ganaderos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken pasó por Caracas y habló con Petro y con los ganaderos al respecto.
“Sería una barrera contra la producción de drogas en este país”, le transmitió Petro a Blinken, cuya mayor bandera es la guerra contra los narcos.
El apoyo de Estados Unidos la dicha compra de tierras y la reforma agraria sería otro gol de Petro, pero todavía no está anotado. Quizá haya financiamiento de Washington, al menos parcial pero importante, porque las arcas del Estado no están en buen momento para el desembolso. Si los conservadores aceptan la reforma fiscal que significa más impuestos a los ricos, Petro seguiría encadenando logros. Por ahora, logró sentarse con adversarios de peso y tomar sobre las espaldas un reclamo histórico.
