La tabacalera Philip Morris logró en el litigio al que llevó a Uruguay a fines de 2010, que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) –tribunal del Banco Mundial– escuche los argumentos de las partes, dando vía libre a un juicio millonario.
El gobierno de Uruguay hace valer su derecho, como Estado soberano, a tomar medidas que favorezcan a la salud de la población, mientras que la transnacional, se basa en un acuerdo bilateral de protección de inversiones por el cual Uruguay aceptó la instalación del emprendimiento en el país. El mundo mira este caso del que dependerán políticas antitabaco. Para Uruguay, significa, además, enfrentar un reclamo por US$ 2.000 millones que en caso de tener que pagar, llevaría el déficit fiscal al doble del actual.
Uruguay, con Tabaré Vázquez como presidente, desarrolló una fuerte campaña antitabaco, prohibiendo fumar en lugares públicos, eliminó la publicidad y obligó a colocar consignas en la mayor parte de las cajillas advirtiendo lo nocivo del producto. La decisión le valió distinciones al entonces presidente y el respaldo al país de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero la tabacalera siguió adelante y entiende que Uruguay violó el Tratado de Protección de Inversiones vigente con Suiza –sede de la compañía–por lo que activó el mecanismo del Ciadi, donde ahora los abogados expondrán en audiencias de varios días a fines de 2014. Se espera que el juicio termine a fines de 2015 o principios de 2016.
Tras la resolución del Ciadi, que Philip Morris difundió desde su página web, el gobierno llamó a conferencia de prensa.
El prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, dijo que “no se perdió nada”, "que era esperable" y ahora se debatirá sobre el fondo del asunto, es decir si el país puede tomar medidas sanitarias a pesar de haber habilitado a la tabacalera. “Estabamos precalentando para ver si jugábmos el partido y tres árbitros decidieron que el partido debe jugarse”, explicó.
El jerarca adelantó que se exigirá la publicación de la decisión del Ciadi y afirmó que “no se modificará la política de salud”.
A Uruguay lo defienden abogados del bufete Foley Hoag de Estados Unidos, quienes en una primera etapa alegaron que el Ciadi no tenía competencia en este caso. Los abogados cobraron hasta ahora US$ 1 millón –Uruguay recibió colaboraciones por US$ 500 mil– y ahora, para la próxima etapa, el país deberá pagar honorarios por US$ 5 millones.
Cánepa, que en 15 días viajará a Nueva York y Washington para reunirse con el bufete, se entrevistará también con organizaciones internacionales que comprometieron su apoyo económico así como con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Cánepa dijo que los US$ 5 millones que habrá que pagar “son un monto razonable”.
Explicó que los árbitros tomaron su decisión basándose en el Tratado de Protección de Inversiones, en el reglamento del Ciadi y “lo más preocupante” fue que entendieron que hubo “denegación de justicia”. Explicó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una vez que falla no permite apelaciones y los jueces uruguayos debieron advertir, según el Ciadi, que el camino a seguir era el establecido en la ley 16.110 que estableció un procedimiento especial para las empresas que se sientan agraviadas por las medidas antitabaco.
Para la OMS, Philip Morris, busca “disuadir” a otros Estados de imponer medidas restrictivas al tabaco. La tabacalera también tiene juicios contra Australia, Hong Kong, Irlanda, Inglaterra y Noruega.
La inversión de Philip Morris llegó a Uruguay amparada en el acuerdo con Suiza, pero una vez instalada el tratado no indica explícitamente la potestad del Estado de limitar el emprendimiento autorizado. Ese será uno de los aspectos a litigar.
En un comunicado, Philip Morris Internacional celebró la decisión del tribunal del Banco Mundial de “oir la reclamación del Tratado respecto a medidas excesivas impuestas al tabaco por Uruguay”.
La vocera, Julie Soderlund, expresó que “esta decisión hace que Uruguay asuma su responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales, responsabilidad que intentó evadir en las cortes locales” y ante el Ciadi. “Estas medidas injustificables restringen que los negocios legítimos vendan sus productos y usen sus marcas registradas, al mismo tiempo que aumentan los incentivos para el mercado negro de cigarrillos, el cual representa hoy un cuarto de todos los productos de tabaco consumidos en el país. Esperamos una evaluación completa e independiente para estas regulaciones arbitrarias e innecesarias”, afirmó.
El juicio se entabló a partir de una denuncia de la tabacalera que entiende que Uruguay violaba múltiples provisiones del Tratado Bilateral de Inversión que Uruguay mantiene con Suiza. Con el objetivo de atraer inversión extranjera, Uruguay firmó más de 20 Tratados Bilaterales de Inversión, bajo los cuales asumió compromisos respecto a los derechos de propiedad intelectual y aplicación de la ley. Para Philip Morris, Uruguay impuso restricciones “extremas e innecesarias” al tabaco.