Piden procesamiento de subcomisario Ricardo Zabala por asesinato de Cecilia Fontana de Heber

En uno de los crímenes emblemáticos de la dictadura, Fontana, madre del actual senador Luis Alberto Heber, murió al beber de una botella de vino envenenado que le llegó de regalo a esposo, Mario Heber. Otras dos botellas, también con veneno letal, le llegaron a Luis Alberto Lacalle Herrera y a Carlos Julio Pereyra, integrantes en aquel entonces de la dirección del Partido Nacional.

“Existen elementos de convicción suficientes para sostener prima facie que Juan Ricardo Zabala Quinteros resulta responsable en calidad de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la reiteración y especialmente agravado por la premeditación y la utilización de veneno”, dice el extenso dictamen fiscal.

Perciballe asegura que Zabala integró un “grupo de conjurados” que buscó eliminar a “tres reconocidos opositores al régimen dictatorial”, con el objetivo de frustrar contactos y negociaciones que existían entre militares más moderados y políticos tendientes a buscar una salida a la dictadura.

En su dictamen, el fiscal reconstruye que tanto Heber, como Lacalle y Pereyra, eran espiados y seguidos por los servicios del régimen.

La prueba decisiva para pedir el procesamiento de Zabala es que tres huellas dactilares suyas fueron halladas ya en 1978 en una de las botellas, justamente la que mató a Fontana.

El hallazgo fue hecho por la Policía Técnica, pero no se incorporó al expediente judicial. Por el contrario, se ocultó ese dato central. Esos folios con el relevamiento de huellas hecho por la Policía Técnica recién fueron hallados en 1988, cuando el caso fue reabierto por un nuevo juez, ya recuperada la democracia.

Dice el dictamen de Perciballe sobre Zabala:

“Sus huellas dactilares constan en la botella de la que a la postre bebiera la Sra. María Cecilia Fontana. Y la existencia de éstas no responden a un error en la manipulación de las botellas, por cuanto, en la que se encontraron sus rastros nunca pasó por la Dirección de Narcóticos donde él cumplía funciones. Ergo, debió manipularla antes del atentado”.

Analizando declaraciones hechas en la actual y en anteriores investigaciones del caso, así como en documentos desclasificados por Estados Unidos y trabajos periodísticos, Perciballe concluye que existió un complot para descabezar a la cúpula opositora del Partido Nacional y que éste fue encabezado por los responsables del entonces temido Servicio de Inteligencia de Defensa (SID)

“No cabe lugar a dudas de que quienes estuvieron detrás de los hechos fueron el general Amauri Prantl (ex director del SID) y José Gavazzo (ex jefe del Departamento III del SID y adjunto a la dirección), así como el director de la DNII Víctor Castiglioni y sus hombres de confianza, el comisario Hugo Campos Hermida y subcomisaro Juan Ricardo Zabala Quinteros”.

Zabala prestó servicios en el SID, bajo órdenes de Gavazzo. En 2012 fue procesado por el asesinato y desaparición forzada del maestro Julio Castro en 1977. El agente admitió haber apresado a Castro cuando prestaba funciones en el SID. Su procesamiento, sin embargo, fue revocado por un Tribunal de Apelaciones en 2014 que entendió que no existían pruebas que lo vincularan con la posterior ejecución del maestro.

Prantl, Gavazzo, Campos Hermida y Castiglioni ya fallecieron.

Campos Hermida fue quien llevó adelante la investigación policial del caso de los vinos envenenados al momento del atentado, a pesar de que era jefe de Narcóticos y no de Homicidios. Su investigación estuvo plagada de omisiones y errores, entre ellos el “extravío” la de la investigación de la Policía Técnica sobre huellas dactilares.

Perciballe cree que todavía hay otros responsables vivos, además de Zabala.

“Es obvio que con estos también actuaron otros funcionarios de la DNII que declararon en autos, pero al presente, respecto de estos las pruebas incorporadas no nos permiten solicitar responsabilidades, por lo que a sus efectos la indagatoria debe continuar. De igual modo tampoco se descarta la intervención de civiles, fundamentalmente quienes se encontraban vinculadas a la publicación Azul y Blanco”.

Dicha revista nucleaba a su alrededor a un núcleo nacionalista ultraderechista filo nazi. Poco antes del atentado, el sobrino de uno de sus integrantes de nombre Celio Riet, compró grandes cantidades de Fosdrín, el veneno que contenían las botellas.

Riet, ya fallecido, nunca fue llamado a declarar.

Tras la acusación de Perciballe, la defensa de Zabala reclamó que el caso sea clausurado por entender que la causa ya prescribió. Pero la jueza Silvia Uriose desestimó el pedido por encontrarlo improcedente.

Ante esto, la defensa de Zabala interpuso un reclamo de inconstitucionalidad que obliga a una pausa en las actuaciones hasta tanto sea analizado por la Suprema Corte de Justicia.

El abogado de la familia Heber, Javier Barrios Bove, dijo a El Observador que tienen "fe  en la Justicia" y ahora tendrán que esperar "un poco más" por su pronunciamiento, dado el recurso ante la Suprema Corte.