Policía suma peso dentro de Interior y tendrá a la Guardia Republicana y Bomberos bajo su cargo

Hasta, la Republicana, Bomberos y la Policía eran tres direcciones que estaban en la misma jerarquía y que dependían directamente del ministro del Interior. 

De esta forma, se aumentan las potestades de la Policía que hoy dirige Diego Fernández. En el caso de la Guardia Republicana, también se establece la escala de división de personal. 

En materia presupuestal, se le asignó una partida de $650.000.000 (unos US$ 16 millones) para el incremento salarial de los policías. Tanto el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como el presidente, Luis Lacalle Pou, se habían comprometido a hacer lugar al reclamo gremial que pedía un aumento salarial. Entienden que es otra forma de "respaldar a la Policía".

En entrevista con El Observador, presidenta del sindicato policial (Sifpom), Patricia Rodríguez, expresó que "de apoyo moral no vive el policía" y que el respaldo del gobierno debía traducirse en presupuesto.. 

Por otra parte, otro artículo plantea que se incorporen 171 agentes para cumplir funciones en el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. De esos, 60 serán bomberos, 51 cumplirán funciones en la Dirección Nacional de Migración y 60 serán administrativos. Para oficiar como bomberos en la tarea de prevención y combate de fuego y siniestros, se dispone el ingreso de 100 agentes. Además, piden el ingreso de 700 policías. Estos dos últimos puntos también eran reclamos gremiales. 

• Se deroga la potestad de la Dirección Nacional de la Educación Policial de otorgar habilitación, brindar capacitación y asesoramiento a las instituciones de formación en seguridad privada. También dejará de supervisar e inspeccionarlas. 
• Los policías retirados que pidan habilitación para ser guardias de seguridad con armas estarán exceptuados de presentar el requisito de escolaridad previsto.
• No será preceptivo el pronunciamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil en los sumarios administrativos por ineptitud física o síquica a funcionarios. 
• Todos los vehículos incautados en procesos judiciales que no estén vinculados a los estupefacientes pasarán a utilizarse en el Ministerio del Interior. 
• Dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, se crea el cargo del Director Nacional de Supervisión de la Libertad Asistida, que dependerá del director del INR. Al momento existe la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que ahora tendrá rango de dirección. 
• Se aumenta la pena mínima por el delito de asistencia a las irregularidades vinculadas al lavado de activos. Antes era de 12 meses y pasará a hacer de dos años, aunque también se agrega la posibilidad de que la pena se cumpla en régimen de libertad a prueba. 
• Se dispone una partida presupuestal de $202.000.000 (unos US$ 5 millones) para la construcción de la cárcel en el departamento de Artigas. 
• Se explicita que las personas ocupando de forma indebida el espacio público pueden ser conducidas por una autoridad nacional, departamental o municipal a la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social.