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Por qué aumentaron los delitos en Canelones

Homicidios crecieron 325%, rapiñas 100% y hurtos 30,8%

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17 de agosto de 2018 a las 14:00

Las cifras de delitos del primer semestre de 2018, que mostraron un aumento sin precedentes a nivel nacional, fueron particularmente inclementes en Canelones, donde el número de homicidios creció 325% (de los ocho registrados entre enero y junio de 2017 a los 26 en el mismo período e este año), las rapiñas aumentaron 100% (de 1.082 a 2.165), y los hurtos lo hicieron 30,8% (de 8.786 a 11.490). Estos datos, muy por encima de los incrementos registrados a nivel nacional, donde los homicidios aumentaron 66,4%, las rapiñas 55,8% y los hurtos 26,9%, llevaron a la Jefatura de Canelones a elaborar un informe para intentar explicar las razones de esta diferencia.

Si bien ese trabajo no está terminado, una fuente policial dijo a El Observador que a la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal desde el 1° de noviembre –la razón esgrimida por el Ministerio del Interior para explicar el aumento del delito a nivel nacional -, se suma el desarrollo de nuevos asentamientos irregulares en el departamento. Esta situación, que preocupa a las autoridades de la comuna, está afectando fundamentalmente a Las Piedras, Progreso, Toledo, San Luis y Ciudad de la Costa.

En las Piedras, por ejemplo, hay tres asentamientos de larga data, que han visto en el último tiempo la llegada de nuevos vecinos, como Cofrisa, Villa Ilusión y Santa Isabel, y uno, Las Torres, que en los últimos diez años se desarrolló con rapidez y en el que viven unas 200 familias.

El alcalde de Las Piedras, Gustavo González, dijo a El Observador que el aumento de los delitos en la zona se debe a la llegada de "gente de Montevideo que por diferentes motivos han estado más cercados por la policía en la capital", y que buscan en Canelones la posibilidad de continuar sus actividades delictivas con menor presión de las autoridades.

"No puedo decir que asentamiento está ligado a la delincuencia, pero (a los delincuentes) les es más fácil trabajar desde un asentamiento", reconoció González.

En el mismo sentido, el alcalde de Progreso, Javier Petrocelli, dijo que si bien el municipio a su cargo no sufrió un aumento en el número de familias que vive en asentamientos, el Municipio de 18 de Mayo que queda justo al lado sí lo hizo. "El aumento de la delincuencia en el departamento es producto de ese delincuente oportunista al que fueron echando de la capital y se vinieron para acá porque no teníamos las cámaras que ahora sí tenemos", opinó.

Por otra parte, otro de los puntos críticos identificados por la Jefatura de Policía de Canelones es Toledo, donde en los últimos dos años comenzaron a instalarse asentamientos irregulares en predios privados ubicados cerca de la ruta 33 a la altura del kilómetro 23. El alcalde de este municipio, Álvaro Gómez, dijo que ha sido "grandísima" la llegada de gente a este lugar, donde se estima que viven unas 50 familias.

Gómez dijo a El Observador que algunos de los nuevos pobladores son ex presos o familiares de estos y que la situación de inseguridad que vive la zona está relacionada con su llegada. Además, aseguró que aunque la Intendencia ha intentado desalojarlos, no han podido hacerlo ya que los dueños de los terrenos en ocasiones han actuado en complicidad con los ocupantes.

"Los mismos dueños promueven la ocupación cuando se quieren deshacer de un terreno, y como no lo pueden fraccionar porque es zona rural, lo venden informalmente", explicó.

A raíz del aumento de robos, varios vecinos de Toledo decidieron salir a patrullar las calles con chalecos antibalas. Esas patrullas fueron desactivadas luego de que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, las desaconsejara, pero los vecinos de la zona siguieron tomando acciones por su cuenta. A finales de julio, un grupo de vecinos de Casarino (una localidad ubicada dentro del Municipio de Toledo) capturó y le dio una golpiza a un delincuente luego de que asaltara una pollería de la zona. Tres de ellos fueron sancionados penalmente, aunque ninguno enviado a prisión.

La Costa de Oro, otra de las zonas consideradas claves por la Jefatura, no está ajena a esta situación. En San Luis, al norte de la ruta Interbalnearia, en los últimos dos años se instaló un asentamiento formado por personas que llegan de distintas urbanizaciones irregulares de Montevideo.

Ante los reclamos de vecinos de esta localidad en la que residen casi 2.000 personas (según el censo de 2011), el presidente de la república, Tabaré Vázquez, (quien además veranea en el lugar) decidió visitar el balneario en mayo de este año. El mandatario ordenó que los ministerios de Vivienda y de Desarrollo Social atiendan la situación de los asentamientos de la zona y pidió mantener la presencia de la Guardia Republicana en el lugar que fue instalada ese mismo mes.

Pese a estas medidas, el 1° de agosto un retirado militar de 65 años fue asesinado en su casa, en el marco de un copamiento.

Más policías y patrullaje

Según dijo una fuente de Jefatura de Policía de Canelones, en los próximos diez días el departamento recibirá un refuerzo de personal con efectivos recién recibidos de la escuela de policía. Hasta el momento no está claro cuántos serán designados, pero su tarea estará centrada en aumentar el patrullaje en algunos de los puntos calves del departamento como Toledo, Las Piedras, Progreso, San Luis, o la Ciudad de la Costa.

Desde la policía aseguran que entre junio y julio se logró detener el crecimiento que venía registrándose en meses anteriores (comparando los datos con el mes anterior). El objetivo fijado por la jefatura en primera instancia es el de contener el aumento mostrado por las últimas cifras, para recién ahí fijarse la meta de bajarlos.


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