Hace casi dos años que el nuevo Precio de Paridad de Importación (PPI) está operativo y durante este período atravesó varias pruebas de estrés. ¿Cumple la herramienta su función? ¿Logra anclar los precios locales a los precios internacionales? ¿Cuánto incide la discrecionalidad del gobierno desde su implementación?
En pocas palabras, el PPI es un ejercicio teórico que otorga un precio de referencia: el valor de los combustibles refinados como si fuesen importados. Le dice a Ancap: “si se obviara tu proceso exclusivo de refinación y se trajeran los productos para su venta al público, el precio sería este. No deberías estar muy lejos”.
Ese valor teórico, elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), es uno de los datos que observa el Poder Ejecutivo para resolver, mes a mes, qué precio máximo de venta al público tendrán los combustibles durante los siguientes 30 días. El otro elemento fundamental que se incorpora en la ecuación son los números de Ancap, y es esta la variable que le otorga mayor o menor juego de cintura al gobierno.
Así fue en el último tiempo, en buena medida por los excepcionales márgenes de refinación que recogió el ente tras la recuperación de la pandemia, el impacto del tipo de cambio y los resultados positivos de algunos de sus negocios. De hecho, Ancap informó recientemente que en 2022 perdió de ganar 236 millones de dólares porque los precios de los combustibles que decretó el Poder Ejecutivo no se acoplaron al PPI, perdiendo finalmente 10 millones de dólares en el mercado monopólico de combustibles. Esa pérdida, en un mercado de 4.000 millones de dólares, es ínfima en términos contables.
Un primer nivel de lectura posible es celebrar que los precios promedio no hayan sido más altos gracias al colchón del ente, lo que está bien (bolsillos agradecidos, seamos honestos); pero un segundo nivel de lectura puede apuntar al uso discrecional de la herramienta, que en función de las circunstancias ha implicado la suba o baja cruzada de precios más allá de la referencia.
“Lo mejor es que se empiece a priorizar no tocar la paridad entre los distintos productos porque te perdés la oportunidad de ajustar a la suba y a la baja. (…) Si vos te quedas pegado a la paridad, quizás un mes subías pero al mes siguiente quizás bajabas, y eso le hace mucho mejor al sistema, le da mucha más credibilidad y hace al instrumento transparente porque ya pasamos la etapa de introducir una metodología desconocida y el mercado internacional se muestra un poco más normal como para que los ajustes no sean traumáticos de un mes a otro”, me dijo el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.
Uno de los argumentos principales para aplicar el nuevo PPI fue lograr una mayor sintonía entre los precios del crudo en el mercado internacional y los precios al público en el mercado local, dejando de ser los combustibles una variable de ajuste ante el desafío de turno: la inflación, el déficit fiscal, inversiones para las cuales no hay caja o los préstamos son onerosos, o números en rojo del ente que otrora acarrearon sobreprecios.
¿Hay entonces ocasiones en que se justifica la discrecionalidad y otras en que no? ¿Cuánta flexibilidad soporta la herramienta? El punto de equilibrio parece estar claro para una fuente técnica cercana al Ministerio de Industria Energía y Minería: “Ancap no debería perder plata y a la población no se le debería cobrar más dinero”. Con la referencia de Ursea y los números del ente sobre la mesa, el gobierno decide “en función del escenario” y no en base a los números fríos, explicó.
“Al tener una referencia pública con una metodología atrás, uno puede componer precios con una transparencia total e impone presión a que no se puede estar muy por encima del PPI, porque hay una regla que medimos todos los meses”, dijo. “Antes, ante cualquier evento ANCAP llamaba al presidente y le decía que había que subir o bajar (los precios). Esto permite reducir al mínimo posible la discrecionalidad, pero discrecionalidad hay”, agregó.
Desde la oposición no se cuestiona el valor de transparencia del instrumento, pero sí su metodología de cálculo, lo que podría arrojar un PPI más alto. Lo cierto es que, tanto desde el oficialismo como desde la vereda opuesta señalan que la herramienta que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) es perfectible.
Pero mientras la oposición marca que no es correcta la referencia de precios del bioetanol de Brasil ni del biodiesel de Argentina, el oficialismo apela a que ya se considera un precio ponderado para Uruguay; mientras se reclama integrar el costo de los alijes, se responde que no es una práctica generalizada y que se podría recurrir a un llamado a precios de ser necesario.
“No refleja adecuadamente los costos de transacción internos y todos los costos asociados a la economía uruguaya”, me dijo bajo condición de anonimato una fuente del Frente Amplio, preocupada por la implementación de un precio libre de los combustibles, que dejaría en desventaja a los pequeños consumidores del interior. “Los grandes consumidores, los del campo, negocian precios, pero para el peón rural que va con su motito Honda 50, va a ser el combustible más caro del país”, dijo.
¿Tendrá impacto la parada técnica de la refinería?
Probablemente hayan quedado atrás los peores vaivenes para el PPl en el corto plazo, que desde el inicio estuvo expuesto a varias pruebas de estrés fijadas por la coyuntura internacional: en julio de 2021 -cuando se actualizó- el mundo aún estaba sacudido por la pandemia y, como si fuera poco, más tarde se sumó la incertidumbre y volatilidad de los precios por la invasión de Rusia a Ucrania.
La próxima prueba de estrés, ya no para el PPI sino para Ancap, será la parada técnica programada en la refinería de La Teja para setiembre, que implicará un mínimo de cuatro meses de inactividad. Eso quiere decir que el ente, además de los 70 millones de dólares que pagará por los trabajos de mantenimiento, tendrá un lucro cesante por no refinar combustibles. A esto se suma que los márgenes excepcionales de 55 dólares por barril que había obtenido, poco a poco irán normalizándose.
En suma, no podemos anticipar qué sucederá con los precios internacionales, aunque se advierte una reducción de la oferta de los países productores y habrá que observar qué ocurre con la demanda, pero quizás sean los números de Ancap los que ahora le otorguen menor flexibilidad al Poder Ejecutivo cuando deba decidir en el futuro cuánto se acopla o desacopla del PPI.
