¿Qué le reclamaba la DGI a Casal?
Preguntas y respuestas para entender el enfrentamiento de la DGI con Casal
¿Qué le reclamaba la DGI a Casal? ¿Qué resolvió la Justicia? ¿Cómo se dio vuelta el caso?
29 de agosto de 2012 21:47 hs
En 2008 la DGI, a cargo de Nelson Hernández, pidió a la Justicia trabar embargo sobre el empresario Francisco Casal y otros contratistas para cobrarles el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), por las transferencias de jugadores al exterior entre 1998 y 2007.
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¿Qué resolvió la Justicia?
La Justicia hizo lugar al pedido de la DGI y trabó embargo genérico por US$ 25 millones a Casal y a los contratistas Daniel Delgado, Jorge Chijane, José Herrera, Gonzalo Madrid, Carlos Aguilera, Sergio Hermida, al corredor de bolsa Ignacio Rospide y el contador del grupo Julio Szafran. Después la DGI fijó la deuda en US$ 300 millones.
¿Cómo se dio vuelta el caso?
Luego de que la Justicia Penal determinó que no hubo delito de defraudación tributaria por parte de Casal en julio de 2009, la defensa de Casal planteó que si no hay delito de defraudación no puede haber condena civil. La Justicia entendió que no se procedió con engaño y que la omisión estuvo motivada por lo que los asesores le informaban. En octubre de 2010 el contratista presentó un recurso de revocación y jerárquico y el MEF le dio vista al fiscal de gobierno Miguel Toma. Casal fue al TCA.
¿Qué opinó el fiscal de gobierno?
Toma recomendó realizar una consulta técnica independiente para determinar si la actividad empresarial se encuentra o no gravada por IRIC y por ende si esa actividad se ve comprendida por IVA e Impuesto al Patrimonio. También pidió que se le informara si la actuación de la DGI había sido la correcta.
¿Qué dijo la consulta técnica?
El especialista Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules, –a pedido del MEF– concluyó que no se configuró defraudación tributaria y señaló que Casal, asesorado por expertos, estaba “convencido” de que no debía pagar impuestos, por lo que “no puede ser imputada infracción”. Además señaló que la prescripción de los tributos es de 5 años y no de 10 como planteaba la DGI. Toma concluyó entonces que existió una “inocultable desviación del derecho tributario formal y material”.
¿Qué hará ahora el gobierno?
A las opiniones de Albacete y de Toma, se sumó ahora la del otro fiscal de Gobierno, Daniel Borrelli, quien coincidió en que Casal no debe impuestos. El gobierno quedó embretado y se enfrenta a ser demandado por los contratistas, por lo que apuesta a una salida negociada.