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Prensa y opositores denuncian la detención de otro obispo católico en Nicaragua
Medios de comunicación nicaragüenses y activistas opositores en el exilio denunciaron la detención del obispo Isidoro Mora, a cargo de la diócesis de Siuna, a unos 300 kilómetros al noroeste de Managua, la capital del país, detención que según comunicaron se concretó cuando oraba por monseñor Rolando Álvarez, un crítico del gobierno de Daniel Ortega condenado a 26 años de prisión.
Aunque la Policía de Nicaragua no se refirió a la denuncia, opositores en el exilio en Costa Rica y Estados Unidos reportaron la detención, entre ellos, la abogada Martha Molina, investigadora de asuntos de la Iglesia nicaragüense, exiliada en Estados Unidos, quien dijo que la Policía lo detuvo junto a dos seminaristas en el municipio La Cruz de Río Grande.
Medios como La Prensa, El Confidencial y 100% Noticias, que trabajan desde Costa Rica, dijeron que Mora fue detenido después de que el martes manifestara en una misa en Matagalpa, de cuya diócesis es obispo Álvarez, que los miembros de la Conferencia Episcopal están "siempre unidos orando por monseñor Rolando".
Mora, de 53 años, era vicario general en Matagalpa antes de ser nombrado obispo de Siuna en abril de 2021. Por su parte Álvarez, de 57 años, fue arrestado en agosto de 2022 y condenado el pasado 10 de febrero bajo cargos de traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato, un día después de que rechazara marcharse a Estados Unidos junto con 222 opositores presos expulsados del país.
La denuncia sobre la detención de Mora se conoce poco después que las relatorías de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) calificaran la condena a Álvarez como “arbitraria” y pidieran su "inmediata e incondicional" libertad.
El gobierno respondió argumentando que "cumple los protocolos de atención médica" del obispo y que éste goza de condiciones "preferenciales" de reclusión. Álvarez prefirió la cárcel al exilio. En julio estuvo libre unas horas, pero volvió a prisión tras rechazar irse del país.
Tampoco estuvo entre los 12 sacerdotes liberados en octubre último y enviados a Roma tras un acuerdo del gobierno con el Vaticano, por lo que era hasta ese momento el único obispo encarcelado en Nicaragua.
Nicaragua endureció las leyes sobre las ONG’s y cerró casi 3.500, entre ellas organismos y órdenes religiosas, tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Una investigación de Molina detalla que desde 2018 hubo 740 ataques contra la Iglesia y que 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsados, desterrados o se les prohibió ingresar al país.
“Nicaragua se aleja cada vez más del Estado de derecho y, en particular, de las libertades fundamentales, agravando el sufrimiento de la población, alimentando el éxodo de los jóvenes y socavando el futuro de las instituciones democráticas", advirtió la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif.
El miércoles 20 de diciembre, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el fin de su misión humanitaria en Nicaragua "a petición" del gobierno del país, cuyo Parlamento, controlado por Ortega, aprobó en mayo pasado por unanimidad la disolución de la Cruz Roja, activa en Nicaragua desde 1931, bajo el argumento de haber violado la neutralidad al apoyar manifestaciones antigubernamentales.
(Con información de AFP)
