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Presidenta de la Corte a los senadores: “Dejen tranquilos los salarios del Poder Judicial”

Minvielle dijo que cada vez que tocan los salarios los “desfavorecen” y agregó que “teme” por conflictos que se puedan generar si se aprueba el Presupuesto tal como está redactado

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05 de noviembre de 2020 a las 05:02

Los salarios del Poder Judicial están en la agenda mediática desde hace varios años. El conflicto que se desató al aprobarse el Presupuesto del gobierno de José Mujica en 2010 todavía está vigente y ahora el proyecto de este Poder Ejecutivo vuelve a poner el tema en el centro del debate. 

Las autoridades del Poder Judicial mostraron su descontento con el texto enviado por el gobierno y adelantaron que de no modificarse se generarán conflictos. Incluso, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, pidió que “dejen tranquilos” los salarios del Poder Judicial. 

“Solicitamos que dejen tranquilos los salarios del Poder Judicial y que no los toquen más porque, ya sea que nos excluyan o que nos pongan dentro, siempre nos desfavorecen. Eso es lo que digo”, planteó en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Senadores según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador

Para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es una “ficción” intentar equiparar los salarios de los ministros de Estado con los de los ministros de la Corte y recordó que los jerarcas de gobierno son designados políticamente y que el cargo “no requiere de una formación especial”. 

“Generalmente, el cargo de ministro de Estado sirve de plataforma de lanzamiento para otros cargos –legítima, por supuesto-, que pueden ser de igual o mayor envergadura política”, aseguró ante los senadores. 

Al cargo de ministro de la SCJ, señaló Minvielle, se llega luego de 30 o 35 años en el ejercicio de la judicatura y con venia del Parlamento. La presidenta agregó que el texto “desconoce”, al tratarlo como “un inciso más”, que el Poder Judicial “es parte del Estado de Derecho” y destacó que los magistrados están obligados a la dedicación “total y exclusiva”. 

Específicamente lo que solicitó Minvielle es que se excluya al Poder Judicial del inciso décimo del artículo 4 del proyecto de Presupuesto. Ese pasaje establece que los salarios superiores a los de un ministro de Estado ($ 276.795) no tendrán ajustes salariales entre 2021 y 2024. 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia cobran $ 317.795 nominales por mes, según información proporcionada a El Observador por la Oficina Nacional de Servicio Civil en una respuesta a una solicitud de información pública. 

De esta forma, tanto los ministros como algunos magistrados no recibirán aumentos salariales durante todo el período. El problema, tal como informó El Observador, es que los funcionarios del Poder Judicial tienen sus salarios enganchados por lo que al congelar unos se congelarían todos. 

“Si congelamos la retribución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia estamos congelando todas las retribuciones de los magistrados del Poder Judicial (…). Consideramos que la equiparación que se nos pretende realizar con los ministros de Estado es simplemente una ficción”, aseguró. 

En ese marco, la presidenta de la Corte aseguró que “teme por conflictos” que se puedan generar que son “muy desgastantes y desfavorecedores para el Estado”. 

La Cámara de Diputados comenzó a solucionar el conflicto de los funcionarios judiciales que se arrastra desde el gobierno de Mujica. Sin embargo, la solución acordada en la cámara baja deja por fuera a los defensores públicos y a los jueces. 

Esta decisión se tomó debido a que ambos grupos acordaron por ley un aumento del 14% en vez del 26,03% que les correspondía. De todos modos, la intención de los diputados es incluirlos en futuras rendiciones de cuenta. 

Pero algunos senadores pretenden modificar esto. El colorado Tabaré Viera declaró a El Observador que está trabajando en una fórmula para integrar a los jueces y a los defensores públicos en la fórmula acordada. 

El conflicto se originó cuando en el Presupuesto votado en 2010 se incrementó el salario de los ministros de Estado sin tener en cuenta que los ministros de la Suprema Corte están equiparados constitucionalmente a los primeros y, a su vez, los ministros de la Corte están enganchados con el resto de los funcionarios judiciales. 

Violencia de género

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa en la comparecencia de las autoridades de la Suprema Corte de Justicia ante la comisión del Senado fue los recursos necesarios para poner en marcha los juzgados especializados en violencia de género. 

Tras un pedido de la vicepresidenta Beatriz Argimón, la Cámara de Diputados resolvió reasignar una serie de partidas para poner en funcionamiento tres juzgados de esta materia en el interior del país. Estos juzgados fueron creados por la ley integral contra la violencia de género en la administración anterior pero hasta ahora no habían recibido los recursos necesarios. 

La financiación de los gastos de funcionamiento de estas nuevas sedes saldrá de una partida que estaba destinada a “implementación progresiva del expediente judicial electrónico”. Al reasignarse, este proceso se verá enlentecido y, además, se trata de una partida variable lo que genera cierta incertidumbre en el Poder Judicial. 

Se trata de un dinero que saldrá de lo que el Poder Judicial recaudará a partir de la publicación de edictos y que en ese rubro está en competencia con “los periódicos de circulación departamental” más allá de que la publicación en el Diario Oficial es obligatoria. 

“El usuario, para publicar el edicto, va a poder elegir entre el Poder Judicial o un periódico de circulación local”, dijo el director general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Luis Marcelo Pesce. 

Por lo tanto, el Poder Judicial reclama que se “prevean” los gastos de funcionamiento de esas tres nuevas sedes para los primeros tres años. Eso requeriría una partida de $ 4,5 millones. Los representantes del Poder Judicial también reclamaron unos $ 200 millones para remodelar un edificio comprado en Montevideo donde deberían funcionar las sedes especializadas en esta materia en la capital.

Si bien todavía no está definido, los juzgados del interior podrían estar uno en Rivera y otro en Cerro Largo en base a los números de denuncias que maneja la Justicia mientras que quedaría un tercero por determinar. Lo que es seguro es que los tres juzgados estarán al norte del río Negro, informaron. 
 

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