La fiscal de Operación Océano, Darviña Viera, apeló la decisión de la Justicia de otorgar prisión domiciliaria al único de los 33 imputados de este caso que hasta el momento se encontraba en la cárcel, porque entiende que de esta forma hay "riesgo" de que el hombre se escape y genere daños a alguna de las 20 víctimas identificadas en la indagatoria hasta el momento.
La decisión fue tomada por la jueza Beatriz Larrieu en una de las audiencias por esta causa que se hicieron este martes, y en la que se discutió si había méritos para que este imputado –de nacionalidad paraguaya y acusado de proxenetismo, entre otros ilícitos– continuara en prisión a la espera del desarrollo de la investigación.
"Hay riesgo para las víctimas, sobre todo para una cuya declaración todavía no hemos logrado", dijo la fiscal a El Observador. "Y también hay riesgo de fuga, porque sabemos que esta persona tiene negocios en otro país", agregó.
La jueza Larrieu entendió, por el contrario, que no había méritos para mantener la medida cautelar, y en la audiencia le dijo a Viera que tampoco había podido determinar "avances en la investigación", según señalaron fuentes judiciales.
En diálogo con Montevideo Portal, la magistrada detalló que Viera "no relacionó cuáles son las evidencias que han agregado en este tiempo respecto del imputado". "Por otro lado, es el único imputado que está preso, por lo tanto el riesgo hacia las víctimas también existiría en relación a los otros y ninguno está con prisión preventiva", declaró la jueza.
El hombre en cuestión tiene 48 años, y quedó bajo régimen de prisión domiciliaria total, con tobillera electrónica. Fue imputado en junio del año pasado, en esa instancia con prisión preventiva porque la Justicia sí entendió entonces que el indagado podía tener facilidades para irse del país mientras se desarrollaba la investigación. Además fue el primer denunciado por una de las adolescentes y los investigadores del caso tienen indicios de que su participación en los delitos podría ser mayor a la de otros imputados ya que oficiaba de intermediario para obtener beneficios económicos de la explotación sexual.
También está acusado de un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real, con reiterados delitos de proxenetismo y delitos previstos en el artículo 277 bis del Código Penal que hacen referencia al contacto a través de internet con menores de edad "para cometer un delito contra su integridad sexual".
