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El gobierno de Luis Arce ordenó recapturar a 51 femicidas

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Procesan y destituyen a jueces y fiscales por la liberación irregular de femicidas

Son por lo menos 15 jueces y ocho fiscales investigados por la liberación irregular de 51 violadores y femicidas, de los cuales ya fueron recapturados 21

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04 de junio de 2022 a las 13:47

Una comisión interinstitucional, encabezada por el gobierno del presidente Luis Arce, revisó los casos de femicidas y violadores liberados por la Justicia boliviana, tras lo cual ordenó la captura de 51 de ellos y promovió el procesamiento de al menos 15 jueces y ocho fiscales por irregularidades.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, durante una conferencia de prensa realizada ayer en la casa de Gobierno en la ciudad de La Paz, hizo un balance sobre el trabajo de la comisión – realizado en los últimos cuatro meses – e informó que en 15 de las 18 cortes se encontraron irregularidades, por lo que los operadores judiciales enfrentaron procesos por las vías penales y administrativas.

Prada detalló que al menos diez jueces penales fueron destituidos y el resto afronta cargos por indisciplinas, al tiempo que ocho fiscales fueron depuestos de su cargo. 

Asimismo, pormenorizó que los resultados de la auditoría revelaron que en al menos 327 procesos judiciales de tres etapas fueron detectadas irregularidades.

Esta comisión - conformada por el Poder Ejecutivo, el Judicial y la Defensoría del Pueblo - comenzó a trabajar el pasado mes de febrero a solicitud del presidente Luis Arce, tras el escándalo de la liberación de un violador y asesino serial luego de ser sentenciado a 30 años de prisión.

Hasta el momento al menos 21 femicidas y violadores fueron recapturados, pero restan 30 pues fueron 51 las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía.

La ministra destacó la importancia de la comisión, así como los precedentes que deja con el fin de evitar que femicidas sentenciados sean liberados. Un ejemplo de estos precedentes es la interconexión de los sistemas de registros judiciales, de la Fiscalía y de las penitenciarías para conformar una base de datos única.

Asimismo, es importante la propuesta de modificación para las penas del delito de prevaricato que aumenta de 10 a 20 años de privación de libertad, la cual se encuentra todavía a consideración del Parlamento.

El Ejecutivo ha intentado en varias ocasiones sentar las bases para una reforma judicial que aún no termina de concretarse, en un contexto donde Bolivia es una de las naciones más violentas respecto a la violencia machista.

La Fiscalía boliviana identificó hasta los primeros días de mayo de este año unos 34 feminicidios, de los cuales la mayoría de los casos fueron perpetrados por parejas o excompañeros de las víctimas.

(Con información de agencias)

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