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Proyecto de ley de urgencia ingresó al Parlamento: "¡Cumplimos!", afirmó Lacalle

El mandatario agradeció especialmente al responsable de la redacción, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés 

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23 de abril de 2020 a las 17:35

El Poder Ejecutivo remitió este jueves al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración, luego de haber hecho llegar a los legisladores de todos los partidos el contenido del documento hace dos semanas. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que fue enviado mediante su cuenta de Twitter y con un agradecimiento especial a Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia y responsable de la redacción del proyecto. 

 "También agradezco a los políticos y técnicos de los partidos políticos por sus aportes. ¡Cumplimos!", tuiteó el mandatario luego de que el proyecto de 502 artículos llegar a manos de la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Beatriz Argimón. 

El documento ingresó por el Senado y se votará una comisión especial para su tratamiento, que estará compuesta pro 15 miembros, ocho del oficialismo y siete de la oposición. 

Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el escrito tiene 45 días para tratarlo y votarlo. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó.

Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para su promulgación, que significa que la ley entra en vigencia en un máximo de 100 días. 

Lacalle había anunciado la creación de un proyecto de ley de urgente consideración durante la campaña electoral y fue una de sus banderas en la carrera hacia la Presidencia. 

Los socios de la coalición ya anunciaron que discutirán aquellos temas en los que no estén de acuerdo y que no fueron incluidos en el documento firmado antes del balotaje, llamado Compromiso por el país. 

Pese a que en principio se entendía que el plazo perentorio regiría a partir del 5 de mayo, cuando se realizara la primera sesión ordinaria del Senado y se diera trámite al tema, finalmente se definió que el reloj comenzará a correr a partir de este viernes.  Así lo confirmó el senador nacionalista Gustavo Penadés, quien señaló que si bien otras leyes con plazos perentorios (como las de Presupuesto o Rendición de Cuentas) cuentan a partir del ingreso a la cámara, en el caso de los proyectos de urgente consideración el plazo corre al día siguiente de recibido por el Poder Legislativo. 

Los senadores de la coalición se reunieron este jueves con la vicepresidenta Beatriz Argimón para coordinar el trabajo del proyecto. A la salida del encuentro, Penadés dijo que la nueva interpretación salvaguarda a la futura ley de eventuales acciones de inconstitucionalidad por errores en su tratamiento.

El Frente Amplio, que entiende que el mecanismo es inconstitucional por abarcar una extensa cantidad de temas, planteará quitarle el carácter de urgente consideración aunque sabe que no cuenta con los votos para que ello prospere.

Exposición de motivos

Todos los proyectos de ley llegan al Parlamento acompañados de un documento que resume los planteos de la normativa presentada. Sección por sección, se detallan las principales modificaciones e iniciativas del texto en un lenguaje más llano.

En seguridad, desde el Ejecutivo señalan que "las cifras demuestran que el Estado se ha vuelto ineficaz como garante de la seguridad de las personas" y que el articulado propuesto forma parte de una "visión" que trasciende el concepto de "seguridad pública" para incluir "la noción de seguridad ciudadana". Según dicen, esto se vuelve "esencial" cuando se requiere "un marco jurídico e institucional que respalde el accionar policial".

En lo referido a la educación, el texto es menos duro con las administraciones anteriores y despeja del camino la idea de un cambio radical sino que prefiere expresarse en términos más graduales. "El conjunto de artículos que refieren a la educación y a la cultura no constituyen una ley de alternativa a la Ley General de Educación vigente", dice. "La redacción de una nueva ley de educación no es una tarea que el gobierno se haya planteado en este momento", agrega más adelante.

LUC - Exposición de motivos by El Observador on Scribd

También argumenta con cifras que la normativa no es tan reformista como parece en esta área. Dice que esta ley urgente sólo deroga 12 artículos de la ley de educación mientras que asegura que esta otra ley de 2008, impulsada por el Frente Amplio, derogó 35 artículos de la ley establecida por los partidos tradicionales en 1985 ("una tasa de derogación del 70%).

En lo que a economía y empresas públicas respecta, el gobierno sostiene que las medidas que propone en la ley buscan "obtener" un "equilibrio perdido" y que esos "desequilibrios económicos, en particular los fiscales" a los que hace referencia, generan "efectos adversos" para el "prestigio del país" así como para la "calidad de vida de los ciudadanos".

"La historia de nuestro país es elocuente respecto a los graves problemas que se han originado al no lograrse mantener los equilibrios macroeconómicos en el pasado y, con especial gravitación, el incremento desmedido del gasto público, del déficit fiscal y del endeudamiento", afirma esta exposición de motivos.

Cuando el documento habla de la Ley de Inclusión Financiera sostiene que ha tenido "importantes problemas de implementación en el interior del país" y principalmente entre los "más vulnerables".

El texto también se refiere a un asunto que no genera acuerdos entre los socios de la coalición: la desmonopolización de ANCAP. Desde el gobierno argumentan que generarle un "mercado competitivo" a la empresa pública le "favorece la mejora de su funcionamiento". Y como señal de su argumento, ponen como ejemplo tres empresas públicas: la Administración Nacional de Correos (ANC), el Banco de Seguros del Estados (BSE) y la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) en lo que refiere a la generación de energía. 

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