El gobierno de Luis Lacalle Pou espera una respuesta de Argentina para poder avanzar con el dragado del puerto de Montevideo hasta llevarlo a los 14 metros.
Según supo El Observador a partir de fuentes políticas, a principios de mayo la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) respondió a las 29 objeciones que habían sido planteadas por la contraparte argentina.
Ahora, Argentina tiene un plazo de 30 días –que ya están corriendo– para expedirse. La fuente dijo que pueden realizar nuevas consultas.
El informante agregó que la respuesta fue elaborada por la Administración Nacional de Puertos (ANP) e incluye diversas cuestiones de orden "estrictamente técnico".
Entre ellas está un estudio de impacto ambiental definitivo que contiene la afectación sobre el canal Punta Indio como consecuencia de las operaciones de dragado y un estudio de evolución del tráfico mercante proyectado a 10 años.
También, el plan de dragado y las previsiones para garantizar la seguridad de la navegación ante las "interferencias que pudieran ocasionar los equipos".
Si bien el tema debe decidirse en la órbita de la CARP, en los últimos meses la discusión del dragado formó parte de conversaciones informales entre autoridades de ambas cancillerías cuando planificaron los temas de la reunión que Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández pensaban tener en abril.
Ese encuentro iba a tener como excusa los 50 años de la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, pero se postergó por cuestiones de agenda de los dos presidentes. La idea era que ese día los mandatarios pudieran anunciar un acuerdo político para habilitar el dragado.
También, a instancias del presidente de la delegación uruguaya en la CARP, el nacionalista Alem García, se planteó que el encuentro se realice en la isla Martín García.
La intención de dragar el puerto de Montevideo a 14 metros comenzó formalmente en noviembre de 2013, durante la administración de José Mujica. En ese entonces, la delegación uruguaya ante la CARP solicitó mediante una nota la profundización del canal.
El proceso de autorización recorrió su camino y en mayo de 2018 Argentina otorgó el consentimiento, pero recién en ese momento se constató un error clave.
Al momento de presentar el proyecto definitivo, la ANP y el MTOP mencionaron que la profundidad solicitada era de 13 metros en vez de 14. Y eso fue lo que autorizó Argentina.
En 2020, con Lacalle Pou en el gobierno, Uruguay comenzó nuevamente a recorrer el camino para presentar otra solicitud de profundidad.
Esa propuesta fue enviada en noviembre de 2022 y la primera respuesta llegó en febrero, cuando la delegación argentina presidida por Diego Tettamanti planteó que era necesaria "información complementaria" para definir.
En ese texto formuló las 29 consideraciones y señaló que la propuesta expuesta por la delegación uruguaya era “incompleta y resulta insuficiente para que la parte argentina se expida, por lo que se solicita a la República Oriental del Uruguay la información complementaria”.
El dragado, una vez que esté autorizado, costará unos US$ 100 millones y llevará 18 meses, según el presidente de la ANP, Juan Curbelo, en 2020.
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