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Putin evita que La Haya juzgue a rusos por crímenes de guerra
Rusia retiró firma del Estatuto de Roma que la sometía a la jurisdicción de corte internacional
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17 de noviembre de 2016 a las 05:00
En una decisión que puede aumentar la tensión entre Rusia y las potencias de Europa, y en medio de la incertidumbre sobre la posición que adoptará en política exterior el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno ruso retirará su firma del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI). La administración de Vladímir Putin considera que no es un tribunal "verdaderamente independiente", según anunció ayer la cancillería rusa en un comunicado.
Con su decisión de revocar su firma del documento, ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya por crímenes de guerra o genocidio, a menos que haya una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Rusia tiene derecho a veto.
En uno de los mayores conflictos de los últimos años, Rusia y China vetaron en 2014 la posibilidad de que se investiguen los crímenes cometidos en Siria. El gobierno ruso es aliado del régimen sirio y la comunidad internacional lo acusa de proteger al dictador Bachar Al Asad.
"El tribunal nunca cumplió con las grandes expectativas que generó y no se convirtió en verdaderamente independiente", dijo la cancillería rusa, que califica su trabajo de "parcial e ineficiente".
"En estas condiciones no se puede hablar de confianza con el CPI", por lo que el presidente Putin decidió "retirar la firma de este documento", agregó el comunicado.
Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, pero nunca lo ratificó, como sí hicieron otros 123 Estados, con las excepciones de Estados Unidos, China e Israel.
La jurisdicción penal internacional es la encargada de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
"Hemos retirado la firma, por lo que todas las obligaciones asociadas a ella quedan levantadas", dijo la vocera de Relaciones Exteriores del gobierno ruso, Maria Zajarova. "Ya no tenemos ninguna obligación", agregó.
Desconfianza
El gobierno ruso está especialmente enojado por la decisión de la CPI de investigar los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 2008 entre Rusia y Georgia.
Rusia cree que el tribunal no tiene en cuenta las agresiones contra los civiles de Osetia del Sur, una región separatista prorrusa.
El gobierno de Putin denunció que, al mismo tiempo, "las acciones y órdenes de los cargos públicos georgianos se dejó en manos de la Justicia georgiana, fuera del ámbito de la fiscalía de la CPI".
"Esta decisión habla por sí misma. En estas condiciones, difícilmente se puede hablar de confianza en la Corte Penal Internacional", concluyó la cancillería rusa.
En tanto, un reporte divulgado el lunes por la Oficina del Fiscal de la CPI enfureció todavía más al gobierno de Putin por referirse a la anexión de Crimea, que era parte de Ucrania, en el 2014 como un conflicto armado.
La fiscalía de la CPI indicó que existe información para considerar que la situación en Crimea "equivale a un conflicto armado internacional entre Ucrania y la Federación Rusa".
Algunos activistas de derechos humanos y funcionarios de Estados Unidos acusan al gobierno ruso de bombardear civiles, aunque Rusia lo niega.
Tiempos difíciles
Los reclamos sobre la corte internacional no llegan solo desde Rusia. El presidente de la Asamblea de Estados del Estatuto de Roma exhortó ayer en La Haya a tres países africanos a que no se retiren del acuerdo.
"No se vayan", dijo Sidiki Kaba, al inaugurar la edición número 15 de la Asamblea de Estados, dirigiéndose a Gambia, Sudáfrica y Burundi.
Fundada en 2002, el jerarca admitió que la "Corte vive tiempos difíciles" pero se mostró "optimista" en "las virtudes del diálogo constructivo", dijo Kaba, ministro de Justicia de Senegal.
El lunes pasado Gambia notificó oficialmente a las Naciones Unidas que se retiraba de la CPI, como lo hicieron en octubre Sudáfrica y Burundi.
El retiro se hará efectivo un año después de la notificación oficial.
US$ 1.000 millones
es el gasto que el gobierno ruso afirma que costó mantener a la Corte Penal Internacional en sus 14 años de funcionamiento, período en el que dictó solo cuatro sentencias.
