Después de la aprobación de la ley de urgente consideración, el Parlamento se encamina al segundo gran desafío de este período legislativo: la discusión del Presupuesto Nacional. Pero en tanto el Poder Ejecutivo no remita el proyecto de ley, las bancadas del oficialismo y la oposición están enfocadas en diversas iniciativas legislativas que marcan el perfil de los partidos políticos y ponen en agenda los compromisos asumidos en campaña.
30 de julio de 2020 8:49 hs
Uno de los proyectos de ley más discutidos es el que busca despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, redactado por el diputado colorado Ope Pasquet y presentado en conjunto con la bancada del sector Ciudadanos en marzo. La iniciativa cosechó críticas y elogios por parte de la academia y los legisladores, al punto que algunos de los siete partidos con representación parlamentaria no definieron aún una postura orgánica.
Días atrás, Pasquet sintetizó por qué este tema –que en Uruguay ha sido discutido desde distintos ángulos, pero sin llegar a un acuerdo– difícilmente puede ser objeto de negociaciones políticas. "Este no es un proyecto partidario-sectorial. No tiene nada que ver ni con la coalición de gobierno, ni con los sectores, ni nada. Es un tema que, como bien se ha dicho, es transversal a todos los partidos y sé que va a tener oposición en todos los partidos. Creo que acá no cabe negociar una cosa por otra porque la naturaleza del tema no es para negociar, se está de acuerdo o no se está de acuerdo", dijo.
Dos de los principales opositores de la iniciativa son los diputados nacionalistas Álvaro Dastugue y Rodrigo Goñi. El primero incluso interpuso un recurso para aplazar la discusión parlamentaria del proyecto de ley en la Comisión de Salud de la cámara baja, pero la iniciativa no prosperó. Los legisladores blancos no tienen una posición definida sobre el proyecto de ley, pero hay una corriente que quiere respaldar la propuesta de sus socios colorados.
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El otro socio mayoritario de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, se opone al proyecto de ley. Algunos legisladores lo rechazan por sus propias convicciones religiosas o filosóficas, pero el senador que lidera el partido, Guido Manini Ríos, sumó el argumento "económico" cuando le preguntaron su postura en Quién es quién, el programa de Diamante FM y Televisión Nacional. Dijo que la eutanasia y el suicidio asistido se pueden transformar en un "ahorro" para los centros de salud, por lo que instó a reforzar el servicio de cuidados paliativos en todo el país.
En este sentido, la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos elaboró un anteproyecto de ley que tiene como objetivo reforzar el sistema de cuidados paliativos existente y asegurar la atención de todos los uruguayos que lo requieran. Legisladores de todos los partidos recibieron a una delegación de la institución y respaldaron la iniciativa, que será tratada en el Parlamento. No obstante, la doctora que preside esta sociedad científica, Rita Rufo, dijo al semanario La Mañana que realiza estos planteos "independientemente de la discusión" del proyecto de Pasquet.
Leonardo Carreño
Nueva ley de medios
La nueva ley de medios impulsada por el Ejecutivo, que está a estudio de la Comisión de Industria de Diputados, es otro punto de tensión entre las bancadas. La propuesta no fue incluida en la ley de urgente consideración como el gobierno pretendía, pero cuenta con una firme oposición del Frente Amplio y de algunos sindicatos como el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel).
Entre otras propuestas, el gremio rechaza que la infraestructura de fibra óptica de Antel se pueda alquilar a los cableoperadores privados para la prestación de servicios de banda ancha al hogar. De hecho, este fue uno de los reclamos que los sindicalistas manifestaron este miércoles, en la movilización de los trabajadores de los entes frente a la Torre Ejecutiva.
La visión sobre la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es unánime dentro de la coalición. Cuando la ley urgente fue tratada en el Parlamento, el Partido Colorado se oponía a la discusión de dos artículos –que fueron retirados porque podrían ser tratados en conjunto con la ley de medios– a partir de los cuales se disponía que Antel tendría que arrendar su infraestructura de redes de telecomunicaciones a prestadores privados.
A su vez, en junio Manini Ríos dijo a El Observador que se oponía a la posible "concentración de los medios en pocas manos y a la posibilidad de que capitales extranjeros pudieran, a través de testaferros, tener mayor influencia" en el medio local, si bien aclaró que era necesario un estudio más exhaustivo del proyecto de ley.
Diego Battiste
Extranjerización de la tierra y alcance del decreto de austeridad
Sin mayorías parlamentarias en este período legislativo, el Frente Amplio debe negociar con los partidos de la coalición de gobierno para asegurar la aprobación de los proyectos de ley que presente. Uno de los últimos, quiere limitar la extranjerización de los suelos rurales para prevenir toda adquisición que esté motivada por "fines especulativos".
La iniciativa fue redactada por el senador y expresidente José Mujica que, junto con la bancada del Frente Amplio en la cámara alta, argumentó que este es un tema de "soberanía nacional". Ningún partido adelantó su postura, pero el espíritu de la norma es compartida por Cabildo Abierto. De hecho, el senador Guillermo Domenech dijo que "a primera vista" comparten algunos puntos y adelantó algunas modificaciones que le haría, como que la prohibición no debería comprender a las personas físicas nacidas en países del Mercosur o Aladi.
En cambio, Sebastián Da Silva, senador suplente del Partido Nacional, se mostró en contra de aprobar la norma, porque considera que “se estaría afectando el patrimonio de todos los que tienen una hectárea en Uruguay". "Al cerrar la posibilidad para ciertos capitales, bajaría el precio de la tierra y se condicionaría el mercado a amigos del gobierno de turno por la excepción que se plantea”, argumentó.
Otra iniciativa presentada por la coalición de izquierda en el Senado tiene como objetivo excluir a las personas con discapacidad, afrodescendientes, transexuales y víctimas de delitos violentos del cuarto artículo del decreto 90/020. Este apartado indica que no se podrán llenar las vacantes generadas en el sector público hasta el 31 de diciembre de 2019 y, a su vez, que solo se podrá ocupar un tercio de las que se generen en 2020.
Diego Battiste
Allanamientos nocturnos y el perfil de los coaligados
Dentro del Partido Nacional, uno de los temas más importantes es la aprobación de una ley constitucional que permita someter a plebiscito (en las elecciones departamentales del 27 de setiembre) una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos. La iniciativa fue presentada por el senador de Alianza Nacional Carlos Camy, en acuerdo con las autoridades del Ministerio del Interior.
Para llegar a esta instancia se requieren los votos de dos tercios de los componentes de cada cámara. Pese al respaldo de la coalición de gobierno, el Frente Amplio se ha negado a acompañar esta propuesta.
Los socios de la coalición de gobierno también han sido activos en el Parlamento. En su primer período legislativo, los legisladores de Cabildo Abierto han presentado varios proyectos de ley, que van desde la limitación de la forestación hasta la regulación de la actividad de los sindicatos. Los colorados, en tanto, marcaron perfil con proyectos como el de la regulación del teletrabajo y la creación de una canasta con productos de higiene menstrual para beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social.
Más allá de que la ley urgente fue protagónica en los primeros meses de 2020, el Parlamento tiene un rol clave en el abordaje de la emergencia sanitaria. En pocos días, con carácter de grave y urgente, se aprobaron una serie de leyes que al día de hoy son el esqueleto de la estrategia del gobierno. Dentro de la lista se encuentran la creación del Fondo Coronavirus y de numerosos subsidios, la regulación de la telemedicina, entre otros.
Asimismo, varios jerarcas del Poder Ejecutivo fueron convocados en estos meses para explicar la estrategia del gobierno. Al Palacio Legislativo acudieron los ministros Daniel Salinas (Salud Pública), Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), Javier García (Defensa Nacional), Pablo da Silveira (Educación y Cultura), Irene Moreira (Vivienda) y el excanciller Ernesto Talvi.
La Cámara de Senadores a su vez debe votar el desafuero de Manini Ríos, a pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, que pretende imputarlo por la presunta omisión de denunciar el delito confesado por José Nino Gavazzo ante un tribunal de honor militar cuando el senador era comandante en jefe del Ejército, en abril de 2018. En esa instancia Gavazzo reconoció que en 1973 había tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro, pero esto recién se hizo público a partir de una nota publicada en El Observador en marzo de 2019.
El tema está siendo estudiado por la Comisión de Constitución de la cámara alta. Sin embargo, debido a la demora de algunas pruebas solicitadas por los legisladores que la integran, no ha habido grandes avances.