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¿Qué proyectos intentará aprobar el oficialismo antes del receso parlamentario?
Luego de que unos pocos proyectos de ley hayan sido aprobados este año, el receso parlamentario se acerca y la agenda legislativa deja de tener citaciones para votar a favor o en contra de una nueva iniciativa. El 15 de diciembre, los parlamentarios suspenden las sesiones ordinarias y muchos proyectos quedan para 2022 porque, según las consultas realizadas por El Observador, ninguno será ley en lo que queda de diciembre.
Si bien se presentaron varios proyectos durante 2021, muy pocos avanzaron hasta recibir el respaldo de las dos cámaras. Incluso, muchas de las prioridades que se había marcado la coalición al inicio del año legislativo tuvieron pocos o nulos avances. Ahora, con el referéndum por la ley de urgente consideración en el horizonte, las energías de los legisladores oficialistas están fuera del Parlamento.
La Cámara de Diputados votará el proyecto de ley de cuidados paliativos el 9 de diciembre. Ya tiene el visto bueno de la Comisión de Salud, que le introdujo cambios al proyecto original que había sido presentado por la Sociedad de Cuidados Paliativos. Pero una vez que lo aprueben, en el Senado se tomarán su tiempo para revisarlo, llamar a especialistas a la comisión e introducir cambios. Por lo tanto, confirmaron legisladores de los diferentes partidos a El Observador, el proyecto no será aprobado en su totalidad antes de 2022.
Por su parte, hay comisiones que están terminando su trabajo o que lo prorrogarán durante 2022. La comisión investigadora de la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo ya sacó sus conclusiones este martes La coalición multicolor no encontró elemento que permita al menos presumir la existencia de algún tipo de irregularidad o delito. Así lo plasmó el informe en mayoría que el oficialismo entregó este martes a la Cámara de Diputados como cierre de las actuaciones de la comisión.
"Ante las distintas situaciones denunciadas, ninguna amerita el reproche penal", señala el documento, elaborado por el diputado colorado Conrado Rodríguez, al que accedió El Observador. "En estos tres meses y poco, fue mucho más el ruido que se hizo que la denuncia concreta con fundamentos", asegura.
Por otro lado, este miércoles la Comisión de Industria avanzará y puede llegar a aprobar la liquidación de Gas Sayago, donde quedará determinado cuanto dinero deberán pagar UTE y Ancap, propietarias de la empresa pública que funcionó bajo el derecho privado, tras no concretarse el proyecto de la planta regasificadora.
Asimismo, se extenderá por seis meses la comisión investigadora que analiza las licencias sindicales presuntamente irregulares concedidas a algunos dirigentes sindicales de la educación entre 2015 y 2019. A instancias del oficialismo, la Cámara de Diputados extenderá su plazo de actuación seis meses, hasta el 15 de junio de 2022. La medida es considerada necesaria para poder recibir a los 24 invitados y delegaciones que restan. Muchos ya declinaron la invitación.
Entre los testimonios con los que se pretende contar está el del expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Wilson Netto, que había rechazado asistir al considerar que "nada tenía que aportar". También varios dirigentes de Fenapes: Emiliano Mandacen, Marcel Slamovitz y José Olivera. La comisión pretende convocar además a la exministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.
Entre los proyectos que quedaron en pausa y que seguirán dentro de cada comisión para ser estudiados están los de personería jurídica de los sindicatos, uno propuesto por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y otro por la bancada de Cabildo Abierto. Los proyectos tienen diferencias entre sí y la idea de la coalición multicolor es unificarlos pero todavía no han llegado a un acuerdo.
Otro proyecto que ya tuvo el visto bueno de diferentes comparecientes a la Comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, sobre todo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es el proyecto que crea la tipificación de los ciberdelitos. Fue presentado por el diputado cabildante, Sebastián Cal, y se continúan recibiendo delegaciones que dan sus sugerencias y pareceres.
Cámara de Senadores
En la Cámara de Senadores también hay proyectos que esperan ser tratados, que fueron presentados por legisladores de la cámara o que ya tuvieron su aprobación en Diputados.
El caso más sonado es el proyecto de ley forestal que impulsa Cabildo Abierto y que ya fue aprobado por Diputados con votos de Cabildo y el Frente Amplio. La iniciativa está en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, todavía siendo estudiada porque no se ha llegado a un acuerdo para que la coalición la vote. A pesar de que Diputados lo aprobó en 2020 y fue catalogado como una prioridad a inicio de año, consideran modificar el proyecto para que salga con el mayor consenso posible y así evitar el veto presidencial que insinuó el mandatario, Luis Lacalle Pou.
Otro proyecto que tuvo su aprobación en Diputados pero que sigue en veremos en el Senado es la internación por voluntad anticipada de personas con consumo problemático de sustancias. Aunque el proyecto fue votado por el Partido Colorado, Cabildo Abierto y parte del Partido Nacional, en la cámara alta no ha tenido avances. Incluso el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo en Desayunos informales que “hoy en día el país no tiene cómo afrontar si esa ley sale, pero si sale tenemos que cumplir y debemos prepararnos porque faltan centros de rehabilitación”.
Entre los proyectos que fueron presentados en el Senado que no han logrado acuerdos para su aprobación aparecen dos como los más nombrados. Uno es el proyecto de tenencia compartida en la crianza de los niños. Eran dos iniciativas que fueron presentadas por Cabildo Abierto y por el Partido Nacional. Sin embargo, el Partido Colorado no está afín a votarlo a pesar de los cambios que tuvo el original. Aunque las negociaciones continuaron para que se votara antes de fin de año, los nacionalistas y cabildantes ya saben que no lograrán el objetivo.
Asimismo, un proyecto que fue presentado en el último trimestre y que causa polémica es el de otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años. El texto sigue generando controversia entre las distintas filas partidarias. Pese a que en el texto no se hace una referencia explícita, de aprobarse, beneficiará en forma directa a un grupo en particular: los condenados por delitos vinculados a su accionar durante la última dictadura cívico-militar.
El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, rechazó el proyecto al igual que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que expresó su "profunda preocupación" ante el contenido del proyecto de ley.
Petit subrayó en rueda de prensa que la iniciativa tiene "demasiadas deficiencias" técnicas como para ser aprobada y es por esa razón que recomendó no apoyarla. "No se puede establecer un régimen de prisión domiciliaria automática para un determinado grupo de población. Eso tiene que ser resuelto caso a caso. Al hacerlo con un automatismo de que sea obligatorio para el juez se rompe con toda la lógica del Código de Proceso Penal (CPP), que al país le costó décadas superar", dijo.
El proyecto se encuentra a estudio en la comisión de Constitución y Legislación, la que ya recibió a especialistas y espera seguir tratándolo en 2022.
