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¿Quién da más? La eterna discusión sobre la compra de arte por parte del Estado
El arte irrumpe, cuestiona y moviliza. Genera sensaciones y discusiones. En los últimos días la compra de dos cuadros por parte del Poder Legislativo hizo ruido en el mundo político, pero en medio del murmullo se esconde una pregunta que va más allá de cuestionamientos partidarios: ¿los estados deberían comprar arte?
Es una pregunta que en otras partes del mundo parecería que ya no se hace, ya que las colecciones artísticas estatales tienen siglos de tradición, están en constante crecimiento, y anexan piezas para evitar la privatización del arte o la fuga de obras nacionales hacia el exterior.
Las colecciones de arte y los museos nacionales se popularizaron en Europa durante el siglo XVIII y finales del XIX y, por lo general, los acervos se construyeron durante largos períodos mediante la compra o donación de obras. Uruguay, en tanto, tenía 12 años de independencia declarada cuando decidió que necesitaba un museo. En 1837 se encomendó la creación del Museo Nacional de Historia Natural, que contó con figuras como Teodoro Vilardebó y Dámaso Antonio Larrañaga en su comisión directiva, y cuyos miembros configuran el inicio del acervo con piezas de sus propias colecciones. Para 1879, el patrimonio del Museo Nacional tenía tres secciones: Historia natural, Bellas artes e Historia.
Siguiendo ese ejemplo, el acervo de la mayoría de los museos del Uruguay se fue conformando principalmente por donaciones que recibió el Estado. Según explica William Rey, historiador de arte y presidente de la Comisión de Patrimonio de la Nación, las donaciones fueron el eje fundamental para el crecimiento y el enriquecimiento de los museos nacionales. Aunque de un tiempo a esta parte la adquisición de obras fue ganando terreno. “La producción del arte es permanente y por lo tanto los museos deben ir incorporando nuevas obras. Por otra parte también es verdad que hay obras muy calificadas de artistas calificados que el museo no tiene y que sería muy importante poder contar con ellas”, explicó a El Observador.
¿En qué momento el Estado uruguayo empezó a comprar arte? Esa es una “investigación que está faltando y hay que realizar”, sostuvo Rey, aunque indicó que hubo tiempos que fueron “más ricos” en ese sentido. “Estoy seguro que si hiciéramos una comparativa hay una relación entre los momentos de bonanza y los momentos de crisis, una correlación en la cantidad de bienes incorporados al Estado”.
La creación en 1971 de la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación mediante la ley 14.040 incorporó una herramienta para la compra de arte: el Estado puede igualar cualquier oferta de un comprador privado en un remate que le resulte de interés. Es decir, el Estado se puede quedar con una pieza al valor que se definió al bajar el martillo del rematador y el que pensaba que se lo llevaba tiene que renunciar a ella. “Ni paga de más ni paga de menos, paga el precio justo. Eso ha permitido comprar obras en distintos momentos”, señala Rey.
Es el caso reciente de la compra de las pistolas que pertenecieron al expresidente Baltasar Brum, que fueron utilizadas en el duelo entre José Batlle y Ordoñez y Washington Beltrán el 2 de abril de 1920. Durante su remate, el pasado 6 de agosto, el Estado igualó la venta por US$ 11.550. Según informó Montevideo Portal, también se compraron cartas manuscritas firmadas por Juan Antonio Lavalleja, documentos firmados por Fructuoso Rivera, retratos y una obra sobre el juramento de los Treinta y Tres Orientales a carbonilla y lápiz de José Luis Zorrilla de San Martín.
“Es verdad que esta administración empezó con un poco más de fuerza de compra”, comentó Rey, que estima que se compraron más de 40 piezas, aunque advierte que no son todas obras artísticas, también hay documentos y bienes testimoniales. “El Estado hace un esfuerzo importante por incorporar obra artística en un contexto muy difícil, como sabemos, pero mientras veo que muchos museos europeos están retraídos en la incorporación de nuevas piezas me genera un enorme orgullo pensar que Uruguay lo está haciendo”, señala.
¿Cómo es el procedimiento? Cuando la comisión toma conocimiento de que hay una oferta o un remate de una pieza que consideran relevante, primero se hace una valoración, se sigue la trazabilidad de la pieza y se la estudia para garantizar que no se trata de una falsificación. Finalmente, antes de la compra, se establece un valor razonable, un precio justo. “Muchas veces las piezas históricas alcanzan valores que están muy por arriba del valor lógico de la pieza, y el Estado ahí renuncia a su compra”, aseguró Rey, y explica que recientemente se puso a la venta un anillo-sello de Lavalleja pero durante el remate su precio escaló por encima de los límites del Estado.
Para comprar una pieza, los criterios que se toman según el presidente de la Comisión de Patrimonio son la singularidad o excepcionalidad del bien y su importancia para los acervos de los museos o para la historia. “El Estado compra porque entiende que es importante para sus acervos, otra razón puede ser la importancia de ese bien en relación a un determinado campo cultural: el arte, la historia, la literatura, la arquitectura”.
En cualquier caso, después de la compra la Comisión asigna el bien al ente estatal, archivo, museo o biblioteca que crea correspondiente. "La comisión está comprando cosas muy diversas y cuando compra nunca es para atesorarlo en su casa y exhibirlo. Compramos pensando en el acervo total del Estado", sostuvo, por su parte, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ana Ribeiro.
Juana, Adela y una revisión artística
La pinacoteca del Palacio Legislativo tiene entre sus firmas a pintores como Juan Manuel Blanes, José Luis Zorrilla de San Martín, Manuel Rosé, Miguel Ángel Pareja, Pedro Blanes Viale, Pedro Figari, Rafael Barradas, José Cúneo y Amalia Nieto. Ahora se sumaron a la colección dos cuadros nuevos, con la firma de Osvaldo Leite: un retrato de la poetisa Juana de Ibarbourou, y uno de la exministra de Educación y Cultura, Adela Reta.
Juana, en la biblioteca del Palacio Legislativo mirando hacia el Salón de los Pasos Perdidos, y Adela, en el ambulatorio frente a los despachos del Partido Colorado, son además las primeras mujeres en estar representadas dentro de las paredes del edificio. El artista, en cambio, ya formaba parte del acervo estatal. Leite pintó a varios presidentes del Banco Central del Uruguay y ya había dos de sus obras en el Legislativo: un cuadro de Líber Seregni y uno de Wilson Ferreira Aldunate.
La vicepresidenta de la República, y presidenta de la Asamblea General, Beatríz Argimón, explicó a El Observador que las obras se encargaron en el marco del centenario del Palacio Legislativo, que se celebrará en 2025. Indicó que se buscó la forma de retratar un hito cultural como el nombramiento de la poetisa como Juana de América, que se hizo en ese edificio en 1929. Además dijo que se buscó retratar a una mujer política como Adela Reta cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento. En una casa de políticos y políticas, es la única mujer representada.
"Lo que queremos es hacer una puesta a punto. El palacio está en el circuito turístico y la democracia para Uruguay es un valor (...) Queremos que todo el mundo entre y vea, también a través de las obras de arte y de la construcción, los distintos momentos de la vida democrática del país", dijo Argimón. La vicepresidenta dijo que por el momento no se prevé adquirir nuevas obras y calificó a las dos pinturas como "excepcionales", en el marco de ambos centenarios.
En este caso la compra no la hizo la Comisión de Patrimonio, sino que se encargó la tarea al artista. La Comisión de Patrimonio no es la única que puede comprar arte, pero si será la encargada de supervisar el registro de la obra. La compra reavivó discusiones sobre las prioridades del gasto público que suelen rondar estos temas. La polémica que surgió a partir del encargo de los cuadros giró en torno a su costo: según consta en el registro de Compras Estatales, se pagaron $392.972 por la pintura de Adela Reta y US$8.500 en el caso de Juana de Ibarbourou. Casi US$18 mil por las dos pinturas.
Mientras Argimón considera que fue una discusión "interesante pero muy puntual", la subsecretaria de la cartera de Educación y Cultura argumentó que el gasto fue "explicable y comprensible".
"El planteo es una falsa dicotomía entre decir 'hay gente pasándola mal y estamos gastando en cuadros'. Es como cuando tenés que ajustar el presupuesto para cuestiones gastronómicas en la familia, pero no podés dejar de arreglar la gotera en el techo, porque tenés que atender todas las cosas a la vez. Si el Estado uruguayo se hubiera regido por un principio así, nunca hubiera tenido ninguno de los edificios o los bienes vinculados con el arte porque hubiera priorizado otros aspectos sociales. El Estado es un todo y tienen que tener un equilibrio, siempre es difícil de mantener. Yo personalmente no veo que acá haya habido desequilibrio", opinó la subsecretaria del MEC, y agregó que "no hubo una administración pública donde alguien no apareciera y entendiera que se tenía que gastar de otra manera".
En este sentido, la discusión en torno a la compra de los cuadros recordó la polémica que suscitó la compra del museo Gurvich, con 226 obras del artista local, que se concretó en 2019. “Polémicas de ese tipo donde se contrarresta lo cultural con necesidades básicas de la población he asistido a varias”, dijo la exministra de educación y cultura María Julia Muñoz ante la consulta de El Observador.
“Hubo una gran artista, maestra, abogada y política como Nelly Goitiño que decía ‘no hay pan sin canto’. No podemos contraponer la necesidad en el momento de apoyar a las personas que pasan mal y se han quedado sin trabajo con el deber que tiene el Estado de adquirir obras de arte y preservar el único museo de un artista del valor de Gurvich”, consideró la exministra al recordar el episodio, y respaldó en este sentido la compra del Legislativo: “El Poder Legislativo tiene una muy buena pinacoteca que debe mantener y debe complementar. Tanto Juana de Ibarbourou como Adela Reta son dos mujeres que han sido de gran importancia para la vida del país y sus retratos deben estar en el acervo público, ya sea en un museo como en el Palacio Legislativo”.
El presidente de la Comisión de Patrimonio, por su parte, comentó que las críticas pueden partir de "distintos cuerpos ideológicos y posturas políticas" pero que a fin de cuentas "todos estamos de acuerdo en alguna medida que al incorporar obras artísticas la sociedad en su conjunto está rescatando bienes que le son valiosos".
Un mapa artístico nacional
30 años después de la creación de la comisión, en 2002, se creó mediante la ley 17.473 el Registro General de la Propiedad Estatal de Obras de Artistas Plásticos, con el que la Comisión de Patrimonio lleva un registro de los bienes artísticos propiedad del Estado. En su inicio la ley estaba ajustada a algunos bienes, pintura y escultura, pero se fue abriendo al conjunto de manifestaciones artísticas.
Según explicó Rey, corresponde a cada organismo enviar la información de la adquisición de una obra a la Comisión de Patrimonio para su incorporación en el registro. “Hay organismos que están un poco más atrasados que otros en enviar la información, pero todos los organismos están obligados a enviar la información de lo que tienen y lo que van incorporando”, indicó.
El presidente de la Comisión de Patrimonio destaca el registro de obra artística en manos del Estado es un instrumento fundamental para gestionar políticas de compra y de adquisición. “¿Cuántas obras de Alpuy tiene el Estado? Muy pocas en relación a su importancia como pintor, y eso es una base importante para decidir comprar obra”. El registro, además, permite ver de qué forma está representado determinado autor o autora en el acervo estatal y tomar decisiones en consecuencia.
“Hay muchos artistas que están mal representados y hay que ir hacia una mejor representación, o que de pronto hay muchos artistas que están ubicados en organismos del Estado que no necesariamente están exponiendo las obras, y hay que motivarlos a hacer exposiciones públicas”, sostiene Rey.
Uruguay cuenta con unas 22 mil obras registradas en total, entre las diferentes categorías, según explicaron desde la comisión a El Observador cuando quiso acceder a los datos del registros de obras del Estado. Sin embargo no fue posible porque, según se indicó, se está haciendo una "actualización de los parámetros de seguridad" del sistema informático.
El acervo "socializado": al alcance de todos y todas
"Los acervos del estado pertenecen a todo el país, a toda la comunidad, y deben de mejorarse y adquirirse obras nuevas siempre que se pueda", sostuvo Muñoz. Algo que va en coincidencia con la opinión de Argimón, que sostuvo que el Estado tiene que preservar y aumentar el acervo. "Es aumentar el valor patrimonial cultural, los edificios públicos tienen que acompasar los tiempos aumentando su acervo".
Ribeiro por su parte indicó que la educación en cultura es progresiva y difusa: "Si no tenés un acervo cultural que importe en las instituciones públicas y en los museos, ¿cómo hacés para educar en arte?", se preguntó.
El presidente de la Comisión de Patrimonio hace hincapié en la necesidad de "socializar el arte", esto es: propiciar que la gente pueda acceder a las piezas artísticas del Estado. "Es muy importante el esfuerzo del Estado por comprar, y por lo tanto se debe hacer un gran esfuerzo por mostrar, exponer, gestionar, y hacer las cosas bien", dijo.
"En algunos casos hay organismos que realmente son portadores de verdaderos museos. El Palacio Legislativo o el Banco República, por ejemplo, tienen obras artísticas muy importantes a las que de repente no se accede. Es muy importante que esos organismos socialicen esa obra a través de exposiciones", concluyó Rey.
