La fuga del mafioso italiano Rocco Morabito de Cárcel Central en la noche de este domingo acaparó los titulares y puso al Poder Ejecutivo en un brete. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pidió "explicaciones inmediatas" al gobierno: desde el 3 de setiembre de 2017, cuando fue capturado, Morabito aguardaba a que la Justicia uruguaya se pronunciara sobre su extradición a Italia, país donde nació y en las décadas de 1980 y 1990 se dedicó al tráfico internacional de drogas dentro de la mafia calabresa.
Sin embargo, quienes se fugaron junto a Morabito —Leonardo Sinópoli, Sebastián Acosta y Ezequiel Díaz— pasaron desapercibidos, a pesar de también estar requeridos por la Justicia de otros países donde cometieron delitos graves. Horas después de la fuga se supo que Morabito, Acosta y Díaz habían escapado de Cárcel Centra a través de un boquete, caminaron por la azotea de la prisión, forzaron la persiana de uno de los apartamentos del quinto piso del edificio contiguo, exigieron a la dueña que les diera la llave y salieron por la puerta central de la edificación, sobre la calle San José. Sinópoli, en tanto, salió de la Cárcel Central por la puerta central, según informó VTV Noticias.
El Ministerio del Interior emitió un comunicado con la cara de los cuatro delincuentes requeridos. ¿Quiénes son Sinópoli, Acosta y Díaz y por qué delitos iban a ser extraditados?
Bruno Ezequiel Díaz es argentino y tiene 22 años. La Justicia de su país solicitó a Uruguay su extradición para que pueda ser juzgado por el delito del que se lo acusa, el asesinato a botellazos de un joven argentino.
Díaz estuvo un año preso por robo, pero en verano de 2019 quedó en libertad. Al tiempo de haber sido liberado de prisión, asesinó a Axel Smith, un joven de 21 años oriundo del barrio bonaerense Lugano Uno y Dos. Según informó Clarín, Díaz se enteró de que Smith estaba saliendo con su exnovia y por eso fue a su encuentro a plena luz del día, y lo mató de 20 puntazos con una botella rota.
Desde ese momento nadie tuvo más información de Díaz, hasta que la policía uruguaya lo capturó el 25 de mayo. El joven argentino fue encerrado en Cárcel Central a la espera de su extradición, tal como había solicitado la Justicia argentina.
Leonardo Sinópoli aseguraba que su captura había sido un error. Decía que alguien le había robado su documento de identidad 30 años atrás en un hospital argentino y había usado su nombre para cometer delitos en Brasil. Sin embargo, la Justicia brasileña jamás creyó esa versión y esperaba que Uruguay finalmente habilitara su extradición, para que pudiera cumplir con una condena de 21 años de cárcel.
Sinopoli nació en Argentina, pero vivía en Laguna Merín desde hacía años. Fue capturado y encerrado en Cárcel Central a comienzos de 2018, cuando le informaron que en 2005 Brasil había pedido a Interpol que emitiera una orden de captura internacional.
El cotejo de huellas dactilares que ordenó la fiscal Angelita Romano despejó las dudas: él era Leonardo Sinópoli y había cometido los delitos de los cuales se lo acusaba: hurto, falsa declaración, falsificación, uso de documentación pública falsa y uso de documentación privada apócrifa.
No obstante, el 16 de julio del año pasado, el Ministerio de Seguridad Pública de Brasil —con independencia de la Justicia— determinó a que Sinópoli fuera expulsado de ese país. El documento al que entonces accedió El Observador además indicaba que se lo declararía "rebelde" si no se presentaba a la audiencia en la que dictaminarían su prohibición de ingresar al país, que se realizaría en Río de Janeiro. Como le fue imposible asistir por estar preso en Uruguay, desde ese momento en Brasil empezó a ser considerado como un rebelde.
¿Por qué la Justicia de Brasil pedía a Uruguay que le entregara a Sinópoli pero a la misma vez lo quería expulsar? Para su abogado, a quien El Observador contactó en setiembre de 2018, la explicación radicaba en que el 31 de julio de ese año había quedado sin efecto la sentencia que lo condenaba a 21 años de prisión.
Sin embargo, la jueza Laura Sunhary no dio lugar al pedido de la defensa de que el proceso de extraditación se detuviera porque entendió que ambas solicitudes —la de la Justicia y la del Ministerio de Seguridad Pública— iban por carriles diferentes.
La defensa apeló la decisión de no archivar la causa, pero Sunhary mantuvo su veredicto. “Debe ser considerado como una voluntad del gobierno que tácitamente desiste de la extradición, porque mal puede pretender la Justicia uruguaya que le remita a un ciudadano argentino para echarlo”, dijo en la audiencia.
Sinópoli tuvo cuatro audiencias desde que fue detenido y en ninguna se hizo lugar a nada de lo que su defensa solicitó. Según supo El Observador, en setiembre del año pasado la Justicia aguardaba un informe sobre su salud para determinar si podía seguir preso en el sexto piso de Cárcel Central.
Por otra parte, estando recluido Sinópoli redactaba escritos, como si la defensa de su caso estuviera en sus manos. En uno de ellos pidió, por ejemplo, que su causa fuera revisada porque las autoridades brasileras no se presentaron a ninguna de las audiencias en las que se trataba su extradición. Ese pedido fue rechazado porque según la Justicia uruguaya no es necesario que se presentaran. En otro, el argentino pidió permanecer en Uruguay en calidad de refugiado, por considerar que sus derechos estaban siendo violentados.
Matías Acosta esperaba ser extraditado a Brasil, pero el Ministerio del Interior no precisó cuáles son los cargos de los que se lo acusa. Élida Ituarte, la dueña del apartamento a través del cual huyeron, contó a El Observador que vestía pantalón, buzo y gorro azules y que se mantuvo callado cuando le exigieron la llave de su vivienda.
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