9 de noviembre de 2012 22:37 hs

El gobierno decidió este viernes que rediseñará los programas sociales que ya están en marcha para proteger a trabajadores y estudiantes de las áreas conflictivas de Montevideo, Canelones y San José.

Los ministros Daniel Olesker (Desarrollo Social) y Eduardo Bonomi (Interior) anunciaron ayer que en una semana el presidente José Mujica tendrá en su escritorio el nuevo plan que combinará el trabajo de la Policía con el de técnicos sociales mediante el cual se pretende atacar la delincuencia en los barrios más complicados del área metropolitana.

Las zonas donde se actuará en primer lugar –Marconi será una de ellas– comenzarán a ser definidas este lunes en una reunión que tendrán Olesker y Bonomi con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, a quien Mujica encargó coordinar el plan. Para ello se cruzarán datos sobre delincuencia, que tiene Interior, y los obtenidos del relevamiento de los hogares más pobres, que realizó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con equipos multidisciplinarios. En Montevideo, las zonas con una situación de inseguridad más comprometida son cuatro, según una fuente del Ministerio del Interior.

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En el Consejo de Ministros realizado ayer en la residencia presidencial de Suarez y Reyes se discutió sobre “la fractura de la sociedad y si es posible saturar o no esa división”, dijeron a El Observador integrantes del Poder Ejecutivo.

La conclusión fue que reforzar y redefinir los planes sociales permitirá ir acortando la separación que tienen los sectores marginales con el resto de la sociedad.

El ministro Bonomi manejó, además, en el Consejo el resultado de una encuesta con la percepción de la población sobre la gestión de la secretaría encargada de la seguridad. En tal sentido, reveló que la ciudadanía apoya las medidas tomadas para enfrentar la delincuencia y sobre el concepto de combatir la feudalización que se registra en ciertas zonas y cuya propagación se intenta evitar.

Bonomi y Olesker mencionaron en el encuentro la situación de algunos barrios en los que cuatro generaciones se mantienen en condiciones por debajo de la línea de pobreza, y en los que, además, se infiltraron los narcos, y se verifica el reclutamiento de niños para actividades delictivas. Bonomi aprovechó para reiterar su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad a 16 años –que la población deberá dirimir en una consulta popular– porque, a su entender, implicará que los narcos enrolarán a niños cada vez más pequeños y el problema continuará.
Luego de escuchar a los ministros, el presidente Mujica encargó a Cánepa a que junto a Bonomi y Olesker definan la profundización de los programas “para meterse en los barrios” con servicios descentralizados y ágiles –como las policlínicas o centros de atención a la infancia CAIF– para que los éxitos de la Policía con sus operativos sean sostenidos con políticas sociales de mediano y largo plazo. Olesker evitó hablar de shock, para que ese no sea el título de los diarios, y dijo que se trata de rediseños institucionales de los organismos que trabajan en todo el territorio.

Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo serán dos de los programas a profundizar, y entre las contrapartidas que exigen serán la participación en talleres y jornadas educativas, además de enviar a los niños a centros CAIF.

El jueves, en su audición radial de M24, el presidente Mujica defendió el gasto social y se quejó por las demoras de la burocracia para verificar el cumplimiento de las contraprestaciones exigidas para los beneficiarios de los planes sociales. “Hay que apretar en las contrapartidas exigibles mínimas. ¿Por qué? Por el respeto que merecen los recursos públicos que suda la gente”, afirmó el mandatario. “Tenemos que preocuparnos por la suerte de los más débiles que van a convivir con los descendientes de los más fuertes y la sociedad es una. Estas son batallas de principios”, dijo. El mandatario no solo ratificó el rumbo definido de las políticas sociales, sino que se mostró dispuesto a aumentar el gasto social, si la economía lo permite.

Explicación

En la conferencia tras el consejo de ministros, Bonomi explicó que “las intervenciones se darán donde la inmensa mayoría de la gente es de trabajo y estudio, pero que convive con grupos vinculados al tráfico de drogas, rapiñas, extorsiones y cobro de peajes. Esa convivencia perjudica de forma grande a la gente de trabajo y estudio”, insistió.
La idea es “mantener a la Policía en esos barrios” –mencionó como ejemplo al Marconi– para proteger a la población.

Otra de las propuestas oficiales de mediano plazo para enfrentar la delincuencia será establecer en los barrios “líderes positivos”, como pueden ser los profesores de educación física trabajando en las plazas de deportes, que serán remodeladas. El objetivo será contraponerlos a la influencia que ejercen los “líderes negativos” que surgen en esas zonas y que están vinculados generalmente a la droga. Los líderes positivos “serán interlocutores del gobierno” explicaron ayer a El Observador allegados al presidente.

Por su parte, Olesker dijo a la prensa que también se evaluará solicitar más recursos para los planes sociales. En particular, mencionó los referidos a los 30.000 hogares más vulnerables a los que se piensa duplicar el monto de las tarjetas Mides. Para ellos los técnicos de esa secretaría realizaron 70.000 visitas a los efectos de redistribuir la ayuda social del gobierno. Algunos hogares que hoy tienen las tarjetas las mantendrán, otros serán dados de baja y a otros se les duplicará el monto asignado. El ministro dijo que se piensa usar recursos que hoy tiene el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para reforzar esos planes.

Sobre la forma en que serán financiadas estas ayudas, Cánepa, acotó que se tratará de “mejorar la calidad de la inversión para que sea más eficiente” y aprovechar la “sinergia” con otros planes de la sociedad civil. En tanto, Bonomi señaló que “está claro que no hay posibilidad de mejorar la seguridad sin intervención policial y sin intervenciones sociales fuertes”.

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