21 de mayo de 2013 19:05 hs

Las autoridades económicas comparten una especial preocupación sobre el efecto que genera el fuerte ingreso de capitales en la plaza local sobre las variables macroeconómicas, en particular en lo que refiere a la baja en el precio del dólar. Para ello, el Banco Central –en coordinación con el Ministerio de Economía–, puso en revisión la actual configuración de instrumentos de política monetaria, con el fin de corregir –o al menos atenuar– alguna de las inconsistencias detectadas en materia de incentivos.

Desde el gobierno, sostienen que no hay un cambio en las prioridades y objetivos. Lo que se busca es, a través de la readecuación de los instrumentos de política utilizados, reducir los incentivos al ingreso de capitales. A tales efectos, se encuentran en discusión actualmente el modo de implementación y la pertinencia de la totalidad de los instrumentos usados a nivel local, como la tasa de interés de referencia, el manejo de los agregados monetarios y una serie de medidas macroprudenciales tendientes a limitar o desincentivar el acceso de extranjeros al mercado de deuda doméstica.

Desde abril de 2012, luego de haber recuperado el grado inversor, Uruguay recibió una fuerte entrada de capitales procedentes del exterior, en busca de la elevada rentabilidad que ofrece el mercado doméstico de de deuda pública. Esos capitales, en su mayoría procedentes de fondos de inversión de todo el mundo, aumentaron la oferta de dólares en circulación y presionaron fuertemente el tipo de cambio.

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Si bien el Banco Central implementó, en el segundo semestre del año pasado, la exigencia para los no residentes de un depósito que congele el equivalente a 40% de los títulos de regulación monetaria que adquieran en el mercado doméstico, esa medida no se aplica para los títulos emitidos por el MEF. Eso hace que los capitales sigan entrando por esa vía a la economía doméstica.

Además, los fondos del exterior se han mostrado propensos en los últimos tiempos a la compra de títulos del Tesoro cercanos a su vencimiento, principalmente a las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP), que tienen US$ 4.000 millones en deuda del gobierno.

Esto es, el encaje equivalente a 40% del capital penaliza la participación de los no residentes en el mercado de deuda del BCU, no así en la deuda emitida por el MEF, que se encuentra libre de restricciones. Por lo tanto, los fondos están dispuestos a comprar, en el mercado secundario, deuda del Tesoro a un precio más caro que el que se paga en las licitaciones de letras, porque a ellos los instrumentos de regulación les rinden muy poco. En tanto, a las AFAP les sirve vender esos títulos al exterior porque, al acceder a la deuda del BCU sin restricciones, obtienen una diferencia significativa.

Si bien es un buen negocio para ambas partes, constituye un problema desde el punto macroeconómico. Las autoridades emiten deuda para sacar del mercado los pesos que se vuelcan a la hora de comprar los dólares excedentes en el mercado. Como esa deuda es en parte adquirida por agentes del exterior –que vuelven a volcar dólares a la plaza local–, se genera un círculo vicioso que genera grandes costos financieros al Estado. Según cálculos oficiales, el pago de intereses vinculado a las emisiones realizadas para esterilizar las compras de dólares por parte del BCU y el MEF, tiene un costo superior a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

La preocupación por el efecto de la entrada de capitales sobre el tipo de cambio es compartida por la totalidad del gobierno. En diversas oportunidades, el presidente José Mujica comunicó a sus ministros su inquietud sobre la baja en el precio del dólar. Incluso la semana pasada, la senadora del MPP y primera dama, Lucía Topolansky, declaró a radio Mitre (Argentina): “Estamos pensando medidas para que no entren dólares a Uruguay, porque el Banco Central, para mantener el valor de la moneda, ha tenido que comprar y tiene una reserva más que cuantiosa”.

En lo que va del año, el BCU acumula un total de US$ 785 millones, muy por encima de las realizadas durante todo 2012. Aún así, la caída del tipo de cambio en los últimos 12 meses llevó a que el tipo de cambio real, uno de los principales indicadores de competitividad de precios del país, cayera 12,2%. Al mismo tiempo, el indicador de rentabilidad de la industria exportadora, que elabora el BCU, acumula un deterioro de 10,8% interanual a febrero.

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