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El referéndum contra 135 artículos de la LUC se realizará el 27 de marzo

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Referéndum de paradoja

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03 de febrero de 2022 a las 05:01

Ante la cercanía del próximo referéndum promovido para derogar 135 artículos de la LUC, creemos interesante reflexionar acerca de las semejanzas y diferencias que podemos encontrar entre las consultas populares anteriores y la que tendrá lugar en marzo próximo.

Desde la restauración de la democracia en nuestro país, todos los referéndums llevados adelante han tenido impactantes efectos en el escenario político y electoral subsiguiente, más allá del resultado en sí mismo.

En el primero de ellos, el NO al referéndum para anular la ley de Caducidad, determinó un claro fortalecimiento de la figura de estadista del presidente Sanguinetti, que no se hubiera dado con esa magnitud y rapidez de no haberse llevado adelante la iniciativa, cimentando las bases que más adelante le permitirían convertirse en el primer presidente de la historia del Uruguay en repetir su mandato después de Batlle y Ordóñez.

En el referéndum de 1992, el SI a la derogación parcial de la ley de Empresas Públicas debilitó en gran medida la proyección política del presidente Lacalle Herrera, cuyo gobierno venía gozando de una significativa aprobación, cambiando el rumbo a una probable victoria del Partido Nacional en las elecciones subsiguientes, y minando las posibilidades del propio presidente en elecciones posteriores.

Finalmente, en el referéndum de 2003 y a las puertas de una más que probable victoria del Frente Amplio, el SI a la derogación de la ley de Ancap consolidó definitivamente la ya potenciada figura de Vázquez como opción presidencial, pegándole el golpe final a la debilitada que arrastraba el presidente Batlle desde su incidente con nuestros hermanos argentinos, originada más por la forma y gestualidad de su pedido de perdón que por su desdichada frase. (Muchos entienden que ese debilitamiento fue ocasionado por las infortunadas circunstancias económicas a las que debió hacer frente, pero estoy convencido de que su manejo de la crisis, muy por el contrario, habría jugado en su favor de no haber quedado grabada a fuego en la retina de todos los uruguayos aquella lastimosa imagen frente a Duhalde en ocasión del pedido de disculpas).

Así llegamos a esta nueva instancia que tiene como principal punto en común con las anteriores la puesta en juego de la popularidad del presidente en ejercicio, pero que tiene dos diferencias muy significativas, que son como el derecho y el revés de una misma trama, y que la hacen única.

Por un lado, por primera vez en la historia reciente del país, a través de un referéndum se estará sometiendo al veredicto popular el programa entero de un gobierno.

La singularidad de la táctica escogida por el presidente Lacalle Pou, al consagrar en una sola ley y en bloque una parte sustancial de su programa de gobierno, devenga inevitablemente que la consulta popular sobre la derogación parcial de esa ley se convierta tácitamente en un plebiscito sobre la gestión de su gobierno, quedando en el brete de jugarse, en una sola mano y sin posibilidad de revancha, gran parte de su plan de gobierno para los restantes años de su mandato, así como también una parte sustancial de su creciente caudal político.

Pero lo más novedoso de la instancia está del otro lado pues, también como nunca antes, el promotor de la convocatoria se juega al todo o nada en una sola partida, una enorme porción de su capital político. Es que, como reverso inevitable de esa singular estrategia presidencial, la convocatoria a un referéndum para la derogación parcial de esa ley, conlleva que se convierta también “ipso facto” en un plebiscito sobre el poder político que ha acumulado la central sindical a lo largo de su historia. De esta manera, de igual forma que el poder político del presidente puede diluirse sustancialmente en un instante, el del movimiento sindical puede sufrir un deterioro histórico en un abrir y cerrar de ojos, con el resultado de la consulta.

Ambas partes estarán jugándose muchísimo (casi demasiado) en marzo próximo, pero mientras el gobierno llegará a la contienda con buena aprobación y resultados auspiciosos en los temas más sensibles, la central sindical acudirá a la cita en uno de sus momentos históricos de peor sintonía con la ciudadanía.

Contrariada por el drástico cambio en el poder, sin paciencia para mantenerse expectante frente a una incipiente realidad  que le incomoda, y acicateada por su memoria histórica de “jugar y cobrar” en este tipo de instancias, la central sindical, casi como un niño enfurruñado que reacciona impulsivamente sin medir las consecuencias, de forma poco concebible, jugarse a cara o cruz una enorme porción de su capital político, sin pensar ni por un segundo los enormes e históricos costos políticos que podrá acarrearle una derrota. 

En un país donde la masa electoral desde hace tiempo se viene repartiendo en dos corrientes de similar caudal, su iniciativa puede de todas formas salir victoriosa; pero de no ser así, algo que en mi opinión es lo más probable al día de hoy, se precipitará en una caída de poder como nunca vivió, con el pesado agravante de que esta caída habrá sido autoprovocada innecesariamente. A esta altura las paradojas son tales que no me sorprendería que hoy el gobierno sea el principal interesado en llevar adelante la consulta, y la central sindical la que de buena gana se echaría atrás, si pudiera salir sin costos de este brete en el que sola se metió casi que por mera rabieta (la polémica designación de Valenti en estos días puede entenderse perfectamente como una prueba en tal sentido).

 (*) Es poco concebible que en este análisis no se incluya al Frente Amplio, pero el papel tan irrelevante que ha asumido hasta el día de hoy, también lleva a la paradoja de que, al partido con mayor representación parlamentaria en el país, no pueda asignársele hasta ahora ningún rol protagónico en esta historia.

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