Reforma constitucional: el poder de los jubilados

En el año 1989, con el país tratando de acomodar la reinstalada democracia luego de la dictadura, y preparándose para su primera elección sin candidatos proscritos, organizaciones sociales impulsaron una reforma constitucional para que las jubilaciones aumentaran indexadas al índice medio de salarios.

El proceso de discusión obligó al sistema político a pronunciarse sobre el asunto, previo a ir a las urnas, con decenas de miles de jubilados mirando lo que argumentaban.

La casi totalidad de los líderes temió que negarse a ese cambio significara un suicidio político. El colorado Jorge Batlle fue el único candidato que se opuso a la reforma, aunque en sus clubes políticos los caudillos locales ensobraban la papeleta intentando no perder adherentes. Entre los impulsores del cambio –que terminó siendo respaldado por más del 70% de los votantes– estaba el influyente dirigente de los pasivos Luis Colotuzzo, un hombre vinculado al Partido Nacional; Mario Cantón, del Partido Colorado, y el hoy ministro de Trabajo y expresidente del BPS, Ernesto Murro (Frente Amplio).

Cuando se votó la reforma junto a las elecciones nacionales de 1989, el presidente de la República era el colorado Julio María Sanguinetti pero los costos económicos los tenía que enfrentar la administración siguiente, es decir, la del presidente Luis Alberto Lacalle, quien a pesar de que en su fuero íntimo estaba contra el plebiscito, públicamente lo apoyó. Ese aumento de costos que implicó la reforma para sostener al Banco de Previsión Social, derivó a comienzos de los años de 1990 en un duro ajuste fiscal por parte del gobierno blanco en tiempos, además, en los que la inflación rondaba el 130% anual, recordó el exministro de Economía, Ignacio de Posadas en diálogo con El Observador.

El impacto de lo votado representó dos puntos más de déficit fiscal. De Posadas contó que mientras participó del gobierno de Lacalle (1990-1995) fue a la casa de Sanguinetti y en cuatro oportunidades al Parlamento con proyectos para modificar el régimen previsional, pero no tuvo los votos. Al final del período, envió una Rendición de Cuentas "la primera con gasto cero", que, según dijo, el Partido Colorado y el Frente Amplio la cambiaron en las Cámaras y, otra vez, se vio afectado el déficit fiscal.

En las siguientes elecciones, ganó nuevamente Sanguinetti. Su ministro de Economía, Luis Mosca, fue entonces a visitar a De Posadas a su domicilio para pedir el apoyo de los blancos y, así, poder cambiar el régimen previsional. Mosca obtuvo el respaldo y en 1996 se crearon las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP).

De Posadas dijo que no está de acuerdo con reformar la Constitución, como se propone ahora, "para arreglar defectos de los seres humanos". Cree que, en caso de que deba cambiarse algo, puede hacerse por ley.

Los jubilados, que hoy superan los 700 mil, a pesar de no ser una fuerza homogénea conocen su capacidad de incidir en cualquier votación, incluidas las nacionales.

Actualmente, un grupo de jubilados impulsa una nueva reforma constitucional con el propósito de que quienes reciban prestaciones del BPS y demás cajas estén libres de impuestos (ver recuadro).

Para convocar al plebiscito deberán recolectar firmas de al menos 10% del padrón electoral, es decir algo más de 200 mil personas.

Si se llega a ese número, la iniciativa de quitar los impuestos a los jubilados se plebiscitará junto a las elecciones nacionales de octubre de 2019 y tendrá un impacto directo sobre unos 165 mil pasivos que pagan el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Por esa vía, el Estado, recauda hoy unos US$ 200 millones al año (ver nota lateral).

Uno de los impulsores del plebiscito es Carlos Sarthou, quien en los años 2011 y 2016 se postuló para ser representante de los pasivos ante el Banco de Previsión Social pero no fue electo.

Sarthou dijo a El Observador que la propuesta se hace pensando no solo en los impuestos actuales que recaen sobre las pasividades (básicamente es el IASS) sino para evitar tentaciones de nuevos impuestos. Sarthou dijo que iniciaron contactos políticos con el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente y Unidad Popular. También presentaron una nota a Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, pero aún no recibieron la confirmación de que serán recibidos.

A nivel político, el primero en pronunciarse a favor del plebiscito fue el senador nacionalista Jorge Larrañaga. Entrevistado en el programa Claves políticas, de Nuevo Siglo TV, dijo que es "una injusticia meter impuestos a las jubilaciones y pensiones". El sector Todos, de Luis Lacalle Pou, todavía no se pronunció.

El Observador consultó también al diputado Eduardo Rubio, quien explicó que el programa de Unidad Popular expresa su oposición a los impuestos a las pasividades. Dijo que las jubilaciones deben mejorarse, no tener impuestos y recordó que se opuso al impuesto a las jubilaciones de militares que impulsa el Poder Ejecutivo. Unidad Popular no discutió aún si respaldará el plebiscito.

El diputado colorado Conrado Rodríguez está también entre los que cree que las jubilaciones no deberían estar gravadas. Dijo a El Observador que en lo personal apoya el plebiscito aunque su sector todavía no fijó posición. En el oficialismo, el diputado Alfredo Asti acusó a la oposición de tener una actitud "absolutamente proselitista".

"Es una definición ideológica de clientelismo político plantearse ese tema en un momento en que el sistema de seguridad social en el mundo está jaqueado por razones demográficas como el aumento de la expectativa de vida", sostuvo Asti.