Venta de marihuana en Uruguay

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Rendición de Cuentas: clubes cannábicos dicen que habrá "retroceso" en derechos y garantías de usuarios ante nuevo acceso policial

Los clubes reclaman por pérdida de "derechos y garantías", así como también una debilitación del marco regulatorio vigente y de su seguridad
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02 de julio de 2021 a las 09:00

La Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu) manifestó este jueves su descontento con la nueva iniciativa presentada por el gobierno en la Rendición de Cuentas acerca del acceso que tendrá el Ministerio del Interior a los datos de "dirección y ubicación" de los autocultivadores y clubes que estén bajo el registro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

La normativa, que hasta entonces impedía a la policía acceder a los datos, buscará mantener la identidad de los titulares como información "sensible", pero le otorgará acceso a los lugares de plantación para llevar a cabo inspecciones y controles regulares, una vez que el proyecto prospere.

En ese sentido, la federación de clubes, amparada en que no tiene la intención de hacer "acusaciones", señaló a través de un comunicado que, en lugar de atender la "violencia del narcotráfico" y lo que sucede con otras drogas, como la cocaína, en relación a los crímenes, el gobierno plantea un "retroceso" sobre la actual norma. "Estas acciones perjudican la seguridad, derechos y garantías de los usuarios de cannabis legal, y debilitan el marco regulatorio ya vigente".

El comunicado agrega que mientras "el mundo se encamina hacia la legalización del cannabis recreativo de uso adulto", Uruguay se "aleja cada vez más" de su rol de "pionero" en la "lucha contra el mercado ilegal de cannabis".

Esas afirmaciones responden a las modificaciones que se pretenden hacer en el tercer inciso del octavo artículo de la ley 19.172, emitida el 20 de diciembre de 2013, donde el acceso a los sitios de plantación, cultivo y cosecha queda restringido. En cambio ahora, de acuerdo a la Rendición, el Ministerio del Interior tendrá acceso por "razones de seguridad pública", con el fin de actuar en la "prevención de delitos".

“Nos sentimos señalados y se crea una presunción sobre nuestra tarea que no es real, en la cual no existen fiscalizaciones y no se realizan las cosas correctamente”, dijo a Subrayado el vicepresidente de la Feccu, Guillermo Raffo.

Los cambios "desestabilizan una situación que se viene dando, generan más confusión en lugar de claridad y creemos que la gente se siente insegura e inestable y en realidad, más que resolver un problema está creando otro”, agregó.

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