El gobierno plantea derogar a través de la Rendición de Cuentas el programa Uruguay Trabaja, creado en 2007 —en la primera administración de Tabaré Vázquez— y que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En cambio, lo sustituye por el programa Accesos, con el objetivo de mejorar los resultados en la inserción laboral de los participantes.
En el Mides consideran que el problema con Uruguay Trabaja está en lo que ocurre luego de que un beneficiario culmina su etapa en el programa. Para ello el proyecto de ley enviado al Parlamento diseña un programa que actuará “mediante convenios con organismos e instituciones públicas y privadas, generando las articulaciones necesarias para el acceso a programas de formación”, y que constará de dos fases.
En una primera fase, el Mides abonará a los beneficiarios una prestación mensual que será equivalente a un salario mínimo nacional (actualmente $ 17.930), una erogación que no tendrá naturaleza salarial ni retributiva. Hoy en día, Uruguay Trabaja tiene un monto máximo equivalente a 2,35 BPC ($ 11.444 a valores actuales).
En una segunda fase, las empresas privadas o las organizaciones seleccionadas por el Mides “asumirán la calidad de contratante del participante, recibiendo como reconocimiento de parte del Estado el sello anual de ‘madrina’ por el compromiso con la política pública de inserción laboral, el cual se hará público y se le dará la difusión correspondiente”.
Esas empresas u organizaciones “serán responsables del pago de las cargas legales asociadas a las contrataciones, pudiendo estar exoneradas de los aportes patronales a la seguridad social por las contrataciones realizadas en el marco del Programa, sin perjuicio de otros beneficios que se otorguen por ley o por acto administrativo, según corresponda”.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo podrá “exonerar total o parcialmente por hasta un máximo de doce meses los referidos aportes patronales a la seguridad social”. La intención de las autoridades del ministerio es que esa segunda fase ayude a cumplir el objetivo de reinserción laboral que, según entienden, no se obtienen con el programa actual.
Los detalles en cuanto a la postulación de los participantes y los plazos y duración de cada una de las fases quedarán sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo. El texto aclara que los compromisos asumidos al amparo del programa Uruguay Trabaja “se cumplirán hasta su finalización, sin que sea posible prórroga alguna”.
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