La relativa calma de los hinchas en el clásico del domingo contrastó con los gravísimos disturbios destructivos, durante el partido y más tarde en el centro de Montevideo, que signaron en vergüenza la definición del Campeonato Uruguayo en junio entre Peñarol y Nacional. El masivo despliegue de policías y sus exhaustivos controles y revisaciones individuales pueden haber contribuido a disuadir revoltosos. Pero la presencia policial, siempre necesaria, es solo una parte de la solución a un problema que se arrastra irresuelto durante décadas, desde que los partidos dejaron de ser un espectáculo para todos y concurrir a un estadio se convirtió en una aventura peligrosa.
La ausencia de las explosiones de vandalismo y violencia de otras veces, sin embargo, no debe distraer de la urgencia de implementar soluciones sistematizadas que todos conocen pero nadie aplica. Los parches parciales no erradicarán los frecuentes disturbios en encuentros deportivos, en su mayoría en el fútbol. La parsimonia en tomar medidas, fundamentalmente culpa de los clubes, llevó a uno de los expertos británicos que asesoran a las autoridades uruguayas a señalar que el país está hoy como estaba Gran Bretaña hace 25 años, cuando se eliminó a los hooligans que causaron cientos de muertes por avalanchas y derrumbes en tres encuentros, en cuatro años de la década de 1980.
La bochornosa conclusión fue formulada a Búsqueda por Geoff Galilee, uno de los dos miembros del organismo británico a cargo de la seguridad en el deporte, que evalúan en Uruguay las medidas correctivas que se requieren. No son los primeros en cumplir esa función. Hace nueve años ya había venido Chris Whalley, director de seguridad en estadios en Inglaterra, invitado por el gobierno. Sus recomendaciones coinciden con las que formulan ahora Galilee y su colega Martin Girvan luego de visitas a diferentes estadios y seminarios de instrucción al Ministerio del Interior, a la AUF y a los clubes. Whalley se fue en 2006 y todo siguió igual. No puede pasar lo mismo ahora.
Algunas de las medidas impuestas en Gran Bretaña no son aplicables en Uruguay por razones económicas. El costo de remodelar estadios e instalar sofisticados sistemas electrónicos están fuera de las posibilidades de la mayoría de los clubes, muchos de los cuales se debaten en la pobreza y frecuentemente no pueden ni siquiera pagar los sueldos a sus jugadores. Pero otras muchas acciones son viables. Incluyen retener en instalaciones policiales a los revoltosos conocidos, desde antes y hasta después de los partidos, y dictar leyes que impongan severas penas de prisión a quienes generen disturbios, como se hace en Gran Bretaña.
La responsabilidad mayor recae sobre los clubes que no terminan de crear cuerpos efectivos de seguridad y que, mientras proclaman su disposición a erradicar la violencia, a las calladas alientan a sus barras bravas con entradas y hasta aportes de dinero. Celestino Conde, representante del Ministerio del Interior en la Comisión para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, denunció que Peñarol y Nacional tenían que entregar listas de sus barras bravas antes del clásico pero ninguno lo hizo. Agregó que “estamos sentados arriba de un polvorín”. Es imperativo desactivarlo de una vez por todas, ya que la ausencia de disturbios graves el domingo no refleja una solución perdurable sino apenas un respiro pasajero.
