Responso argentino al gas local

El zarandeado proyecto de la regasificadora, actualmente bajo investigación parlamentaria por presuntas irregularidades, ha recibido un probable golpe de gracia con el acuerdo del gobierno argentino, las grandes empresas petroleras y los sindicatos del sector para acelerar el desarrollo de los gigantescos depósitos de gas y petróleo de Vaca Muerta. La viabilidad de la planta en la bahía de Montevideo dependió siempre de tener a Argentina como comprador seguro de la mitad de la producción, excedente de nuestro consumo interno.

Esa perspectiva pudo justificar el proyecto cuando nació años atrás como un emprendimiento binacional. Pero la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio prontamente marcha atrás en su participación.

En ese momento se debió considerar el abandono de una obra que costaría más de US$ 1.000 millones y cuyo futuro quedaba en el aire. Pero el gobierno del presidente José Mujica optó por seguir adelante. La licitación que adjudicó el proyecto al consorcio GNLS ha sido cuestionada y es uno de los puntos que maneja la investigadora. GNLS a su vez subcontrató a la brasileña OAS, involucrada en los escándalos de corrupción de Petrobras. Ambas empresas se retiraron, dejando la obra en el limbo.

El gobierno actual inició el tardío proceso de rebobinar que Mujica omitió, mientras la comisión investigadora maneja denuncias de pérdidas irrecuperables de US$ 100 millones y de ilicitudes en el proceso licitatorio.

Se habló de una obra de menor volumen y que Shell podría comprometerse a comprar el excedente de gas. Pero nada concreto se ha vuelto a escuchar. Y el presidente Tabaré Vázquez no pudo ser más claro al anunciar que la regasificadora ha dejado de ser una prioridad, ante el desarrollo del marco energético uruguayo con generación eólica y otras fuentes renovables. Pero el responso parece venir desde Argentina.

El presidente Mauricio Macri, grandes empresas petroleras y los sindicatos acordaron el inmediato desarrollo del megayacimiento de Vaca Muerta, de 30 mil kilómetros cuadrados en Neuquén y Mendoza y con reservas que pueden suplir de energía al país durante 400 años. Las empresas se comprometieron a invertir este año US$ 5.000 millones y los sindicatos aprobaron el proyecto. Macri aseguró que la inversión será mayor en los años siguientes en 19 concesiones, de las cuales dos ya están en producción. De fructificar, Argentina ya no necesitará comprarle gas a Uruguay y, al contrario, le sobrará para venderle a nuestro país el que necesite.

Si todo esto conduce a su muerte, epílogo probable a menos que el gobierno produzca alguna improbable fórmula de viabilidad, la regasificadora pasará a engrosar la larga lista de emprendimientos frustrados, y en algunos casos costosos para los contribuyentes, que caracterizaron el período Mujica. Incluyeron, además de la tambaleante regasificadora, la explotación de los yacimientos de hierro en Valentines, el puerto de aguas profundas, la recuperación del sistema ferroviario y la fantasía de Alas Uruguay.

Tal vez así se aprenda finalmente que la administración responsable del país exige ir sobre seguro antes de embarcarse en proyectos ambiciosos o anunciarlos con optimismo prematuro, como también le pasó al presidente Tabaré Vázquez en su primer período con los yacimientos submarinos de gas y petróleo y, en el segundo, con el tratado de libre comercio con China.