La comisión especial creada por el presidente Tabaré Vázquez para investigar crímenes cometidos en dictadura (1973-1985) y el paradero de personas desaparecidas, iniciará esta semana sus tareas en predios militares, según dijo hoy a Efe Isabel Wschebor, directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.
"Tenemos todo arreglado en el predio del Batallón 13. Falta hablar con el juez, hay trámites administrativos, por lo que no sabemos si para el martes o miércoles se haría una primera visita, pero será antes que se termine la semana. No se puede demorar más", afirmó la directora.
Los trabajos del equipo de antropólogos a cargo de las excavaciones realizadas desde 2005 habían sido interrumpidos debido al fin del convenio entre la Presidencia y la Universidad de la República, pero fue renovado el pasado mes.
Un equipo técnico encabezado por la antropóloga Alicia Lusiardo reanudará las excavaciones en el Batallón 13 en busca de restos de personas detenidas y desaparecidas en el período de facto.
Este lunes los técnicos se reunirán con el grupo especial por "Verdad y Justicia", creado el pasado mayo por un decreto del Ejecutivo para acompañar las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar que gobernó el país entre 1973 y 1985.
La comisión está constituida por referentes en el tema como Felipe Michellini, Macarena Gelman y la Emilia Carnevale.
El grupo creado por Vázquez tiene además por cometido la digitalización de toda la información existente sobre el tema. También se organizará un registro de los testimonios de toda persona que en calidad de víctima, familiar, testigo o cualquier otra vinculación con los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura, voluntariamente deseen presentarlo.
Culminado ese encuentro, Wschebor informó que solicitará formalmente una autorización judicial que ya está en gestión y coordinará con el Ministerio de Defensa que también ya está avisado.
Según cifras oficiales, 38 personas desaparecieron a raíz de la represión estatal durante la dictadura uruguaya en el marco de una operación internacional conocida como "Plan Cóndor" que involucraba a los países vecinos. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman en 200 el total de uruguayos cuyo paradero se desconoce desde aquella época.