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Se agotó la paciencia empresarial
La intransigencia y dilaciones del PIT-CNT, apañadas por la tolerancia gubernamental, agotaron finalmente la paciencia de las cámaras empresariales y expusieron a Uruguay a caer en la oprobiosa lista negra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Luego de plazos vencidos en largos años de espera a que la administración Vázquez cumpliera sus promesas de rectificar errores de la ley de negociación colectiva, los empresarios resolvieron reactivar su fundada protesta ante la OIT. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, convocó apresuradamente a presidentes de las cámaras para tratar de disuadirlos, en una reunión que calificó de positiva pero que solo representa la disposición empresarial a retirar su queja si se concretan rápidamente los hasta ahora incumplidos compromisos asumidos por la administración Vázquez.
Luego del planteo original de las cámaras ante la OIT, la Comisión de Libertad Sindical del organismo hizo hace siete años nueve recomendaciones de modificación de la ley. Las dos principales tienen que ver con el manido tema de las ocupaciones: la libertad de trabajo para quienes quieren seguir cumpliendo sus tareas y el derecho de los propietarios a ingresar a sus instalaciones ocupadas. Ambos son impedidos por los sindicalistas ocupantes y a veces por piquetes que suelen derivar en actos de violencia.
El anterior gobierno frenteamplista y el actual se comprometieron a cumplirlas, ante lo cual las cámaras empresariales aceptaron dos veces mantener en suspenso su queja ante la OIT. Pero vencido sin avances el último plazo el 31 de diciembre, las cámaras empresariales se hartaron de promesas ignoradas. El presidente de la Cámara de Industria, Washington Corallo, censuró falta de madurez del movimiento sindical, en tanto el titular de la Cámara de Comercio, Carlos Perera, afirmó: “Lo que queda es la posición triste de que el sector sindical nos tomó el pelo”. Igualmente tristes fueron las excusas en que se han escudado el PIT-CNT y el gobierno.
El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, señaló que el artículo que habilitaba las ocupaciones fue sacado años atrás de ley, lo cual es cierto. Pero omitió ingenuamente que siguen autorizadas en su arbitraria forma actual por un anterior decreto que el gobierno mantiene vigente. No menos cuestionable fue la opinión del director de Trabajo del ministerio, el exdirigente sindical Juan Castillo, de que las conclusiones de la OIT pueden leerse como a favor de las posiciones tanto de los empresarios como de los sindicatos. Es una profunda distorsión de la realidad, ya que las recomendaciones de la OIT son nítidas y no admiten doble lectura, al establecer cambios a la ley que el gobierno prometió cumplir y no lo ha hecho.
Las consecuencias del muro sindical y de la obsecuencia gubernamental pueden ser funestas para el país. Ya en 2013 la OIT estuvo a punto de incluir a Uruguay en su lista negra. Las únicas vías que quedan abiertas para evitar ese descrédito mundial son que el PIT-CNT dé marcha atrás en su obstruccionismo o que el gobierno cumpla finalmente lo que se comprometió a hacer, en vez de seguir remoloneando para no malquistarse con la central sindical. De lo contrario nuestro país pasará a engrosar una lista vergonzante que incluye a las naciones donde se asesinan dirigentes sindicales o no se respetan libertades y equilibrios en ese campo.
