Otros cinco manifestantes murieron este lunes en las protestas en regiones del interior de Perú y ya se elevan a siete desde que asumió la presidencia Dina Boluarte el miércoles pasado.
Su anuncio de que entregará el poder recién en abril del 2024 actuó como un combustible de las manifestaciones y cortes de rutas. Las movilizaciones crecen desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino, donde el depuesto Pedro Castillo concentra a sus partidarios.
La operadora del tren que lleva turistas de Cusco a las ruinas incas de Machu Picchu suspendió desde este martes los servicios en previsión de cortes en las vías por comuneros enfurecidos por las muertes de manifestantes. Reclaman la renuncia de Boluarte y la convocatoria inmediata a elecciones anticipadas. También la disolución del actual Congreso, que destituyó a Castillo cuando éste anunció su clausura.
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial cerró la noche del lunes el aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco debido a que manifestantes intentaron ingresar de forma violenta a sus instalaciones.
En Arequipa, segunda ciudad de Perú, ubicada al sur de Lima, un manifestante murió de un balazo policial durante el desalojo de la pista de aterrizaje del aeropuerto local tomada por un millar y medio de vecinos.
Otros cuatro civiles fallecieron durante marchas repelidas por policías antimotines en Chincheros y Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, cuna de Boluarte, también en la parte meridional del país.
"Tenemos reportado siete personas fallecidas en las regiones de Abancay y Arequipa" desde el domingo, dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo. Entre los muertos figuran tres adolescentes de entre 15 y 16 años.
En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la fiscalía y una comisaría.
En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas, constató un fotógrafo de la AFP en el lugar. La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas, añadió, pero mató a un ocupante.
Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros.
También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras.
En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso. Con una cuota de desprecio y racismo, la clase media capitalina siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites. Mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
El gobierno declaró el lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias de la región de Abancay (sur).
En un intento por frenar las manifestaciones, el gobierno de Boluarte también desplazó el lunes a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que "azuzan las protestas".
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un "paro indefinido" a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la "inmediata libertad" de Castillo. Según el Frente Agrario, "no perpetró ningún golpe de Estado".
Por su parte, los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron este lunes su respaldo a Castillo en un comunicado conjunto.
"El Presidente Pedro Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (...) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", reza el comunicado suscrito por los cuatro países y divulgado este lunes por la Cancillería de Colombia.
"Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio", añade el comunicado, sin mencionar que Castillo fue destituido por un fallido golpe de Estado.
A su vez. la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró "profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia".
"Dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación", indicó en un comunicado emitido en Ginebra.
Detenido desde el miércoles y acusado de rebelión por la justicia -que podría llevarlo a la cárcel entre 10 y 20 años-, el depuesto presidente Castillo acusó ayer de “usurpadora” a Boluarte.
A través de una carta escrita de puño y letra, arremetió contra la que hasta la semana pasada había sido su vicepresidenta. En otra carta el fin de semana dijo que no descartaba que hubiera complotado en su contra.
Además, en esta misiva, aseguró que no cederá su mandato ni abandonará sus funciones
El gobierno de México volvió a reiterar a comienzos de semana su oferta de darle asilo político.
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