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Se presentó informe sobre lavado de activos: así le fue a Uruguay
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este jueves en Perú el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Una de las principales conclusiones es que Uruguay obtuvo una "muy buena evaluación" en comparación a los países de la región y quedó fuera de las listas roja, gris, gris oscurecida y negra que elabora el organismo internacional, según informó a El Observador Leonardo Costa, abogado especializado en lavado de activos.
Con la excepción de El Salvador y Venezuela, todos los países de la región integran Gafilat. El grupo está integrado por representantes de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales que, a partir de una lista de 40 recomendaciones, evalúan cómo cada país combate el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Para ello, representantes de los distintos países y organismos evaluaron el marco normativo, por un lado, y cómo se combate en los hechos el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el estudio del marco legal, Uruguay obtuvo en su mayoría la categoría "mayoritariamente cumplido", lo cual es una "evaluación muy buena", aun más teniendo en cuenta los demás países de la región, adelantó Costa.
Sin embargo, el cumplimiento de los controles en Uruguay –evaluado a partir de 11 puntos– fue calificado como "moderado". "Esto indica que seguramente vamos a tener un plan de cosas que vamos a tener que seguir en los próximos cinco años, pero por lo pronto es una nota buena", valoró el experto en lavado de activos. La versión final del documento será presentada en febrero de 2020.
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Los principales desafíos para el próximo gobierno, según Costa, son los cambios que deberá implementar para asegurar el debido control y represión de estos delitos. El abogado explicó algunas de las modificaciones que podrían ser objeto de estudio en los años venideros, como dar más autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera y aumentar el número de condenas en los casos que refieren al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
El informe se hace de manera periódica en todos los países que integran el Grupo de Acción Financiera. En Uruguay se hizo en 2006, 2009 y 2019. El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, señaló que en estos años hubo muchos cambios en la persecución de estos delitos.
El jerarca puso como ejemplo una de las modificaciones que se hizo en la normativa nacional, a partir de las recomendaciones que GAFI presentó en 2012: la obligatoriedad de considerar los delitos tributarios graves como antecedentes al lavado de activos.
El GAFI es desde 1990 responsable de las principales guías y recomendaciones en materia antilavado adoptadas por más de 180 países. Los monitoreos que realiza desde entonces permite catalogar qué tan buenos son los sistemas de cada uno de ellos para controlar y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
A partir de estas evaluaciones, el organismo elabora tres listas –roja, negra y gris– en las que incluye a los países que incumplen con los estándares internacionales. Costa adelantó que el país de la región que salió peor calificado en los últimos controles es Panamá.
En la lista roja se encuentra Corea del Norte y en la lista negra está Irán. En la lista gris oscurecida –es decir, con riesgo de integrar la negra– no hay ningún países. No obstante, en la lista gris hay nueve países desde febrero de 2018: Serbia, Etiopía, Irak, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Vanuatu, Yemen, Tunez y Siria.
