La Asociación Rural del Uruguay (ARU) expuso su posición contraria a la intención de Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, de implantar un pago por el uso intensivo de la caminería.
De este modo, la entidad que preside Gonzalo Valdés Requena suma su posición a la que esta semana trasladaron a la opinión pública cinco colectivos que firmaron un comunicado cuestionando la intención del jefe departamental sanducero, según se puede leer en esta nota de El Observador.
ARU entiende que "los productores ya aportan recursos con este fin, directamente, y además, a través de transferencias desde el Gobierno Central a las Intendencias Municipales".
"El mejor control y fiscalización, así como un uso más eficiente de los recursos permitirá recomponer los caminos, pero nunca a través de la generación de nuevos cobros", opinó la ARU.
Otras gremiales también se expidieron sobre este tema en el transcurso de esta semana, utilizando para ello las redes sociales.
— Federación Rural (@federacionrural) August 10, 2022
⭕️Compartimos comunicado
— ACA (@ACAoficial) August 10, 2022
La @ACAoficial apoya a las Gremiales de Productores y Transportistas y manifestamos total disconformidad al planteamiento de la Intendencia Departamental de Paysandú, referido al gravamen de la caminería rural en referencia a la producción agrícola 👇 pic.twitter.com/AXh6IYfzwS
Compartimos comunicado de la SPF sobre el anuncio de implementación de un precio al uso de la caminaría rural, realizado por el gobierno departamental de Paysandú. pic.twitter.com/0B1jiarojc
— Sociedad de Productores Forestales (@spforestales) August 11, 2022
Ante las recientes declaraciones del Intendente de Paysandú, Sr. Nicolas Olivera, relativas al avance en la implantación de un pago por el uso intensivo de la caminería, la Asociación Rural del Uruguay se opone categóricamente a esta medida.
A su vez apoya expresamente las manifestaciones de la Gremial de Productores y Transportistas del departamento de Paysandú y de todo el sector productivo del departamento.
Conocemos y reclamamos por el estado de los caminos rurales, bajo el entendido de que los productores ya aportan recursos con este fin, directamente, y además, a través de transferencias desde el Gobierno Central a las Intendencias Municipales.
El mejor control y fiscalización, así como un uso más eficiente de los recursos permitirá recomponer los caminos, pero nunca a través de la generación de nuevos cobros, que si bien se le llama “precio” termina siendo un impuesto encubierto que afecta a todos de los productores del país.
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