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Seguridad social: las claves de la fórmula que maneja el gobierno para la Caja Notarial
El Poder Ejecutivo y la Caja Notarial manejan un documento de siete puntos que plantea un "escenario alternativo" para lograr su incorporación a la reforma jubilatoria y superar el último escollo que resta para cerrar definitivamente -por lo menos en el Senado- el proyecto de ley que crea una sistema previsional común.
La propuesta fue elaborada por Rodolfo Saldain, corredactor del proyecto de reforma, y viene siendo negociada con las autoridades de la caja al margen de la comisión especial que analiza el tema en el Senado, que este martes aprobó el resto del extenso articulado que comenzará a discutirse la semana que viene en el plenario de la cámara alta.
Fuentes parlamentarias indicaron este martes que el acuerdo está muy cerca, y que solo falta ajustar algunos detalles. En particular, la extensión del período de transición previsto para los afiliados. El planteo de Saldain, al que accedió El Observador, propone agregar un inciso final al artículo 291, relativo a la financiación del costo de la transición de las personas públicas no estatales al régimen mixto. En el caso de la Caja Notarial el planteo es extender ese plazo más allá de los 40 años previstos, en cuanto a las necesidades de financiamiento por pérdida de recaudación que no puedan ser compensadas como consecuencia de las prestaciones generadas por el componente de ahorro individual.
La Caja Notarial quedará incorporada así al régimen común, pero quedará autorizada a administrar los aportes destinados a los pilares 2 y 3 (de capitalizacón y de ahorro individual) a través de un fideicomiso, en condiciones iguales a las administradoras de ahorro previsional. Los afiliados a la caja irán por defecto a ese régimen y los que prefieran que sus ahorros previsionales sean admistrados por una AFAP podrán traspasarse. Además, la entidad conservará la posibilidad de administrar en forma autónoma su patrimonio e inversiones.
El proyecto fija además los parámetros del "sueldo básico jubilatorio", ajustado a lo planteado por la propia Caja Notarial y recogiendo lo establecido en la ley de Seguridad Social de los Profesionales Universitarios, promulgada en 2001. Allí se establece para los afiliados escribanos "los 30 años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en su historia laboral".
En el caso de los que cuenten con doble afiliación (como escribanos y como empleados) que configuren causal jubilatoria por ambas actividades en forma independiente, el sueldo básico jubilatorio será resultado de una sumatoria de los dos sistemas.
En cuanto a las normas con posibles costos adicionales, como el cómputo por hijos, se autoriza su aplicación pero se disponen en forma preceptiva. También se regula en forma particular el acceso a subsidios por discapacidad.
"Venimos bastante bien, pero todavía falta", dijo a El Observador una fuente del Poder Ejecutivo, que previamente se había mostrado dispuesto a atender determinadas demandas de la Caja Notarial pero bajo la premisa de incluirla en la reforma. El argumento es que, una vez cobre vigencia, todos los nuevos jubilados estén amparados bajo el mismo nuevo régimen.
Esa entidad rechazaba su inclusión en el sistema previsional común al afirmar que, a diferencia del resto de las cajas paraestatales, es "viable y autosustentable", no necesitando en más de ocho décadas de ningún tipo de asistencia por parte del Estado. El aval a la fórmula queda ahora en manos de la Asociación de Escribanos del Uruguay, que preveía analizar este martes la decisión en asamblea. Este miércoles, en tanto, hará lo mismo la propia Caja Notarial
