El plan descentralizador puesto en marcha por Tabaré Vázquez ya no entusiasma como antes
El 15 de febrero de 1990 la ciudad de Montevideo fue escenario de un hecho histórico para Uruguay cuando miles de personas se unieron en la plaza Lafone de La Teja para escuchar al primer intendente capitalino surgido de las filas de la izquierda.
Aquella noche, Tabaré Vázquez insumió buena parte de los 90 minutos de su informal discurso de asunción en hablar de un plan de descentralización de las funciones de la intendencia –y de participación de los vecinos– que se convirtió en una de las principales obsesiones del gobierno y que, a 23 años de su puesta en marcha, está mostrando algunas de sus zonas menos luminosas.
Pese a los deseos de quien luego fuera presidente de la República y hoy es nuevamente candidato presidencial, los vecinos de Montevideo empiezan a escasear en aquellas estructuras estatales delineadas para su participación y las decisiones acerca de qué se hace en cada barrio recae mayormente en personas que tienen puesta la camiseta de su partido político.
La primera etapa de la apuesta de Vázquez fue llevada a cabo de forma eficaz. Al final de su mandato al frente de la IMM, Montevideo tuvo sus 18 Centros Comunales Zonales (CCZ) y los vecinos de la capital supieron de las ventajas de tener una oficina municipal cerca de su casa que les permitía realizar trámites para los que antes tenían que viajar hasta 18 de Julio y Ejido.
La segunda etapa del objetivo comenzó a andar en 2004 con la incorporación de la “pata social” del proceso de descentralización participativa. Y ahí empezó a gestarse la renguera del sistema.
En la primera elección de los denominados Concejos Vecinales (CV) se inscribieron 2.059 vecinos para participar en tareas tales como la elaboración de proyectos barriales y del presupuesto municipal. Para los próximos comicios del 27 de octubre –hay una convocatoria cada dos años– se presentaron 985 personas que ni siquiera alcanzan para cubrir los 1.036 puestos en pugna.
Es decir, para ser concejal alcanza con postularse y, en el caso de que sea preciso algún voto, se puede recurrir a la familia. Como para sufragar en los 18 Consejos Vecinales solo se necesita la cédula, no son raros los casos en los que, por ejemplo, un candidato del Cordón le pide a una tía del Cerrito que lo ayude con su voto.
Desde la intendencia decidieron bajar a 16 años la edad exigida para votar e incluso se le dio a los vecinos la posibilidad de proponer obras para su barrio a través del presupuesto participativo. Pero, así y todo, aquel impulso inicial ha ido menguando.
En 2010, Vázquez volvió a la carga con su afán descentralizador y propuso dentro del Frente Amplio lo que denominó el “tercer nivel” de su plan.
En tiempo record, y venciendo incluso la resistencia del MPP y de Asamblea Uruguay que querían posponer la puesta en práctica de la ley, la izquierda le presentó al resto de los partidos la propuesta para dividir Montevideo en ocho zonas que serían regidas por alcaldes electos en los comicios departamentales.
El Parlamento aprobó el proyecto con la oposición de los legisladores blancos y colorados quienes incluso amenazaron con presentar un recurso de inconstitucionalidad argumentando que una decisión como esa debía contar con mayorías legislativas especiales.
Y en las elecciones de mayo de 2010 los uruguayos fueron a las urnas a elegir intendente y también tuvieron la posibilidad de meter en la urna una papeleta con el nombre de su alcalde preferido. Pero cerca del 70% se abstuvo de meterse en un asunto que nunca había llegado a entender del todo.
Para empezar, miles de montevideanos que habían abandonado el barrio al que le correspondía su credencial cívica, debían definir quienes serían las autoridades de una zona en la que ya no vivían y de la que desconocían el nombre y la cara de los candidatos.
Además, las encuestas reflejaban que la mayor parte de los uruguayos no sabía de qué gestión se encargarían los alcaldes electos. Y aún hoy el alcance de esa función resulta brumosa para los ciudadanos. Porque si bien las alcaldías tienen su propio presupuesto y pueden definir acerca del arreglo de una calle o de una plaza, todo depende de la enjundia de la obra.
Por ejemplo, pueden obrar en una plaza con determinados metros cuadrados pero no en otra más grande, ya que pasa a ser potestad del gobierno municipal. Lo mismo ocurre con las características de las calles o del alumbrado.
Por otra parte, el predominio del Frente Amplio en la mayoría de los Concejos Vecinales y en la totalidad de las jefaturas de las ocho alcaldías muchas veces juega en contra de la descentralización de las decisiones.
En el caso de los alcaldes, esa pertenencia les resta parte de sus funciones primigenias como es la de pelearle al intendente de turno un gajo más de presupuesto para la zona que representan.
El último impulso del Frente Amplio para revertir la situación ha sido el de estimular a sus propios militantes para que participen en los asuntos de la intendencia.
Y aguardan los próximos pasos del hombre que echó a andar todo este esquema municipal y que una vez más aspira a hacerse cargo de asuntos que trascienden las fronteras de Montevideo.