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Sin solución a la vista
Gobierno español no permite la separación y separatistas reclaman ámbito de diálogo
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07 de octubre de 2017 a las 05:00
Mientras las posiciones en pugna en el conflicto político e institucional de Cataluña parecen estar cada día más alejadas, pese a algunas señales aisladas enviadas desde ambas partes, la dilucidación de esta crisis no parece estar cercana en el tiempo.
A menos, claro, que esas señales se incrementen o simplemente se transformen en hechos concretos, que hasta ahora no se produjeron.
Desde que los dirigentes independendistas catalanes llevaron a la práctica, el domingo 1°, su propuesta de concretar un referéndum, que la Justicia española prohibió expresamente, y la policía reprimió a votantes para evitar que la consulta se realizara, las posiciones comenzaron a radicalizarse cada vez más.
Por un lado, el gobierno descartó cualquier posibilidad de establecer un diálogo, y mucho menos, una mediación; y por otro, la Generalitat de Cataluña criticó al Ejecutivo de Mariano Rajoy y dijo estar a disposición para discutir las condiciones de la independencia catalana pero sin abandonar su postura original.
De hecho –y aunque a mitad de semana pareció bajar el tono y se mostró más conciliador que lo que había estado hasta el día del referéndum–, el presidente de la Generalitat y exalcalde de Girona, el periodista Carles Puigdemont, tenía previsto realizar una declaración unilateral de independencia este lunes.
Eso debía suceder durante una sesión del Parlamento catalán en que precisamente Puigdemont debería divulgar los resultados oficiales del referéndum.
Pero el Tribunal Constitucional –que pocos días antes de la consulta había dejado sin efecto la ley regional que avalaba el referéndum– suspendió la sesión.
Casi al mismo tiempo, Rajoy cerró este jueves el camino a cualquier posible intento en esa dirección.
"No vamos a permitir de ninguna de las maneras que se produzca la independencia de Cataluña", afirmo el jefe de Gobierno en una entrevista con EFE.
Para que no quedaran dudas, Rajoy dijo que, eventualmente, podría llegar a dialogar siempre que la dirigencia catalana –a la que acusó, como antes lo había hecho el rey Felipe VI de no respetar la institucionalidad democrática– inicie un pronto retorno a la "legalidad".
Por ejemplo, el delegado del gobierno central en Cataluña, Enric Millo, pidió públicamente "disculpas" por las acciones de la policía nacional, que se tradujeron en hechos de violencia que terminaron con varios centenares de heridos el domingo pasado (aunque solo dos hospitalizados).
Por otra parte, el responsable de Empresa del gobierno catalán, Santi Vila, pidió poner fin al "alto el fuego" y propuso postergar la declaración de independencia de Cataluña a cambio de que la autonomía regional no quede sin efecto.
El dirigente llamó a las dos partes a firmar "una tregua", pero también habló a los independentistas y les pidió "reflexionar" sobre sus intenciones, pues el apuro puede "estropear el sueño".
"Sería bueno empezar a sellar esa fractura por el Parlamento de Cataluña a través de unas elecciones autonómicas", contó el funcionario luego de la sesión semanal del Consejo de Ministros.
Las últimas elecciones en el Parlamento catalán fueron realizadas en setiembre de 2015; en ese entonces, los partidos separatistas consiguieron una mayoría de 72 bancas sobre un total de 135 diputados.
Casi simultáneamente, el expresidente del gobierno catalán, Artur Mas, un histórico impulsor de la secesión, reconoció que Cataluña todavía no tiene una "independencia real", según dijo al diario británico Financial Times.
Después el exgobernante –que impulsó un referéndum independencista no vinculante en noviembre de 2014 y por eso fue inhabilitado para ocupar cargos públicos– dijo que hacía referencia a que hoy el gobierno catalán no controla sus fronteras, su hacienda o su Justicia, entre otros puntos.
Es que los bancos catalanes temen por una fuga de depósitos y ya comenzaron a realizar movimientos.
Es así que el Banco de Sabadell, el segundo más importante de la región, ya anunció formalmente que trasladará su sede hacia Alicante.
Y CaixaBank, el tercer mayor banco español, evalúa hacer algo parecido y llevar su sede a otro lugar, por ejemplo a las islas Baleares.
Para facilitar esos planes, el gobierno aprobó un decreto que habilita el cambio de sede social a partir de una decisión del consejo de administración de una empresa y no de la junta general de accionistas.
Pero no solo en el sector financiero existe inquietud sobre el futuro de Cataluña.
El grupo Gas Natural también anunció su partida de Cataluña, mientras permanezca la situación "de incertidumbre".
Y la misma alternativa es analizada por Freixenet, la empresa fabricante de bebidas.
Otras firmas como Oryzon, que opera en el rubro biotecnología, y Dogi, del sector textil, ya habían concretado su ida de Cataluña.
La región, con una población de 7,5 millones de personas y que está dividida sobre el apoyo a los propósitos separatistas, es la cuarta economía más importante de Estaña y contribuye con el 19% al PIB del país.
A menos, claro, que esas señales se incrementen o simplemente se transformen en hechos concretos, que hasta ahora no se produjeron.
Desde que los dirigentes independendistas catalanes llevaron a la práctica, el domingo 1°, su propuesta de concretar un referéndum, que la Justicia española prohibió expresamente, y la policía reprimió a votantes para evitar que la consulta se realizara, las posiciones comenzaron a radicalizarse cada vez más.
Por un lado, el gobierno descartó cualquier posibilidad de establecer un diálogo, y mucho menos, una mediación; y por otro, la Generalitat de Cataluña criticó al Ejecutivo de Mariano Rajoy y dijo estar a disposición para discutir las condiciones de la independencia catalana pero sin abandonar su postura original.
De hecho –y aunque a mitad de semana pareció bajar el tono y se mostró más conciliador que lo que había estado hasta el día del referéndum–, el presidente de la Generalitat y exalcalde de Girona, el periodista Carles Puigdemont, tenía previsto realizar una declaración unilateral de independencia este lunes.
Eso debía suceder durante una sesión del Parlamento catalán en que precisamente Puigdemont debería divulgar los resultados oficiales del referéndum.
Pero el Tribunal Constitucional –que pocos días antes de la consulta había dejado sin efecto la ley regional que avalaba el referéndum– suspendió la sesión.
Casi al mismo tiempo, Rajoy cerró este jueves el camino a cualquier posible intento en esa dirección.
"No vamos a permitir de ninguna de las maneras que se produzca la independencia de Cataluña", afirmo el jefe de Gobierno en una entrevista con EFE.
Para que no quedaran dudas, Rajoy dijo que, eventualmente, podría llegar a dialogar siempre que la dirigencia catalana –a la que acusó, como antes lo había hecho el rey Felipe VI de no respetar la institucionalidad democrática– inicie un pronto retorno a la "legalidad".
Tímidas señales
No obstante, pese a los tiros por elevación, al cruce de declaraciones y al intercambio dialéctico entre Madrid y Cataluña, comenzaron a surgir algunas tímidas señales sobre un acercamiento que , todavía, parece lejano.Por ejemplo, el delegado del gobierno central en Cataluña, Enric Millo, pidió públicamente "disculpas" por las acciones de la policía nacional, que se tradujeron en hechos de violencia que terminaron con varios centenares de heridos el domingo pasado (aunque solo dos hospitalizados).
Por otra parte, el responsable de Empresa del gobierno catalán, Santi Vila, pidió poner fin al "alto el fuego" y propuso postergar la declaración de independencia de Cataluña a cambio de que la autonomía regional no quede sin efecto.
El dirigente llamó a las dos partes a firmar "una tregua", pero también habló a los independentistas y les pidió "reflexionar" sobre sus intenciones, pues el apuro puede "estropear el sueño".
Elecciones regionales
En medio de ese clima crispado y cada vez más tenso, el gobierno español planteó realizar elecciones regionales en Cataluña, informó el vocero gubernamental, Iñigo Méndez de Vigo."Sería bueno empezar a sellar esa fractura por el Parlamento de Cataluña a través de unas elecciones autonómicas", contó el funcionario luego de la sesión semanal del Consejo de Ministros.
Las últimas elecciones en el Parlamento catalán fueron realizadas en setiembre de 2015; en ese entonces, los partidos separatistas consiguieron una mayoría de 72 bancas sobre un total de 135 diputados.
Casi simultáneamente, el expresidente del gobierno catalán, Artur Mas, un histórico impulsor de la secesión, reconoció que Cataluña todavía no tiene una "independencia real", según dijo al diario británico Financial Times.
Después el exgobernante –que impulsó un referéndum independencista no vinculante en noviembre de 2014 y por eso fue inhabilitado para ocupar cargos públicos– dijo que hacía referencia a que hoy el gobierno catalán no controla sus fronteras, su hacienda o su Justicia, entre otros puntos.
En retirada
La puja política que en las últimas semanas tuvo a Cataluña como principal foco de atención en España y la Unión Europa se trasladó de inmediato al ámbito financiero y empresarial.Es que los bancos catalanes temen por una fuga de depósitos y ya comenzaron a realizar movimientos.
Es así que el Banco de Sabadell, el segundo más importante de la región, ya anunció formalmente que trasladará su sede hacia Alicante.
Y CaixaBank, el tercer mayor banco español, evalúa hacer algo parecido y llevar su sede a otro lugar, por ejemplo a las islas Baleares.
Para facilitar esos planes, el gobierno aprobó un decreto que habilita el cambio de sede social a partir de una decisión del consejo de administración de una empresa y no de la junta general de accionistas.
Pero no solo en el sector financiero existe inquietud sobre el futuro de Cataluña.
El grupo Gas Natural también anunció su partida de Cataluña, mientras permanezca la situación "de incertidumbre".
Y la misma alternativa es analizada por Freixenet, la empresa fabricante de bebidas.
Otras firmas como Oryzon, que opera en el rubro biotecnología, y Dogi, del sector textil, ya habían concretado su ida de Cataluña.
La región, con una población de 7,5 millones de personas y que está dividida sobre el apoyo a los propósitos separatistas, es la cuarta economía más importante de Estaña y contribuye con el 19% al PIB del país.
