Ante la inminente reforma del Código del Proceso Penal, que implica también modificaciones en el Código del Niño y el Adolescente para que el sistema penal de menores pueda acompasarse con el de adultos, el consejo Directivo de Sindicato Único de Trabajadores del INAU y el Inisa (Suinau) emitió un comunicado en el que rechaza "toda medida tendiente a profundizar la represión".
"Lamentamos que los legisladores de nuestro país crean que con más penas se puedan solucionar los problemas de la juventud en general y en particular de aquellos que cometen infracciones a la ley penal", dice el comunicado.Según afirman, las modificaciones propuestas van a demás en contra de tratados internacionales asumidos.
El texto aprobado por el Senado establece que el juez pueda resolver hasta un año de prisión preventiva antes de fijar la sentencia, lo que aumentaría el plazo máximo, que es actualmente de tres meses. Para los trabajadores, sin embargo, eso significaría un "retroceso" en los derechos.
En el mismo sentido opina el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) que asegura que ampliar la prisión preventiva es "regresivo" e impacta negativamente en las políticas de reinserción de los menores procesados. Por esa razón, la Cámara de Diputados se apresta a votar una modificación a lo aprobado en el Senado que mantendrá en tres meses el plazo máximo de prisión preventiva en el caso de los juicios contra menores.
Según afirma el comunicado, de todas maneras, "el modelo alternativo a la privación de libertad sigue siendo el preferible", aunque denuncian el bajo uso que hacen de él los jueces.
Suinau denuncia también el "trabajo improvisado" de Inisa que "en nada favorece la rehabilitación"
