La Federación Ancap (Fancap) emitió un comunicado en el que acusó a Ancap de mentir en sus declaraciones del pasado 4 de junio, cuando desde el ente se sostuvo que las medidas del sindicato “generaron un sobrecosto para la empresa de aproximadamente US$ 2,5 millones” al impedir la puesta en marcha de una unidad de la refinería de La Teja durante una semana.
“Dicha afirmación es irresponsable, tendenciosa y una burda mentira que apunta a desprestigiar la imagen de los trabajadores”, se señaló en el documento desde Fancap.
A su vez, se menciona que la unidad de Cracking en refinería sufrió un desperfecto por lo que tuvo que parar para realizarle mantenimiento y que ante la previsión de que llevaría más tiempo de lo que finalmente llevó.
Desde el sindicato se destacó además que cuando Ancap compra un barco de supergás - práctica común durante el invierno- lo que pierde es la diferencia entre el costo del embarque y el precio resultante de la comercialización del producto, que implica un porcentaje menor.
“Es una falacia afirmar que el dinero de la compra se pierde, ya que se recupera casi en su totalidad al comercializar el producto. Observamos con profunda preocupación las últimas acciones de Ancap sin poder entender que fin persiguen y cuál es el fundamento de la persecución y los ataques que hemos sufrido los trabajadores”, plantea el comunicado.
Ancap sancionó ante la situación acaecida a 50 trabajadores aplicando descuentos salariales, tras la negativa de los trabajadores de la refinería a fines de febrero de prender una máquina. Tras la sanción, Fancap realizó un paró de 24 horas este miércoles.
"De la misma manera que el sindicato tiene derecho legítimo a tomar medidas, Ancap tiene el deber, aplicando reglas de buena administración, de realizar descuentos correspondientes por el incumplimiento de tareas", se expresó desde el ente petrolero, que se amparó en dos decretos para la realización de los descuentos.
En tanto, al final del comunicado Fancap rechazó “la deshumanizada gestión de Ancap, donde prevalece el interés económico por encima del rol productivo y social del ente, y se atropellan los derechos de los trabajadores y la sociedad en forma permanente, relegando el desarrollo humano en pos de que el ‘balance arroje ganancias económicas’”.
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