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7 de marzo 2023 - 9:21hs

Los sindicatos franceses iniciaron este martes una nueva huelga general para "paralizar" al país y la realización de manifestaciones masivas que buscan obligar al presidente liberal Emmanuel Macron a retirar su reforma de las pensiones, obstinadamente decidido a aplicarla pese al rechazo popular.

Se trata de la sexta medida de protesta desde el anuncio del plan en enero y una fuente policial citada por la agencia francesa de noticias AFP estimó que entre 1,1 y 1,4 millones participarán este martes de las manifestaciones.

Conductores de trenes y de subtes, recolectores de basura, camioneros y trabajadores del sector de la energía se plegaron este martes a la medida que promete ser la más fuerte desde el inicio de la movilización a comienzos de este año.

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En el caso de los trenes y el transporte público en París la medida se extenderá hasta el miércoles.

La expedición de combustible está bloqueada en todas las refinerías de Francia, informó el sindicato CGT-Química. Las refinerías de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil y Petroineos quedaron paralizadas por la huelga.

Los basureros de París y los camioneros empezaron la huelga este lunes y, desde el pasado viernes, los trabajadores del sector de la energía ya provocaron caídas de producción en varias centrales nucleares. Más de un 60% de los maestros de educación infantil y primaria, según los sindicatos, se unieron al paro.

Obras paralizadas, tiendas cerradas, peajes abiertos o carreteras bloqueadas forman parte también del programa de acciones.

Aunque el objetivo es bloquear la economía, el impacto de las huelgas en el área será "limitado", según los analistas del banco ING, para quienes, incluso en caso de largos bloqueos, no será superior a 0,2 puntos porcentuales del PIB.

Los sindicatos apuntan ahora a huelgas prorrogables a partir de este martes. "El primer día del resto de la huelga", titula en portada el diario Libération, cuya edición en papel no está disponible en los quioscos este martes a causa de la medida de fuerza.

"Llamo a los trabajadores, a los ciudadanos, a los jubilados a manifestar masivamente", pidió el lunes Laurent Berger, líder de la CFDT, la principal central sindical francesa. "El presidente no puede permanecer sordo", agregó en la radio France Inter.

Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen al proyecto oficial de subir la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

El 59% apoya también las huelgas previstas para este martes pese a los problemas que causa, según un sondeo para el canal de noticias BFM TV, que señala la impopularidad de los cambios que el gobierno considera esenciales.

Los sindicatos prometieron llevar al país "a un punto muerto" y que las huelgas afecten a sectores como el transporte, la energía y el refinado de petróleo, entre los más sensibles.

La elevación de una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca, según el gobierno, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población.

Pero la campaña para convencer a la población sobre la necesidad de esta reforma no dio sus frutos entre la opinión pública, aunque en el Parlamento cuenta con el apoyo de la oposición de derecha para sacarla adelante.

El gobierno se concentra ahora en intentar desacreditar a los opositores, ya sean las centrales sindicales o los partidos de izquierda, indicó la agencia noticiosa francesa AFP.

La primera ministra, Élisabeth Borne, calificó el lunes en la cadena France 5 de "irresponsable" el llamado a "paralizar" Francia.

La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de trenes y subtes durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.

Desde su presentación en enero, los sindicatos organizaron grandes movilizaciones, entre ellas la más numerosa en tres décadas, el 31 de enero, que contó con la participación de 2,8 millones de personas según los organizadores, y de 1,27 millones según la fuente oficial.

Pese al rechazo, el gobierno apeló a un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar la medida a partir de finales de marzo, incluso si las dos cámaras del Parlamento no se pronunciaron sobre la misma.

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